Retrato de un comisionista con presidenta al fondo

“Mi hermano podría haber ganado cantidades ingentes de dinero durante la pandemia”, confesó Isabel Díaz Ayuso hace apenas unas semanas. “Mi carrera política le perjudicó”.

En su momento, la frase sorprendió. ¿En qué cabeza cabe que alguien que se lleva 234.000 euros en una sola operación –el sueldo medio de diez años de un trabajador– haya podido ser “perjudicado”? Con los datos que hoy publica elDiario.es, esa sensación de agravio de la presidenta de Madrid y su pobre hermano se entiende mucho mejor. Porque para ella, forrarse en la pandemia es lo normal. Algo casi cotidiano, que no merece ninguna crítica ni ningún reproche moral.

Hoy sabemos en quién pensaba Ayuso cuando hablaba de ganar “cantidades ingentes de dinero durante la pandemia”. Porque el dinero que cobró su hermano por la comisión de un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid es calderilla en comparación con los dos millones de euros que se llevó, por similares gestiones, Alberto González Amador: quien un año después –las primeras noticias de la relación son de la primavera de 2021– se convertiría en la pareja de la presidenta de Madrid. 

Los datos exactos los ha destapado elDiario.es: son 1.973.000 euros, el 4,5% de una compraventa de 42 millones de euros entre dos proveedores de mascarillas que, a su vez, vendían a la administración: al Gobierno central y a distintas autonomías. También a la Comunidad de Madrid. 

Se da la ironía –un gran tiro en el pie– de que el propio secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, denunció ante Anticorrupción a la empresa que pagó esta comisión a la pareja de Ayuso.

¿Para qué necesitaban una empresa de Cataluña y otra de Galicia pagar una fortuna así a un intermediario? Esa pregunta aún está por responder. Pero en el propio informe de la Agencia Tributaria se dice algo bastante revelador: este intermediario “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”. Su nombre no sale por tanto en ninguna adjudicación. Igual que tampoco salía el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Pero cobrar, sí cobró. 

Fue un pelotazo por el que, además, no quiso tributar.

Ese fraude fiscal de la pareja de Ayuso, que está ya en los juzgados, nació ahí: en esa enorme comisión. En el mercado persa de las mascarillas y otros productos sanitarios durante el peor momento de la pandemia. En esas “cantidades ingentes de dinero” –la gran mayoría de origen público– que se movieron sin apenas control durante la emergencia por la COVID. Lo que para la gran mayoría de las personas fue una catástrofe, para unos pocos fue un enorme botín.

También tuvo su origen en la avaricia: inherente en todo delito fiscal.

Dos millones de euros son una fortuna considerable. Más aún si es a cambio de un trabajo que consistió en una serie de videoconferencias y llamadas. La inmensa mayoría de los trabajadores –la verdadera “España que madruga”– no cobran ese dinero en toda su vida. Pero no fue suficiente para Alberto González Amador. 

Después de ingresar los dos millones, intentó defraudar al fisco para no pagar los impuestos que tocaban: para llevarse 350.000 euros más. Y lo hizo de la manera más burda, no se sabe si por osadía, por ignorancia o por temeridad. Por medio de 15 facturas falsas para deducirse unos gastos de 1,7 millones por trabajos que nunca existieron en realidad. Y que en su inmensa mayoría ni siquiera se pagaron.

Hacienda se dio cuenta. ¡Cómo no! De un año para otro, la empresa de Alberto González multiplicó por seis sus ingresos pero declaró en el Impuesto de Sociedades un beneficio ridículo, de solo 8.400 euros. La Agencia Tributaria tiene alarmas automáticas ante declaraciones así. Y cuando la inspección entró a mirar el detalle, las sospechas quedaron confirmadas. 

No hacía falta rascar mucho. 900.000 euros de una factura en una empresa de Costa de Marfil. Otros 600.000 euros de otra factura en México. Todas ellas, sin rastro alguno de ningún trabajo real y por importes que no se pagaron. Ambas “empresas”, conectadas por un mismo hombre de paja en Madrid, sin oficio conocido, y que cuando fue llamado a declarar por la inspección de Hacienda, primero dijo que no sabía nada y después que se le había olvidado. Todo de aurora boreal. 

¿La respuesta de Ayuso? Lo esperable: presentarse como víctima sin desmentir directamente ni un solo dato de la información de elDiario.es. También mentir.

La primera mentira ha sido asegurar que el fraude fiscal ocurrió antes de que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador fueran pareja. No es verdad. Los ejercicios en los que defraudó fueron el 2020 y 2021. Pero el fraude se comete en otro momento, en 2021 y 2022: en la declaración del Impuesto de Sociedades, que se presenta al año siguiente –igual que ocurre con el IRPF–. Y la primera noticia de que ambos son pareja es de mayo de 2021. El plazo para presentar el Impuesto de Sociedades terminó ese año tres meses después, el 25 de julio de 2021.

No es la única mentira de la presidenta de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso: “Lo que hay ahora es una investigación de Hacienda. Cualquiera que ha sido autónomo y empresario sabe que hay inspecciones”.

Falso. La inspección ya pasó. Duró casi dos años, entre 2022 y 2023. Y el fraude está probado y acreditado por la Agencia Tributaria. Lo que hay ahora es algo mucho peor: una investigación penal. Porque no hablamos de una “discrepancia con Hacienda” o de una simple irregularidad como la que se puede encontrar un “autónomo o empresario” normal. 

Para que alguien sea acusado de delito fiscal, por lo penal, hacen falta dos cosas más. La primera, que el fraude sea superior a los 120.000 euros en un solo año –aquí hay 350.000 entre dos ejercicios–. La segunda: que sea intencionado, con ánimo manifiesto de defraudar. Y aquí hablamos de facturas falsas y empresas pantalla. 

Isabel Díaz Ayuso: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero”.

No es solo la Fiscalía quien acusa a la pareja de Ayuso de dos delitos fiscales y otro más de falsedad documental. Es primero la Agencia Tributaria quien encuentra este fraude y que, después de pedir explicaciones a Alberto González y atender a sus recursos, lo traslada a la Fiscalía en enero de este año al detectar serios indicios penales. Y es después la Fiscalía quien presenta una denuncia en el juzgado, un mes y medio después.

Es el protocolo habitual. Lo escandaloso habría sido que la Fiscalía, ante un informe así por parte de la Agencia Tributaria, lo hubiera metido en un cajón. Es la misma Fiscalía que, hace pocos días, puso patas arriba al PSOE con su investigación del caso Koldo. 

Isabel Díaz Ayuso: “Yo sabía que estaba sufriendo una inspección de Hacienda. Aquí no ha habido tramas ni redes de nada”.

Falso. Porque su pareja no es el único acusado de tres delitos penados con cárcel. También hay otras cuatro personas que están acusadas de ayudar a fabricar esas facturas falsas.

Isabel Díaz Ayuso: “Mi novio no ha podido defenderse”.

Falso. La Agencia Tributaria claro que le ha pedido explicaciones y le ha permitido presentar alegaciones. Ese proceso ha durado más de un año. En elDiario.es también le ofrecimos la posibilidad de defenderse antes de publicar nuestra información. Contactamos con él y nos colgó el teléfono: no quiso responder. 

Isabel Díaz Ayuso: “Esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”.

Esto tiene que ver, directamente, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una pregunta pertinente, que se le hace a muchos otros políticos: ¿cómo se ha pagado la casa donde vive? Porque es Isabel Díaz Ayuso quien reside en un domicilio que su pareja compró tras el pelotazo de las mascarillas y el fraude fiscal. Una casa de un millón de euros que ni siquiera ella sola se podría permitir, con su sueldo y un ahorro de 70.000 euros –fue lo que presentó en su última declaración de bienes, hace un año–.

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, aseguraba Ayuso en 2022. Como si el precio de las casas en la capital no tuviera que ver con las políticas que aplica su propio Gobierno, que ha rebajado la vivienda pública al mínimo mientras se opone a cualquier regulación. Incluso ha llevado a la ley de vivienda del Gobierno al Tribunal Constitucional.

“Los jóvenes de España lo tienen todo”, decía Isabel Díaz Ayuso también, ante las críticas de tantas personas que no pueden acceder a una vivienda, ni siquiera de alquiler. “Pero les falta esa cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo”, explicaba también.

¿Cultura del esfuerzo? ¿Meritocracia?

Cuánta desvergüenza. Cuánta hipocresía. Cuánta doble moral.

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