La separación de poderes, según el director de la policía política

Les presento a Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado. Se ha convertido en protagonista principal de la política española por dos motivos: por su presente y por su pasado.

Por su pasado, como director general de la Policía Nacional entre 2011 y 2016. En los años en los que dentro de ese cuerpo del Estado actuó con total impunidad la policía política: un comando formado por Villarejo y otros comisarios al servicio de los intereses del Gobierno de Rajoy, al margen de la democracia y de la ley. Una presunta banda organizada que lo mismo te fabricaba un dossier sobre Podemos que sobornaba al chófer de Bárcenas para que eliminase pruebas comprometidas para el PP. Presuntos delincuentes con pistola y placa que hoy investiga la justicia.

Pero Cosidó también es noticia por su presente, por un texto tan sincero como indignante para cualquier demócrata, donde resume mejor que nadie en qué consiste la separación de poderes en España.

Este lunes, El Español publicó un mensaje (texto completo) que Cosidó mandó a un grupo de Whatsapp en el que están todos los senadores del PP. En negrita, algunos fragmentos de ese mensaje que, entre otras consecuencias, ha provocado la renuncia de Manuel Marchena a la presidencia del CGPJ. Entre líneas, mis explicaciones para entender bien de qué habla y cómo de grave es lo que confiesa. Y por qué ambos asuntos –el presente y el pasado de Cosidó– están, a su vez, relacionados.

Ignacio Cosidó: “El pacto previo suponía (10 Psoe + 10 PP + el Presidente (Magistrado del Supremo) Psoe = 21 ) y sin derecho a veto de los candidatos propuestos por el otro. (...) Dicho de otra manera: El PP hubiera tenido 10 vocales, y el PSOE 10 vocales + el Presidente = 11. Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales.”

El PP ha recibido muchas críticas en los medios de comunicación de la derecha por el acuerdo al que llegó con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que, en teoría, le entrega al partido de Sánchez la mayoría en el órgano de gobierno de los jueces: 11 frente a 10. “Golpe en el Supremo”, “soviet judicial”, dice cada mañana Federico Jiménez Losantos (desde la emisora de radio que le regaló Esperanza Aguirre). Cosidó escribe estas líneas porque esas críticas están calando incluso entre sus senadores. Probablemente lo filtra alguno de ellos, poco convencido con sus argumentos.

Cosidó, además de portavoz del Senado, es también uno de los hombres fuertes de Pablo Casado. Que es a quien culpan los que critican desde la derecha este acuerdo.

Ignacio Cosidó: “Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no.”

Cosidó se refiere a Manuel Marchena, el candidato a presidente del CGPJ y cuyo nombre se conoció antes incluso de que se supiera quiénes iban a ser los vocales “independientes” que, según la ley, se iban a ocupar de nombrarlo. “Ponemos al presidente”, dice el PP. Y es cierto que lo pusieron, algo que no lograron en 2013 con Marchena porque el PSOE le vetó en aquel momento –para pactar el nombramiento del nefasto Carlos Lesmes–.

Marchena hace años que es el juez más influyente en el entorno del PP. El Gobierno de Rajoy le ofreció ser fiscal general del Estado y recurrió a él en varias ocasiones para consultarle muchos de los principales nombramientos.

Ignacio Cosidó: “Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0”.

Como dice Cosidó, Marchena es un jurista con autoridad entre los jueces del Supremo y muy reconocido en la carrera judicial. Es conservador pero con muchos nexos con el sector progresista. Muy capaz de ganarse a algunos de los vocales nombrados por el PSOE. De hecho, ese es el miedo que tienen gran parte de los jueces progresistas: que a Marchena le vale con seducir a uno solo de los vocales del PSOE para tener mayoría, y no sería la primera vez que eso sucede.

Los vocales que nombra el PP en el CGPJ suelen votar en bloque. La derecha rara vez se divide en el consejo porque el PP se ocupa muy bien de nombrar a vocales cuyo principal atributo es la fidelidad al partido.

Por el contrario, el bloque nombrado por el PSOE rara vez termina el mandato unido.

Ignacio Cosidó: “Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61.

Cosidó se refiere a la sala especial que deriva del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre otras funciones, es la que tiene el poder para ilegalizar a un partido.

En cuanto a la sala segunda, se refiere a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por allí acaban pasado la práctica totalidad de los casos de corrupción que afectan a aforados. Es la sala que decidirá el juicio al procés catalán o la sentencia de los ERE de Andalucía. Es la sala que libró a Pablo Casado de la investigación por su máster. Es la sala que más preocupa a cualquier político importante.

Manuel Marchena es el presidente de esta sala. Y cuando Cosidó reconoce entre los suyos que “la controlará desde detrás” está admitiendo, al mismo tiempo, qué Marchena seguirá mandando en ella. Y también qué temas le preocupan más.

La Audiencia Nacional está investigando la ‘operación Kitchen’: el pago con fondos reservados de la Policía al chófer de Luis Bárcenas, a cambio de que robase pruebas al extesorero del PP; una documentación que Bárcenas estaba usando para chantajear a su propio partido y que comprometía a varias personas del gobierno de Rajoy.

Esa operación la dirigió Villarejo, entonces adjunto al DAO de la Policía. Es el mismo Villarejo que pactó con María Dolores de Cospedal hacer “algunos trabajos puntuales” para el partido.

Fue en esa época cuando un hombre vestido de cura asaltó la casa de los Bárcenas pidiéndole al hijo y a la mujer del extesorero que le entregasen todos sus papeles. Un secuestro que, según Bárcenas, fue parte de una operación política.

Es habitual que la policía tenga confidentes pagados con fondos reservados. No lo es que estén trabajando sin que lo sepa el juez cuando el caso lleva años judicializado, como era con la Gürtel. Ni tampoco que las pruebas que consigue este confidente no lleguen nunca al juzgado.

El objetivo de esa ‘operación Kitchen’ era justo la contraria: evitar por cualquier medio que los papeles más comprometidos de Luis Bárcenas acabaran en manos de la justicia. Todo esto, pagado con dinero público.

Ese chófer, además de cobrar 48.000 euros de los fondos reservados, recibió un segundo pago: fue enchufado como agente de la policía a la inusual edad de 42 años. A los tres meses de obtener su puesto como funcionario, consiguió un favor más: un proceso extraordinario para trasladar esa plaza a Madrid.

El director general de la Policía cuando pasó todo esto era Ignacio Cosidó. Que o bien es el principal responsable o bien hay que creer que todo esto ocurrió sin que él mismo se enterase. Por una causa o por otra, es dudoso que esta investigación judicial no acabe llamando a su puerta más pronto que tarde.

Pero Cosidó es aforado. Por lo que, si este caso va a más, no será la Audiencia Nacional quien le investigue. Será la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La sala que el candidato a presidente nombrado por su partido iba a controlar “desde detrás”.

Ignacio Cosidó: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS [dos tercios del Tribunal Supermo] y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”.

Y Cosidó, de nuevo, es brutalmente sincero. Tan sincero que resulta insultante para todo aquel ingenuo que aún cree en los reyes magos o en la separación de poderes en España.

Lo que preocupa al PP del Consejo General del Poder Judicial es que este órgano es el que decide, a dedo, los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo. A dedo, como expliqué en este artículo.

Se supone que hay una suerte de concurso de méritos. Pero todos saben, también Cosidó, que no es así. España es el único país de Europa que nombra a sus jueces del Tribunal Supremo a través de un consejo político escogido directamente por los partidos.

En los próximos años se van a jubilar 43 de los 75 jueces del Tribunal Supremo. Como bien recuerda Cosidó, el nuevo consejo tendrá que renovar a casi “dos tercios” del total.

Controlar el Poder Judicial es “vital” para el PP porque a través de él se controla el Tribunal Supremo y “centenares de nombramientos” más en los juzgados. Más aún para aquellos miembros del PP que pueden acabar imputados.

Es “vital”, dice Cosidó “para el PP y para el futuro de España”. Vital: de vida o muerte.

Como si los intereses del PP y los de España fueran la misma cosa.

Nótese, por otra parte, el orden de los factores: primero va el PP, luego va España.

Ignacio Cosidó: “Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a De Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP.”

Cosidó se refiere a José Ricardo de Prada, uno de los tres jueces del tribunal que sentenció el caso Gürtel. El PP le ha convertido en su gran bestia negra en la Justicia por esa sentencia y también porque fue uno de los jueces que obligó a Mariano Rajoy a declarar como testigo.

No es la primera vez que un portavoz del PP usa una frase similar. En el Congreso, hace unos días, el diputado del PP Carlos Rojas le dijo a De Prada que “era una buena noticia para la justicia que dejase de poner sentencias”.

El argumento se parece, pero no es exactamente igual.

En público, el PP dice que sacar a De Prada de la Audiencia Nacional “es bueno para la justicia”.

En privado, que es bueno para el PP.

Y de nuevo el PP y la Justicia tampoco son la misma cosa.

Ignacio Cosidó: “Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas.”

Y también tiene razón. Como explicaba Javier Pérez Royo hace unos días, el CGPJ se ha convertido en el último reducto del bipartidismo. Entre ambos partidos suman poco más del 55% de los votos, pero desde el CGPJ decidirán el 100% de los nombramientos judiciales.

Unidos Podemos intentó entrar en la negociación y finalmente quedó escaldado porque su candidata número uno, Victoria Rosell, fue vetada en el último momento. Ciudadanos se negó a participar en esta componenda. El resto de los partidos ni siquiera fue invitado.

Ignacio Cosidó: “En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte”.

Un resultado esperanzador... para el PP y para políticos como Cosidó.

Un nefasto resultado para todos los que creemos en la necesidad de una justicia independiente del poder político.