Todas las mentiras, bulos y manipulaciones de los informes de la Guardia Civil sobre el 8M

“El 29 de enero de 2020, la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud”.

Falso. La OMS no recomendó el uso de mascarillas hasta varios meses más tarde: a principios de abril, y con matices. En el documento del 29 de enero que cita la Guardia Civil se dice exactamente lo contrario: “En los entornos comunitarios (...) no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas”. “La utilización de mascarillas médicas da lugar a gastos innecesarios, obliga a adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad”.

“El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia”.

Falso. La OMS no declaró la COVID-19 como pandemia hasta el 11 de marzo: tres días después de las manifestaciones del 8M y un mes y medio más tarde de lo que asegura la Guardia Civil. En el segundo informe, al menos, corrigen este error.

“El Gobierno sabía el peligro real del coronavirus (...) en un vídeo de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir ”No se besa, no se besa“ a las personas que encabezan la manifestación.

Falso. Es un bulo extendido hace ya meses por Vox. Los guantes morados son un símbolo feminista, que se usa todos los años en el 8M. No pudo servir de gran cosa como elemento de protección porque solo lo llevaron en una sola mano y solo por un rato; la ministra Celaá ni siquiera se puso el famoso guante durante toda la manifestación.

También es falso que el “no se besa” pruebe que el Gobierno tuviera más información que los demás sobre el “peligro real del coronavirus”. En esas fechas ya había recomendaciones oficiales para saludar sin contacto físico. Una semana antes del 8M, fue noticia que el ministro del Interior alemán negara un apretón de manos a la canciller alemana, Ángela Merkel.

“El 28 de febrero de 2020, el director del CCAES (Fernando Simón) admitió que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando las personas que están infectadas y a su entorno porque ya no se conocen estos”.

Falso. Fernando Simón dijo ese día exactamente lo contrario: que no había transmisión comunitaria (entre personas que no provengan de países ya infectados). Se puede leer en la propia noticia de Redacción Médica que cita el informe como fuente. Este mismo medio especializado ha publicado posteriormente otra noticia desmintiendo esta enésima manipulación de la Guardia Civil.

Irene Montero, el 9-M: “La bajada de cifras del 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir…”.

El segundo informe también incluye el famoso 'off the record' de la ministra de Igualdad que grabó la televisión vasca, archivó la televisión gallega y publicó finalmente el ABC. Los investigadores mandan esa noticia a la juez el mismo día en que la saca ABC –y luego dicen que la justicia es lenta– como si hubieran encontrado la pistola humeante que delata al asesino. La realidad es que Montero, en esa conversación informal del 9 de marzo, no dice nada diferente a lo que afirmaron ese mismo día las convocantes de la manifestación: que la asistencia este año fue menor por el miedo al coronavirus. Obvio.

“Un oficio del ministro de Sanidad del 3 de marzo alertó de los riesgos de transmisión y para la salud de la población de eventos multitudinarios de cualquier tipo, recomendando su aplazamiento”.

Falso. En su informe, la Guardia Civil recorta una parte de ese comunicado de forma grosera y evidente, para que la pieza encaje en su teoría de la conspiración.

Lo que recomendó cancelar Sanidad fueron los eventos multitudinarios “con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2”. Es decir, aquellos donde venían personas de Italia, China u otros países donde la epidemia estaba más extendida –como los partidos de fútbol con equipos italianos, por ejemplo–. No los eventos multitudinarios en general.

“Las recomendaciones imperativas sobre el colectivo evangélico” para que cancelara un congreso en Madrid previsto para marzo “indica sin lugar a dudas la preocupación de los responsables sanitarios frente a la pandemia”. El congreso que se canceló “preveía la congregación de 5.500 personas, mientras que la manifestación prevista para el 8M tenía prevista la participación de un millón de personas”.

Falso. La razón por la que Sanidad recomendó cancelar ese congreso internacional de la iglesia evangélica fue porque iban a asistir miles de personas de distintos países, no solo de España. Y porque se iba a celebrar en un recinto cerrado, no al aire libre. Dos matices importantes que no se daban en la manifestación del 8M.

El congreso evangélico tampoco fue el único que se suspendió en esas fechas, y por idénticos motivos: recinto cerrado y asistencia de personas de otros países de riesgo. Lo mismo ocurrió el 6 de marzo con las pruebas del Ministerio de Justicia para el acceso a la Abogacía.

“El 5 de marzo la Consejería de Sanidad de Madrid (...) recomienda que se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en hora punta”.

Falso. El documento en cuestión de la Comunidad de Madrid es esta carta de la Dirección General de Salud, donde la recomendación de evitar “los eventos multitudinarios” se limita solo a las personas que han estado en contacto con casos detectados, no a todos los ciudadanos. “La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad”, dice el mismo documento que manipula la Guardia Civil.

Llama la atención que la jueza y la Guardia Civil solo investiguen a la Delegación del Gobierno por el 8M, y no a Vox por su mitin de Vistalegre, al IFEMA por la Feria ARCO, al Atlético de Madrid por los partidos del 7 y el 11 de marzo, o al Gobierno de Ayuso, por no cerrar el transporte público. Estos son los datos de asistentes, por comparar.

“El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo la gravedad del coronavirus desde enero. (...) Explicó que ”los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero (...) Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento“. Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Falso. Que los investigadores españoles trabajaran “de forma intensa” no permite deducir que el Gobierno supiera en enero lo que iba a pasar en marzo. No lo sabían los gobiernos ni tampoco la OMS, que hasta fechas muy posteriores no pronosticó una pandemia tan grave como la que vivimos después.

El disparate es equivalente a asegurar que Isabel Díaz Ayuso también sabía en enero “la gravedad real de la epidemia”, ya que en esas fechas la presidenta de Madrid convocó a un comité de expertos contra la COVID-19. De saberlo, Ayuso lo disimulaba muy bien: el 26 de febrero aseguró que “lo más peligroso es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe”.

En cuanto a los “cambios legales para reducir plazos”, no fueron en enero ni en febrero. El ministro –que se explica en esta frase de forma algo confusa– se refiere al Real Decreto del 17 de marzo en el que se eliminaron algunas trabas burocráticas para agilizar las investigaciones científicas sobre el coronavirus. No hubo ningún cambio legal sobre la COVID-19 antes del 8 de marzo, como cualquiera con acceso al BOE puede fácilmente comprobar.

“No consta que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias lanzara comunicados o advertencias para evitar las actividades sociales (a las personas con síntomas o que habían estado en países de riesgo)”.

Falso. Sanidad pidió a las personas con síntomas o que hubieran estado en países de riesgo que no acudieran a la manifestación del 8M. También lo hizo en una rueda de prensa el propio Fernando Simón.

“No se tomó ninguna medida de restricción de vuelos hasta el día 10 de marzo”.

Cierto pero irrelevante como supuesta prueba para la tesis que defienden estos informes de la Guardia Civil. En esas fechas ni uno solo de los organismos internacionales, tampoco la OMS, pedía una medida así. De hecho, la OMS recomendaba entonces no cerrar las fronteras.

Una manifestación prevista para el día 10 de marzo “fue cancelada por el convocante (el sindicalista Antonio O'Connor), quien envió con fecha de 6 de marzo de 2020 un correo electrónico a la Delegación de Gobierno manifestando que ”dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus“ (sic), decisión que había tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad”.

Falso. Este sindicalista, secretario general de CGT BancaMadrid, fue llamado a declarar por la Guardia Civil. En el interrogatorio explicó que esa concentración sindical contra un despido no se canceló por el coronavirus: “Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo”, aseguró O'Connor, tal y como consta en el acta de su declaración, desvelada por eldiario.es, donde también desmiente tajantemente cualquier relación entre el coronavirus y que se cancelara esa manifestación. Es un testimonio que la Guardia Civil no plasmó en su informe, como todos los datos y declaraciones que no encajaban en su teoría de la conspiración.

También es falso que el correo electrónico que este sindicalista envió el 6 de marzo para cancelar la manifestación tuviera referencia alguna al coronavirus. Este es el mail en cuestión, donde se ve con claridad que el entrecomillado que cita el informe de la Guardia Civil es una pura invención.

Después de que eldiario.es alertara de esta manipulación, en el segundo informe, los instructores de la Guardia Civil admiten este fallo, que achacan a un “error de trascripción” que “no modifica en absoluto los hechos de la investigación en curso”. Traducido: que aunque las pruebas cambien, ellos siguen llegando a la misma conclusión.

“Un total de 22 actos se han cancelado por motivos sanitarios (en la Comunidad de Madrid), de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración (...). Todo ello refleja la concienciación de la sociedad sobre las consecuencias y propagación del patógeno y demuestra el grado de responsabilidad de los mismos para evitar contagios, incluso sin ser expertos en la materia”.

Falso. De todas las manifestaciones y actos desconvocados solo uno se canceló por motivos sanitarios antes del 8 de marzo. La inmensa mayoría de las cancelaciones llegaron después: entre el 9 y el 16 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid detecta que los contagios se han disparado y anuncia el cierre de los colegios.

Porque este es el punto clave para entender qué pasó, un dato que la Guardia Civil prefiere ignorar en su investigación, y eso que los números aparecen en su propio informe.

El 8 de marzo la Comunidad de Madrid detectó 28 nuevos casos de coronavirus. Al día siguiente detectan 234 nuevos casos: ocho veces más en solo 24 horas. Por eso fue el 9 de marzo, y no antes, cuando las autoridades sanitarias descubrieron que el virus circulaba sin control por Madrid.

“La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación de Gobierno (…) hace considerar la posible intencionalidad de la Delegación de Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial”.

Falso. En el primer informe, la Guardia Civil acusaba a la Delegación de Gobierno de ocultar deliberadamente el rastro de las llamadas que supuestamente habían hecho para anular manifestaciones –todas salvo el 8M, defendía el informe–. En el segundo, queda patente que esta teoría de la conspiración tampoco tenía base alguna. Los funcionarios de la Delegación han dejado claro que nunca se guardan registros de esas llamadas y que en ningún caso recibieron órdenes para esconderlas.

“Resulta significativo para esta instrucción” que las llamadas desde la Delegación de Gobierno para suspender manifestaciones “se produzcan a partir del 11-12 de marzo de 2020 y no se hubieran producido con anterioridad”.

Es uno de los indicios en los que más insiste la Guardia Civil en ambos informes para intentar probar su teoría de la conspiración: que el Gobierno mantuvo el 8M a pesar de que ya entonces sabía que era un error, que las propias ministras –feministas y suicidas, al parecer– allí acudieron con la aviesa intención de contagiar a todo el mundo aun a riesgo de contagiarse ellas mismas; que la maldad de la izquierda y del feminismo no conoce límites y muy capaces son de matar a sus propios partidarios con tal de no perderse una buena manifestación.

La teoría hace agua por todas partes. También en las llamadas que tanto sorprenden a los investigadores de la Guardia Civil.

Claro que desde la Delegación de Gobierno llamaron “a partir del 11-12 de marzo” y no antes a los convocantes de varias manifestaciones para cancelarlas. Porque fue en esas fechas, y no antes, cuando la epidemia en Madrid quedó fuera de control. Por eso fue entonces, y no antes, cuando se cerraron los colegios. Porque fue entonces, y no antes, cuando la OMS declaró la situación como pandemia. Por eso fue entonces, y no antes, cuando la mayor parte de Europa empezó con el confinamiento.

¿Habría sido mejor hacerlo antes? Sin duda. Pero para eso necesitaríamos un Ministerio del Tiempo con el que, por ahora, no cuenta el Gobierno de coalición.

“Es la única vez que se ha actuado así para instar la suspensión de reuniones previamente autorizadas por la Delegación del Gobierno”.

Pues claro. Es también la primera vez en más de un siglo que sufrimos una pandemia así.

Lo que ya no es novedad es que desde las fuerzas de seguridad del Estado se fabriquen informes llenos de mentiras, manipulaciones y datos falsos contra la izquierda. Cabe preguntarse el porqué.

“El 29 de enero de 2020, la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud”.

Falso. La OMS no recomendó el uso de mascarillas hasta varios meses más tarde: a principios de abril, y con matices. En el documento del 29 de enero que cita la Guardia Civil se dice exactamente lo contrario: “En los entornos comunitarios (...) no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas”. “La utilización de mascarillas médicas da lugar a gastos innecesarios, obliga a adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad”.