Todavía quedan jueces en Berlín

Cuenta la leyenda que, hace casi tres siglos, Federico el Grande de Prusia se empeñó en derribar un molino que afeaba la vista de su palacio, en las afueras de Berlín. En vez de agachar la cabeza, el molinero desahuciado denunció al monarca ante los tribunales y la justicia le dio la razón. Una sentencia obligó al rey de Prusia a indemnizar al humilde molinero y reconstruir su molino. Pero cuando Federico el Grande conoció el veredicto, en vez de montar en cólera, exclamó: “Veo, con alborozo, que todavía quedan jueces en Berlín”.

No está claro que esta anécdota sea cierta; hay otra versión donde es el molinero, y no el rey, quien celebra que aún exista la justicia. Pero la frase en cuestión se ha convertido en un símbolo de la independencia judicial frente al poder. Entre los jueces y fiscales, no hace falta decir mucho más que ese “todavía quedan jueces en Berlín” para elogiar el valor de quien se juega su carrera contra el poder político, en defensa de la justicia.

Todavía quedan jueces en Berlín, y también en Madrid. Y uno de los más valientes está siendo el magistrado Pablo Ruz.

No me desdigo de lo que publiqué hace un año: el PP prefería a Pablo Ruz. Pensaban que sería más fácil de manejar. Maniobraron todo lo que pudieron y algo más para que fuese Ruz y no otro juez quien se ocupase de la Gürtel, quien llevase los papeles de Bárcenas y quien estuviese al frente del juzgado más explosivo de España: el Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, el que antes fue de Baltasar Garzón.

Tras cargarse a Garzón, el PP apartó del caso Bárcenas a Javier Gómez Bermúdez. El propio Mariano Rajoy telefoneó personalmente al presidente del Tribunal Supremo en un momento en el que el PP temía que Gómez Bermúdez interrogase al tesorero. Poco después, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia –con el afamado Enrique López, ese juez muy cercano a la FAES al que han condenado por conducir su moto borracho– sacó definitivamente a Gómez Bermúdez del caso con un procedimiento bastante cuestionable.

Después de apartar a Garzón y a Gómez Bermúdez, el PP siguió presionando para evitar que Miguel Carmona –el titular del Juzgado número 5, al que consideraban cercano al PSOE– tomase posesión de su plaza sustituyendo a Ruz. Fue la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien construyó un puente de plata para que Carmona se fuese al Tribunal Internacional de La Haya, en vez de a la Audiencia Nacional.

Lo del Tribunal de La Haya no salió por la propia torpeza del Gobierno, la típica chapuza: después de todos los enredos, presentaron la candidatura de Miguel Carmona fuera de plazo. Así que el Gobierno tuvo que dar a Carmona otro puesto para alejarle del caso Gürtel-Bárcenas: un cargo en la embajada de Londres como juez de enlace, al lado de Federico Trillo. Fue el propio Consejo de Ministros quien aprobó el nombramiento.

Todo esto y mucho más para que Pablo Ruz siguiese en el número cinco de la Audiencia Nacional. Pobre Partido Popular. Tantos esfuerzos para que, al final, Ruz no fuese tan dócil como podía aparentar.

Ruz no se va a rendir

“¿Abrir expediente? Sí… pero al juez”. Según publica este miércoles el diario El Mundo, ésta fue la siniestra respuesta que dio un dirigente del PP cuando un periodista preguntó si el partido pensaba hacer algo con Ángel Acebes por su imputación en el caso Bárcenas. La amenaza cuadra mucho con los antecedentes y con el sentir general de la cúpula de un partido al que molesta que todavía haya jueces en Madrid.

Tras unos inicios algo dubitativos –como el retraso en ordenar el registro de la sede del Partido Popular–, Pablo Ruz ha mantenido una instrucción solvente y firme contra la presunta financiación ilegal del partido en el Gobierno.

El juez Ruz ha acreditado la veracidad de los papeles de Bárcenas, ha probado que las entradas y salidas de dinero negro coinciden con muchos otros documentos, desde las acciones de Libertad Digital hasta los pagos de las obras de varias sedes del Partido Popular, y ha apuntalado una investigación que será muy difícil ignorar cuando llegue el juicio. Aunque el Gobierno daba por amortizado el caso Bárcenas –creían que no les podía hacer mucho daño más–, su trabajo no sólo ha puesto contra las cuerdas a Ángel Acebes, nada menos que ex secretario general del partido. También apunta ahora a una pieza política mucho mayor: María Dolores de Cospedal.

El último auto de Ruz, de hace unas horas, es un cañonazo más contra la línea de flotación de ese partido incompatible con la corrupción. Además de imputar al exalcalde de Toledo por esa presunta comisión de la que hay hasta un recibí firmado –200.000 euros–, también señala claramente a De Cospedal. El juez pregunta al PP de Castilla-La Mancha por sus estatutos y organización interna entre 2006 y 2007. Es algo similar a lo que antes hizo con el PP nacional para después imputar a Acebes.

En el mismo auto, Ruz también advierte que está obligado a “practicar cuantas diligencias se estimen precisas” para investigar “el grado de participación que hubiera podido tener persona o personas aforadas”. Sin duda, uno de esos aforados es De Cospedal, que en poco tiempo se puede encontrar con una pieza aparte en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Es probable que los movimientos judiciales en la oscuridad vuelvan, esta vez para apartar a Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. El pasado 24 de junio, el CGPJ renovó a Pablo Ruz medio año más por su “excelente rendimiento”. Pero su comisión de servicio termina pronto. Los seis meses se cumplen en Nochebuena y es posible que el regalo de Navidad que le prepara la mayoría conservadora en el CGPJ sea volver al Juzgado número 4 de Móstoles, donde tiene su plaza.

Quienes conocen a Ruz aseguran que en la investigación de los papeles de Bárcenas hubo un punto de inflexión: cuando descubrió que el PP había formateado los ordenadores del extesorero antes de mandárselos; toda una muestra de colaboración con la justicia. Por eso, y por unas cuantas evidencias más, Ruz está decidido a llegar hasta el final, caiga quien caiga. Aunque Madrid no es Berlín. Y aquí, quien suele caer es el juez.

Cuenta la leyenda que, hace casi tres siglos, Federico el Grande de Prusia se empeñó en derribar un molino que afeaba la vista de su palacio, en las afueras de Berlín. En vez de agachar la cabeza, el molinero desahuciado denunció al monarca ante los tribunales y la justicia le dio la razón. Una sentencia obligó al rey de Prusia a indemnizar al humilde molinero y reconstruir su molino. Pero cuando Federico el Grande conoció el veredicto, en vez de montar en cólera, exclamó: “Veo, con alborozo, que todavía quedan jueces en Berlín”.

No está claro que esta anécdota sea cierta; hay otra versión donde es el molinero, y no el rey, quien celebra que aún exista la justicia. Pero la frase en cuestión se ha convertido en un símbolo de la independencia judicial frente al poder. Entre los jueces y fiscales, no hace falta decir mucho más que ese “todavía quedan jueces en Berlín” para elogiar el valor de quien se juega su carrera contra el poder político, en defensa de la justicia.