Tumbar el Gobierno de coalición a cualquier precio

El castillo de naipes con el que se quería culpar al Gobierno de las muertes por el coronavirus por no haber prohibido la manifestación del 8M se ha desplomado con la misma rapidez con la que se levantó. Tres meses y tres mil folios de instrucción después, la jueza ha descubierto una obviedad: que el Gobierno no mantuvo la manifestación del 8M a sabiendas de que miles de personas podrían enfermar. Solo desde el sectarismo más extremo se podía creer en una teoría de la conspiración así: que este Gobierno o cualquier otro fuese capaz de ocultar información a sus ciudadanos para que murieran. Todo para no perderse una manifestación donde varios de los miembros más destacados de ese mismo Gobierno y sus familiares también decidieron acudir. Feministas, homicidas y también suicidas, al parecer.

No había caso. Nunca lo hubo. Bastaba con repasar los datos de nuevos contagios y comprobar que fue el 9 de marzo, y no antes, cuando los médicos fueron conscientes de que la epidemia en Madrid se había disparado. O con revisar la hemeroteca, y leer lo que decían en esas fechas esos mismos medios que hoy culpan al Gobierno de no ver venir lo que pasó. O leer los diarios de sesiones del Congreso, y no olvidar que la oposición estaba más pendiente de Venezuela que del coronavirus. O recordar que el mismo Partido Popular que ahora culpa al Gobierno por permitir el 8M mandó una representación oficial a esa manifestación. O que ese mismo 8 de marzo, que es sinónimo de “muerte y enfermedad” según Santiago Abascal, Vox también celebró un mitin. Fue un acto, el de la extrema derecha en Vistalegre, donde sí hubo quien claramente incumplió las recomendaciones sanitarias: Javier Ortega Smith, que asistió a un evento multitudinario a pesar de que había estado en una zona de riesgo, como era entonces Milán.

Lo que ha ocurrido con este proceso judicial ahora frustrado no es simple casualidad. Como tampoco son inocentes esos informes llenos de errores, bulos y flagrantes manipulaciones que mandó al juzgado la Guardia Civil. O el escrito de ese médico forense tan cuestionable que eligió la jueza: un experto en psicoterapia y el tratamiento de personas con problemas afectivos, sin conocimiento alguno sobre epidemiología.

Si la jueza confiaba en los criterios de estos expertos, no se entiende que haya archivado la investigación tras recibir los informes donde directamente se acusa al Gobierno de gravísimos delitos. Y si la jueza no se los cree –cosa probable, basta con leerlos con una mínima atención– tampoco se entiende que no esté investigando ya unos hechos aún más graves que aquellos de los que se acusaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Manipular la declaración de un testigo en una investigación judicial no debería ser impune, aunque lo hagan dos instructores de la Guardia Civil.

No es casual tampoco que sea el feminismo la palanca con la que la derecha une filas para atacar al Gobierno de coalición. Ni la virulencia de una legislatura que va a ser la más crispada de la reciente historia democrática. Todavía más aún que el precedente más cercano: el de la primera legislatura de Zapatero y la teoría de la conspiración del 11M.

“La crispación en la política española es como el Guadiana, vuelve cada poco”, dice Zapatero en la entrevista con Daniel Basteiro que hoy publicamos. “Intentan la deslegitimación de un Gobierno de izquierdas” sobre la base de una “tragedia” y de “negar la evidencia”. Todo por “no asumir las derrotas con deportividad y ejemplo democrático”, resume el expresidente.

Entonces, igual que hoy, los líderes de la derecha no dudaron en utilizar a los muertos para sus batallas políticas. Poco importaba la verdad, el respeto por las víctimas, la convivencia pacífica o el interés general. En 2004 el PP acusaba a Zapatero de haber dado un golpe de Estado como el de Tejero o el de Pavía con un tren de cercanías. Hoy la escisión del PP por su extrema derecha tacha al gobierno de “ilegítimo”, “homicida”, “dictatorial” y “criminal”, mientras el principal partido de la oposición ríe estas gracias cuando no las fomenta. No son solo excesos verbales. Es una reacción profundamente antidemocrática, propia de quienes solo respetan la soberanía popular cuando ganan ellos las elecciones.

Todo vale contra un gobierno ilegítimo, y en eso están también. Con el problema añadido de que la izquierda parece que gobierna de prestado, mientras la derecha es mayoritaria en casi todos los resortes del poder incluso cuando está en la oposición: las grandes empresas, la justicia, las fuerzas policiales, los grandes medios… Para eso les sirve esta extrema crispación: para extender entre sus partidarios en todos estos ámbitos la idea de que el fin justifica los medios. No es tampoco la primera vez, ni la segunda.

“La cultura de la crispación existió porque no había otra manera de vencer a González con otras armas”, confesó el exdirector de ABC Luis María Anson en una entrevista publicada en 1998. “Había que terminar con Felipe González, ésa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro..., pero era la única forma de sacarlo de ahí”.

Cambian los tiempos, las personas, los protagonistas… Da tantas vueltas la historia que hoy Felipe González está en el mismo bando de quienes entonces conspiraron contra él.

También cambian las coartadas morales de quienes tensan la convivencia hasta un extremo que pone en peligro la propia democracia. En aquella famosa entrevista, Anson se justificaba argumentando que “González bloqueaba algo vital en la democracia: la alternancia”. “No salimos de 40 años de Franco para entrar en 30 años de González”, decía el exdirector de ABC. Hoy la excusa es el Gobierno de coalición.

Para los principales líderes de la derecha española, la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros es una provocación intolerable, agravada por el hecho de que esta mayoría parlamentaria también dependa de los catalanes y los vascos. Viven en una burbuja, la de los mejores barrios de Madrid, y no acaban de entender que esa España a la que tanto dicen querer no termina en la M-30. Y que el resto de los españoles tienen el mismo derecho a la representación política que quienes presumen de patriotas pero desprecian lo que su propia patria vota. Los pactos mayoritarios en el Parlamento no pueden ser una “traición a España”. Es España, toda ella, quien está representada en esos escaños. Y todos valen igual.

El primer intento para tumbar al Gobierno de coalición por la vía rápida de los juzgados ha fracasado estrepitosamente. No va a ser el último ni tampoco la excepción. Ha pasado poco más de medio año desde las elecciones generales y nos espera una legislatura donde el ‘todo vale contra el Gobierno’ irá a más. Siempre va a más.

La crispación de la última legislatura de Felipe González fue un juego de niños comparada con la teoría de la conspiración del 11M que después se desató contra José Luis Rodríguez Zapatero. Contra Pedro Sánchez, contra Pablo Iglesias, cualquier precio les parecerá pequeño.

La crítica y el control de los Gobiernos son imprescindibles en una democracia. Más aún en momentos tan duros como los que estamos pasando. Pero conviene distinguir entre esa labor de fiscalización que tiene la oposición con operaciones para descabalgar a un Gobierno que algunos poderes han catalogado como ilegítimo desde el mismo día en el que nació.

Hay otro riesgo añadido: que la ausencia de una oposición responsable haga también irresponsable al Gobierno, porque pueda camuflar sus verdaderos errores con las mentiras de la oposición.

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No es siquiera una disputa de la izquierda contra la derecha. No va de eso, no es tan pequeño. Se trata de defender la democracia frente a quienes desprecian la soberanía popular y conciben la patria como una finca particular en la que ellos siempre ostentan el mando único.

El castillo de naipes con el que se quería culpar al Gobierno de las muertes por el coronavirus por no haber prohibido la manifestación del 8M se ha desplomado con la misma rapidez con la que se levantó. Tres meses y tres mil folios de instrucción después, la jueza ha descubierto una obviedad: que el Gobierno no mantuvo la manifestación del 8M a sabiendas de que miles de personas podrían enfermar. Solo desde el sectarismo más extremo se podía creer en una teoría de la conspiración así: que este Gobierno o cualquier otro fuese capaz de ocultar información a sus ciudadanos para que murieran. Todo para no perderse una manifestación donde varios de los miembros más destacados de ese mismo Gobierno y sus familiares también decidieron acudir. Feministas, homicidas y también suicidas, al parecer.

No había caso. Nunca lo hubo. Bastaba con repasar los datos de nuevos contagios y comprobar que fue el 9 de marzo, y no antes, cuando los médicos fueron conscientes de que la epidemia en Madrid se había disparado. O con revisar la hemeroteca, y leer lo que decían en esas fechas esos mismos medios que hoy culpan al Gobierno de no ver venir lo que pasó. O leer los diarios de sesiones del Congreso, y no olvidar que la oposición estaba más pendiente de Venezuela que del coronavirus. O recordar que el mismo Partido Popular que ahora culpa al Gobierno por permitir el 8M mandó una representación oficial a esa manifestación. O que ese mismo 8 de marzo, que es sinónimo de “muerte y enfermedad” según Santiago Abascal, Vox también celebró un mitin. Fue un acto, el de la extrema derecha en Vistalegre, donde sí hubo quien claramente incumplió las recomendaciones sanitarias: Javier Ortega Smith, que asistió a un evento multitudinario a pesar de que había estado en una zona de riesgo, como era entonces Milán.