Démosle una oportunidad a la paz en Colombia

La semana pasada siete ciudadanos colombianos recibieron amenazas de muerte por su compromiso con los derechos humanos. Entre ellos estaban David Flórez e Iván Cepeda, ambos integrantes del Frente Amplio por la Paz, que hace pocos días entregó el Segundo Informe de Veeduría al Cese Unilateral al Fuego Declarado por las FARC-EP a Todd Howland, representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Flórez y Cepeda recibieron una carta firmada por los Águilas Negras en la que se les amenazaba con que o abandonaban Bogotá o “serían hombres muertos”. No es una novedad: en lo que va de año se han contabilizado 332 amenazas.

Acabamos de regresar de Colombia los miembros de una delegación formada por parlamentarias y activistas sociales. Nuestro diagnóstico, después de recorrer Colombia acompañados por políticos de diferente signo, sindicalistas y defensores de derechos humanos, es palmario: el proceso de paz sigue siendo enormemente vulnerable y está lejos de ser irreversible. Por eso debemos de contribuir en todo lo posible a hacer que se dé una solución justa a este interminable conflicto.

Mientras en La Habana se negocia, en Colombia se sigue asesinando a defensores de los derechos humanos, líderes sociales, campesinos que reclaman el derecho a la tierra o ecologistas que defienden el medioambiente, el territorio y los recursos naturales de las comunidades frente al impulso depredador de varias multinacionales.

Colombia vive desde hace décadas una de las guerras más largas y crueles del planeta que para desgracia de quienes la sufren es también una de las menos conocidas y más silenciadas.

En estos días en los que el enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia su tercera visita para conocer los avances que se han producido en el proceso de paz, es el momento de consolidar la paz y para eso es necesario que aquellos países que, como España, venden armas a Colombia, dejen de hacerlo.

La UE se ha mostrado renuente a adoptar una posición fuerte a lo largo de las negociaciones adoptando un papel secundario mientras que durante el año 2015 fueron agredidas 682 personas por grupos paramilitares vinculados a las empresas multinacionales, a grandes propietarios agrícolas o directamente al Estado colombiano. En total, 63 de ellas terminaron siendo asesinadas y otras tres desaparecieron.

Una escalada de violencia que parece continuar en paralelo a las negociaciones de paz: en el primer trimestre del 2016 se ha asesinado a 45 personas.Y es que en los últimos meses muchas organizaciones sociales y de la sociedad civil llevan denunciado el rearme de organizaciones paramilitares que operan fundamentalmente en áreas rurales.

España puede y debe ejercer un papel de liderazgo internacional en favor del proceso de paz colombiano mediante el apoyo a las organizaciones y a los activistas que trabajan allí por el cumplimiento de los derechos humanos así como vigilando el comportamiento ético de sus empresas y sus relaciones comerciales con Colombia, y, por supuesto, defendiendo en el seno de la UE el compromiso de las instituciones europeas con una paz que sólo será duradera si va acompañada de más justicia social, más democracia y un modelo de desarrollo más igualitario y respetuoso con el medio ambiente.

Debemos apostar por una paz que establezca una nueva etapa de convivencia en Colombia y en dónde las amenazas, los asesinatos y las desapariciones no tengan cabida.

La semana pasada siete ciudadanos colombianos recibieron amenazas de muerte por su compromiso con los derechos humanos. Entre ellos estaban David Flórez e Iván Cepeda, ambos integrantes del Frente Amplio por la Paz, que hace pocos días entregó el Segundo Informe de Veeduría al Cese Unilateral al Fuego Declarado por las FARC-EP a Todd Howland, representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Flórez y Cepeda recibieron una carta firmada por los Águilas Negras en la que se les amenazaba con que o abandonaban Bogotá o “serían hombres muertos”. No es una novedad: en lo que va de año se han contabilizado 332 amenazas.

Acabamos de regresar de Colombia los miembros de una delegación formada por parlamentarias y activistas sociales. Nuestro diagnóstico, después de recorrer Colombia acompañados por políticos de diferente signo, sindicalistas y defensores de derechos humanos, es palmario: el proceso de paz sigue siendo enormemente vulnerable y está lejos de ser irreversible. Por eso debemos de contribuir en todo lo posible a hacer que se dé una solución justa a este interminable conflicto.