El derecho al agua, en peligro

Hace algo más de dos años, la Comisión Europea comenzó los procedimientos para rediseñar la Directiva sobre el agua potable. Lo hizo gracias a la presión ciudadana, materializada en el movimiento Right2Water, que logró recoger 1,8 millones de firmas para blindar el derecho de acceso universal al agua. La legislación europea sobre la materia tenía entonces 20 años, y su revisión se proponía fijar unos estándares mínimos de seguridad y calidad, adaptándola a retos actuales como la economía circular y la presencia de microplásticos en el agua, entre otros.

Esta semana, el Parlamento Europeo ha debatido y aprobado la revisión de esta directiva. Hay que celebrar que una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) haya terminado haciéndose realidad en un texto legislativo. Algo que no debería ser una novedad, pero que sigue siendo poco habitual. Pero también hay que reconocer que el resultado final ha quedado muy lejos de lo que Right2Water defendía respecto al acceso universal.

Tras dos años de negociaciones entre instituciones, hemos logrado muchas mejoras en lo relativo a la calidad del agua, contra la contaminacion y los plásticos. Sin embargo, la directiva no llega a blindar el acceso a este derecho humano, especialmente para aquellas poblaciones más vulnerables a un entorno cambiante. Tampoco exige el fin de la liberalización de los servicios de agua y saneamiento, un cambio de paradigma profundamente necesario. 

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida digna, para el desarrollo de los entornos, las comunidades y la defensa de la biodiversidad. Otras instituciones reforzaron esta idea, como el Consejo de Europa, que afirma que toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas.

En este sentido, es especialmente relevante el llamamiento del relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, pidiendo a las autoridades que prohibieran los cortes de agua durante la emergencia sanitaria. Desde el principio de la pandemia de la COVID-19, dijimos que no podíamos pedirle a la gente que se quedara en casa y expulsarla de ella al mismo tiempo. Tampoco podemos pedir que se mantengan las medidas de higiene necesarias para evitar los contagios y permitir los cortes de suministros. Como señala el relator de la ONU, el acceso a este bien es un derecho humano y la tarea de las instituciones es garantizarlo.

El debate sobre esta directiva en el Parlamento Europeo llega unos días después de que el agua empezara a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Se da así un paso más hacia la mercantilización y privatización de un bien básico. Según un informe de Naciones Unidas de 2019, cerca de 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 4.200 no poseen servicios de saneamiento y alrededor de 3.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos y mantener condiciones básicas de higiene. Pese a ello, o precisamente por ello, porque es un recurso esencial y en peligro, siempre hay quien intenta hacer negocio y especular cuando hay oportunidad.

Nuestra relación con el agua y nuestro derecho a ella va más allá del acceso al agua potable. La nueva cultura del agua, explica Pedro Arrojo, implica que la gestión, comprensión y percepción de este bien es multidimensional: se enmarca en la naturaleza, en el Planeta, y la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno debe ser ética y basada en la sostenibilidad. Es imprescindible recuperar nuestros ecosistemas acuáticos y recuperar el valor patrimonial, cultural, emocional, estético y lúdico de los ríos y los mares. Para conseguirlo, debemos frenar la pérdida de la biodiversidad, el comportamiento meteorológico extremo, el aumento del nivel del mar y de los incendios. Nos estamos jugando nuestro entorno, el lugar en el que vivimos. En esta concepción compleja, global e integral del agua se enmarca nuestro derecho a este recurso. 

Nuestro acceso y disfrute del agua es un derecho humano que debe garantizarse con acciones centradas en cuatro pilares: transparencia, accesibilidad, sostenibilidad y solidaridad. El derecho al agua implica que esta cumpla con una serie de requisitos: que sea suficiente, saludable, físicamente accesible, asequible y de calidad. Por ello, el derecho al agua se materializa en el derecho al suministro y en la protección contra los cortes del mismo, en el derecho a que no esté contaminada y en la no discriminación en el acceso al agua potable.

La revisión de la directiva aprobada esta semana es un paso en la buena dirección, pero se queda muy corta en el cambio necesario. Frente a la corrupción y las presiones privatizadoras, nuestra política del agua debe ser un firme compromiso con la gestión pública, integrada, participativa y sostenible tanto de ríos, lagos, humedales y acuíferos como de los servicios de agua y saneamiento.

Hace algo más de dos años, la Comisión Europea comenzó los procedimientos para rediseñar la Directiva sobre el agua potable. Lo hizo gracias a la presión ciudadana, materializada en el movimiento Right2Water, que logró recoger 1,8 millones de firmas para blindar el derecho de acceso universal al agua. La legislación europea sobre la materia tenía entonces 20 años, y su revisión se proponía fijar unos estándares mínimos de seguridad y calidad, adaptándola a retos actuales como la economía circular y la presencia de microplásticos en el agua, entre otros.

Esta semana, el Parlamento Europeo ha debatido y aprobado la revisión de esta directiva. Hay que celebrar que una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) haya terminado haciéndose realidad en un texto legislativo. Algo que no debería ser una novedad, pero que sigue siendo poco habitual. Pero también hay que reconocer que el resultado final ha quedado muy lejos de lo que Right2Water defendía respecto al acceso universal.