El desgarro de la desigualdad

La desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo y España experimenta en primera persona sus consecuencias. La desigualdad socava la confianza social y reduce el apoyo a las instituciones democráticas, se esconde detrás de la nueva relación tóxica que las sociedades occidentales han establecido con su futuro y explica gran parte de los recientes fenómenos electorales guiados por el resentimiento y la política de la identidad, con consecuencias altamente disruptivas.

En cuanto a la dimensión económica, según instituciones como el FMI o la OCDE, la desigualdad dificulta el crecimiento y la creación de empleo de calidad. También afirman que los niveles de desigualdad excesivos y crecientes implican costos sociales directos, impiden la movilidad social y también pueden inhibir el crecimiento sostenible ahora y en el futuro.

La polarización de los ingresos y el desempleo restringe la demanda efectiva, frustra la innovación y puede causar una mayor fragilidad financiera. Los altos y crecientes niveles de desigualdad obstaculizan no solo el progreso hacia la erradicación de la pobreza, sino también los esfuerzos para mejorar la inclusión social y la cohesión.

De hecho, la OCDE destaca que una disminución de la desigualdad en un punto Gini se traduciría en un aumento del crecimiento acumulado del 0,8 % en los cinco años siguientes. En este sentido, Europa ha caminado en dirección contraria, entre el 2005 y 2015 el coeficiente de Gini aumentó de 30,6 a 31 y las desigualdades de renta entre el 20 % superior e inferior de la población subieron de 4,7 a 5,2. Al estar la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza económica estrechamente relacionada con la desigualdad de los ingresos, la pobreza económica ha experimentado un crecimiento constante desde 2005 y entre 2008 y 2014, varios Estados miembros experimentaron un aumento de las desigualdades en términos de renta disponible de los hogares.

Varios factores han contribuido a llegar a esta situación. Los profundos cambios en el mercado laboral deberían situarse en el centro de nuestras preocupaciones: el aumento de los trabajos atípicos, la debilidad de la negociación colectiva, alta precarización y temporalidad o una política de devaluación salarial que ha empujado los salarios a la baja. En definitiva, el mercado laboral ha dejado de ser fuente de prosperidad y estabilidad para muchos.

Al mismo tiempo otros factores han operado con fuerza. La globalización y la apertura a los mercados internacionales ha dejado al desprovisto importantes sectores tradicionales o industriales en el mundo occidental y ha repartido mal sus beneficios debido a la falta de suficientes mecanismos de compensación. La robotización y la digitalización también han funcionado en este sentido. Por último, los cambios sociológicos y las agresivas políticas de consolidación financiera han debilitado nuestras herramientas de redistribución y dejado a la intemperie a millones de ciudadanos.

Todas estas son las conclusiones a las que ha llegado el Informe La lucha contra el desempleo como palanca para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, del que he sido ponente, recientemente aprobado en el Parlamento Europeo. Un Informe en el que se sitúa como prioridad política para la UE el combate contra la desigualdad y propone una hoja de ruta con normas, instrumentos y recursos para aplicarla. Establece la necesidad de reequilibrar el Semestre Europeo e introducir un verdadero seguimiento de la dimensión social de la Unión que luego repercuta en las recomendaciones específicas por país. Pone el acento en la necesidad de fortalecer la legislación laboral europea para fortalecer los derechos y los salarios de los trabajadores e introducir nuevos mecanismo de solidaridad en el continente para combatir la pobreza infantil, la brecha de género o la exclusión social. Por último, el Informe también hace hincapié en la necesidad de mejorar nuestra coordinación y armonización fiscal para luchar contra el fraude, la evasión y los comportamientos gravemente desleales que se dan en este campo.

No es casualidad que la aprobación de este Informe haya coincidido con la firma del Pilar de Derechos Sociales de la UE. Un paso tímido y aún insuficiente que compromete al conjunto de instituciones europeas con una veintena de objetivos y derechos subjetivos que deberían desarrollarse con herramientas vinculantes durante los siguientes años. Pero un paso en la buena dirección.

La situación de la desigualdad en España es especialmente preocupante, como acaba de recordar la propia Comisión Europea. Aunque nuestro país ha disfrutado de tasas de crecimiento por encima del 3% del PIB desde el 2015 padecemos de una “situación crítica” en términos de desigualdad por ingresos. El Informe conjunto sobre el Empleo nos saca los colores por nuestras elevadas tasas de desempleo, paro juvenil y de larga duración, dualidad en el mercado de trabajo, crecimiento constante de los trabajadores pobres, proporción de personas en riesgo de exclusión social y pobreza o ingreso medio disponible.

Esta es la desigualdad desgarradora en forma de hondas cicatrices que ha dejado la estrategia de recuperación del Gobierno de Rajoy: un maltrecho mercado laboral y unos mecanismos de protección social subdesarrollados. La desigualdad importa y debería estar en el centro de las políticas de cualquier institución que quiera defender un crecimiento sostenible, la estabilidad institucional y la cohesión social; pilares del proyecto europeo.