Ante el escándalo tributario de Juncker

Luxemburgo construyó su modelo económico sobre el secreto bancario y una reducida presión fiscal, lo que unido a una población flotante que entra y sale desde Alemania o Francia cada día para prestar los servicios menos remunerados, deja la renta per cápita de los oriundos liderando todos los rankings internacionales.

Sin embargo, este modelo comenzó a cuestionarse hace tiempo, en la medida que impedía la confianza fiscal entre Estados, cuestión central para mejor la coherencia de la zona del euro, y por ello Luxemburgo acordó eliminar el secreto bancario a partir de 2015. En todo caso, las recientes revelaciones periodísticas que destapan pactos secretos para minimizar la tributación en Luxemburgo a cambio de ofrecer una vía para aflorar en esa nación los beneficios obtenidos en otros países intensifican la imperiosa necesidad de acabar con estas prácticas.

Tales preocupaciones han sido centrales en la agenda de todos los socialistas europeos. Así, cuando se negoció la investidura de Jean Claude Juncker en el mes de julio, los socialistas europeos exigimos una agenda de gobierno que en este campo eliminará los paraísos fiscales en el seno de la Unión, la definición común de la base imponible del impuesto de sociedades y la prohibición de las prácticas habituales en las grandes empresas de transferir los beneficios de sus filiales de un país a otro en busca de la menor tributación. De este modo, el Grupo Socialista apostó muy fuerte por minimizar la competencia fiscal entre Estados, condición necesaria para viabilizar algún tipo de unión fiscal. Como es sabido, los socialistas españoles, obviamente compartíamos tales compromisos, pero albergábamos serias dudas sobre la credibilidad del candidato, lo que nos condujo a no respaldar directamente el acuerdo amplio entre populares, socialistas, liberales, buena parte de los verdes que facilitó la investidura del propio Juncker.

Por este motivo, los socialistas españoles vamos a liderar ahora la exigencia de explicaciones al presidente de la Comisión por este asunto en sede parlamentaria y seguiremos muy de cerca la investigación que el propio Ejecutivo comunitario ha iniciado. Esta presión será fundamental para conocer el fondo de la cuestión, no sólo sobre la ilegalidad o no de tales acuerdos secretos, sino sobre todo para acelerar esa agenda de reformas fiscales a las que el propio Juncker se ha comprometido.

Sin duda, la posición política del presidente de la Comisión se encuentra ya muy debilitada y, con independencia de la evolución de la investigación, esperamos que este asunto sirva para visibilizar aún más la necesidad de esas reformas tributarias para mejorar la coordinación fiscal de la Unión. Ciertamente, en estos momentos hay serias incertidumbres sobre la idoneidad política de Juncker para tal misión, pero eso sólo puede ser el aldabonazo para redoblar nuestra presión para avanzar rápidamente en una estrategia tributaria comunitaria, al menos, en el marco de la zona euro.

La eurozona se enfrenta a un nuevo estancamiento que podría conducir a una tercera recesión, tal y como han alertado todos los centros de análisis. La “unión bancaria” ha sido clave para superar la crisis financiera, que a punto estuvo de hacer saltar el euro en el primer semestre de 2012; proyecto que explica a su vez la estabilización observada entre finales de 2013 y la primera mitad del presente año. Pero ahora hay que acelerar esa “unión fiscal” para impulsar la inversión a escala europea y reactivar la demanda, que no va a responder sólo con nuevas medidas expansivas del Banco Central Europeo, aun cuando éstas también sean necesarias.

Pues bien, esa “unión fiscal” necesita desarrollar ese acuerdo para armonizar la tributación, así como la construcción de un pilar presupuestario comunitario que debería iniciarse para financiar el programa de inversión de 300.000 millones de euros, que los socialistas arrancamos también en la negociación para la investidura de Juncker. Este compromiso es vital para superar la crisis a corto plazo, pero también para europeizar las políticas sociales bajo el proyecto de la “unión social”, objetivo final de los socialistas europeos.

Por todo ello, las revelaciones sobre la actuación de Juncker como primer ministro de Luxemburgo, no por esperables, son menos preocupantes. La posición del presidente de la Comisión resulta muy complicada y exige una investigación pormenorizada y un seguimiento del Parlamento. Pero, además, este suceso debería conducir a una aceleración de la puesta en marcha de los compromisos fiscales adquiridos por el propio Juncker en la investidura, que conforman una pieza esencial de la “unión fiscal”, necesaria para superar la crisis, pero también un pilar necesario para construir la “unión social” de Europa, horizonte central para los socialistas.