Europa fracasa en el Mediterráneo central pero apunta a las ONG

Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título “La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central”. Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.

Empecemos por las cifras. El informe señala que en junio de 2017, las llegadas de inmigrantes y refugiados a las costas italianas había sido de 73.000 personas (esa cifra es ya mucho mayor), un 14% más que en 2016. Llevamos desde el inicio del año más de 2000 muertos, lo que ha triplicado la tasa de mortalidad hasta el 2,7% en relación con el año 2015.

De hecho, el Mediterráneo central es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Desde el inicio de 2014 hasta el 1 de junio de 2017, más de 12.000 personas han fallecido o desaparecido.

La Unión Europea ha destinado miles de millones a reforzar el papel de la guardia costera libia sin lograr reducir las salidas, como muestra el aumento de llegadas en Italia en relación con el año anterior. El informe señala como la presión ejercida contra los traficantes por parte de Europa en Libia lo único que ha provocado es que las salidas tengan aún más riesgo. Los traficantes han reaccionado a la nueva situación poniendo más personas en las barcazas que cada vez son de menos calidad, reduciendo el combustible hasta unos niveles que hace imposible alcanzar las costas de Italia y privando a dichas embarcaciones de sistemas de comunicación, lo que sólo les deja dos alternativas: encontrar alguna embarcación por el camino que las rescate o hundirse en el mar.

Esa realidad (salidas que se mantienen y que son ahora más peligrosas) se encuentra además con una voluntad por parte de Europa de limitar la acción de las ONG en su función de salvamento, e incluso con la amenaza de gobiernos como el italiano de no permitir que las embarcaciones rescatadas alcancen sus costas.

Italia acaba de redactar un nuevo “código de conducta” para ONG, que tiene el apoyo de FRONTEX, en el que se pretende, entre otras cosas, impedir a las ONG entrar en aguas territoriales libias para rescatar a personas, prohibirles usar luces para señalizar sus posiciones a embarcaciones en riesgo de naufragar, así como obligarlas a desembarcar ellas mismas en los puertos a las personas rescatadas en lugar de transferirlas a otras embarcaciones oficiales. El Código incluye la prohibición de utilizar los puertos italianos en caso de no suscribirlo.

A nadie se le escapa que si entrara en vigor dicho código, se limitaría enormemente la capacidad de acción de las ONG en el mar, poniendo así más vidas en riesgo. No hay que olvidar que, según datos del mismo informe de Amnistía Internacional, tanto en 2016 como en lo que llevamos de 2017 las ONG han sido las que han operado una mayor cantidad de rescates hasta hoy. De hecho el informe señala que desde la segunda mitad de 2015 hasta hoy, han decaído considerablemente los esfuerzos de rescate de las distintas misiones europeas en la zona, como Tritón de FRONTEX o Sophia de EUNAVFOR. Los esfuerzos están centrados ahora en capacitar a los libios para que hagan ellos el trabajo sucio, desatendiendo la asistencia en el mar.

Sobre este aspecto, la externalización de los rescates al componente libio, es muy relevante otro informe reciente, en este caso de Human Rigths Watch, que lleva por título “EU: Shifting Rescue to Libya Risks Lives”. El documento señala que “las autoridades libias carecen de capacidad, equipamiento y formación para desarrollar rescates, algo que debería garantizarse antes de que asumieran dicha responsabilidad”. El informe detalla como la Unión Europea tiene intención de derivar las operaciones relacionadas con rescates en aguas internacionales a la Guardia Costera libia, y relata episodios en los que ésta, lejos de facilitar rescates y ayudar a las ONG, ha provocado accidentes llegando incluso a disparar contra embarcaciones en apuros. De hecho, los abusos por parte de la Guardia Costera libia han sido recurrentes en los últimos meses.

El resultado de la política europea en Libia por lo tanto es un fracaso manifiesto: ni se han reducido las salidas ni hemos limitado las muertes en el mar. Lo único logrado hasta ahora es un mayor papel de la Guardia Costera libia, cuya ineficacia y abuso en materia de Derechos Humanos está incluso empeorando las cosas. Y, lejos de asumir este fracaso, ahora buscan un chivo expiatorio: las ONG que llevan años haciendo el trabajo que los gobiernos no hacen.

Más oportuno que perseguir a ONG sería que los gobiernos repasaran el apartado tercero del informe de Amnistía Internacional, que recoge distintas recomendaciones que deberían ser seriamente consideradas a la luz del fracaso de sus políticas.

Muy relevantes son aquellas relativas a la cooperación con la Guarda Costera libia. El informe propone que la cooperación europea con la misma sea condicionada a que esta deje de operar fuera del mar territorial libio, que permita que buques civiles, incluyendo los de ONG, puedan operar en su mar territorial; que al no estar capacitadas se abstengan de ejercer la coordinación de operaciones y que transfieran a los rescatados a buques europeos para que éstos sean trasladados a puertos seguros. Finalmente, propone el establecimiento de un mecanismo que permita controlar su actividad en el mar y el cumplimiento de la ley internacional y el respecto de los Derechos Humanos, vistos los episodios vividos en los últimos meses.

El informe también insiste en algo que el pleno del Parlamento Europeo ha pedido ya en más de una ocasión: el drama de los muertos en el Mediterráneo no terminará hasta que una misión pan-europea de salvamento y rescate no sea puesta en marcha junto con el establecimiento de vías seguras y legales para el acceso a Europa, particularmente a través de visados humanitarios para aquella personas en necesidad de protección internacional.

Lo más indignante de todos los muertos de los últimos años en el Mediterráneo ha sido la gran cantidad de alternativas que se han propuesto (trabajadas muchas de ellas desde el rigor y las experiencia de mucha gente que vive este drama a diario). Propuestas sistemáticamente ignoradas por los gobiernos europeos que algún día deberán explicar por qué permitieron todo esto. Ante el fracaso de los gobiernos europeos, lo mínimo exigible es que dejen de criminalizar a aquellos como las ONG que sí hacen el trabajo que rechazan hacer ellos.

Cualquier gobernante que se jacte de ser sensible a la crisis de los refugiados debería haber leído el último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 6 de julio que lleva por título “La tormenta perfecta: el fracaso de las políticas europeas en el Mediterráneo central”. Tras repasar la comparecencia del Ministro del Interior español, José Ignacio Zoido, el pasado 18 de julio, no creo que ninguno de los miembros de su gabinete que prepararon dicha comparecencia se tomara la molestia de repasar dicho documento, no digamos ya el propio Ministro.

Y es que el documento hace una dura radiografía del fracaso de las políticas de nuestros gobernantes en Libia. No sólo no se han frenado las salidas desde la costa libia (el gran objetivo de la política europea en ese país), sino que siguen ahogándose miles de muertos tratando de cruzar a Europa.