Europa redimida: nueve años y una pandemia después

“Ningún estado miembro deberá afrontar el dilema de responder ante la crisis o invertir en su población”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció esta frase durante la presentación del paquete de recuperación 'Next Generation EU' (750.000 millones de euros) y el nuevo presupuesto europeo para 2021-2027 (1,1 billones de euros). Este viernes, el Consejo Europeo negociará el diseño definitivo de estas dos 'palancas' económicas tras la crisis de la COVID-19: su tamaño, reparto entre países y condiciones de acceso. El objetivo inmediato es paliar el impacto social y económico de la pandemia, pero fijando a largo plazo un horizonte de reconversión industrial, transformación verde y digital (2050).

Destaco esa parte de su intervención porque nueve años y una pandemia después, la Comisión Europea estaba reconociendo que la salida a esta crisis no puede hacerse en los términos austericidas de la anterior. En 2011, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española consagró la “estabilidad presupuestaria” y el pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto, incluida la protección social de la población. Entre la bolsa y la vida se escogió una bolsa para asfixiarnos: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyo objetivo principal era (y es) mantener viva la zona euro, cayera quien cayera. Y el primero en caer fue Grecia. El pueblo y la democracia helena fueron el sacrificio que se ofreció a los dioses del mercado. Hace unas semanas, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) publicaba un informe que reconocía, con muchos eufemismos, que el coste social de los rescates fue brutal. Se salvó la eurozona, sí, pero los programas económicos “tuvieron una atención insuficiente a las necesidades básicas de la población griega”.

En 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había empezado a hacer los primeros recortes bajo la batuta de la Troika. Fue entonces cuando Cristóbal Montoro dijo aquella frase que el PP ha desempolvado como mantra en los últimos meses: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. El PP sigue creyendo que España es suya y solo suya. Se les llena la boca de vivas y banderas, pero se están esforzando mucho para que el fondo de reconstrucción de la UE llegue tarde, mermado y con una fuerte condicionalidad a nuestro país. Quieren, dicho llanamente, desmontar el escudo social del Gobierno y abrir la puerta a otra década bajo las directrices de los hombres de negro.

La genuflexión del Partido Popular

La delegación popular en el Parlamento Europeo se ha puesto al servicio de los llamados 'halcones', la parte más nacionalista e insolidaria de Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria, para intentar tumbar el Gobierno de coalición. Se pasean diciendo que “los millones de la Unión Europea no son para que Podemos cumpla su programa”, ni para sufragar “caprichos comunistas” como la financiación de los ERTEs, que han evitado la destrucción de millones de empleos, y el Ingreso Mínimo Vital, que el PP terminó apoyando en el Congreso, y que ha sido aplaudido por el FMI, el presidente del Parlamento Europeo y el Comisario europeo de Empleo.

A la espera del acuerdo del Consejo Europeo –que podría retrasarse hasta julio o incluso el otoño–, España recibiría 140.000 millones de euros (77.000 en transferencias y 63.000 en préstamos). Si esos millones no sirven para que la gente llegue a fin de mes, al fin de semana o simplemente al final del día habiendo comido tres veces, ¿en qué quiere invertir el PP el fondo de reconstrucción? ¿En alimentar otro pelotazo inmobiliario, tapar otra amnistía fiscal –declarada inconstitucional en 2017– o perdonar decenas de miles de millones de euros del rescate a la banca?

Resulta sintomático que hablen del “dinero de la UE” como si fuese una limosna, en lugar de una inversión imprescindible para hacer posible la recuperación económica y para salvar el mercado único, cuyos mayores beneficiarios son precisamente los países frugales. Un plan financiado de forma más equitativa que en 2008 con aportaciones directas de los Estados al MFP, deuda mutualizada a cargo de los presupuestos de la UE y nuevas fuentes de recursos (impuestos verdes, a las transacciones financieras y a grandes empresas tecnológicas). También nos gustaría, puestas a pedir, una armonización fiscal que acabara con la competencia desleal de Holanda, para que cada año dejase de “robar” miles de millones de euros en impuestos evadidos por las grandes multinacionales que fijan sus sedes allí.

¿La redención de Europa?

Hay algunos elementos que hacen pensar que la Unión Europea intenta expiar, aunque sea tímida y tardíamente, algunos pecados de la crisis de 2008.

En primer lugar, aunque el 'Next Generation EU' sea escaso (muy lejos de los 2 billones de euros que solicitó el Parlamento Europeo y de los 1,5 billones que defendió España y otros países del sur en abril), es importante por su naturaleza (más transferencias que préstamos) y su mensaje político: la respuesta a los efectos de la pandemia debía ser conjunta, no nacional, y había que financiarla con una emisión de deuda mutualizada. Ahora estamos más cerca de superar el desigual acceso a la financiación en los mercados, que alimentó la crisis de deuda soberana del sur y la angustiosa tortura lenta de la prima de riesgo.

Por supuesto, para que este mensaje sea creíble hace falta que el Pacto de Estabilidad sea desterrado definitivamente: fue suspendido durante la emergencia sanitaria, pero su reactivación sería una soga en diferido. Debemos aspirar a su derogación y sustituirlo por un nuevo pacto por el empleo y el desarrollo sostenible que, en lugar de erosionar nuestros sistemas de bienestar, los refuerce. La erosión de las cuentas públicas y el aumento de la deuda nacional que ha generado la pandemia no puede utilizarse como elemento disciplinario por parte de las instituciones comunitarias. De ese palo salió la astilla del reformado artículo 135, que sin embargo incluía una ‘salida de emergencia’ en su punto 4: “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado (…)”.

La condicionalidad, determinada por el alcance y objetivos que el Consejo decida dar al Semestre Europeo (su lupa y látigo macroeconómico), marcará la disputa de los gobiernos en torno al presupuesto y el fondo de reconstrucción. Y ese es un debate inequívocamente ideológico. Cualquier presupuesto público consiste en decidir cómo emplear los recursos de los que se dispone. Y lo que queremos es que ese debate pueda darse realmente, que haya una auténtica discusión de política presupuestaria, sin dar por buenas aparentes soluciones técnicas que esconden, en realidad, las mismas salidas de siempre.

Una nueva generación

“Europa es una historia de generaciones, y cada generación de europeos tiene su propia historia”, dijo Von der Leyen al inicio de su intervención. Primero fueron los fundadores, que fijaron un horizonte fue la paz. Después, según la presidenta, llegó la era de la prosperidad y la libertad con “la unidad de nuestro mercado interior y nuestra moneda única”. Más tarde, “la reunificación de la familia europea, sacando a nuestros hermanos y hermanas de los gélidos márgenes y acogiéndolos aquí, en su casa…”.

El nombre del paquete económico, 'Next Generation EU', nos habla del futuro, de la herencia que dejaremos a quien venga después… Pero, ¿y qué pasa con la generación de las dos crisis? ¿Con la que pelea aquí y ahora por unas condiciones de vida dignas? Quizá sea desde los 'cálidos márgenes' desde donde toque señalar el próximo paso. Quizá cuando hablemos de la ‘próxima generación’ debamos hacerlo no sólo en términos cronológicos, sino como un cambio de software y de liderazgo: el del sur geográfico y el de los perdedores de la crisis anterior, el de quienes seguimos creyendo en lo que Europa puede ser, y no en lo que han hecho de ella.

“Ningún estado miembro deberá afrontar el dilema de responder ante la crisis o invertir en su población”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció esta frase durante la presentación del paquete de recuperación 'Next Generation EU' (750.000 millones de euros) y el nuevo presupuesto europeo para 2021-2027 (1,1 billones de euros). Este viernes, el Consejo Europeo negociará el diseño definitivo de estas dos 'palancas' económicas tras la crisis de la COVID-19: su tamaño, reparto entre países y condiciones de acceso. El objetivo inmediato es paliar el impacto social y económico de la pandemia, pero fijando a largo plazo un horizonte de reconversión industrial, transformación verde y digital (2050).

Destaco esa parte de su intervención porque nueve años y una pandemia después, la Comisión Europea estaba reconociendo que la salida a esta crisis no puede hacerse en los términos austericidas de la anterior. En 2011, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española consagró la “estabilidad presupuestaria” y el pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto, incluida la protección social de la población. Entre la bolsa y la vida se escogió una bolsa para asfixiarnos: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyo objetivo principal era (y es) mantener viva la zona euro, cayera quien cayera. Y el primero en caer fue Grecia. El pueblo y la democracia helena fueron el sacrificio que se ofreció a los dioses del mercado. Hace unas semanas, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) publicaba un informe que reconocía, con muchos eufemismos, que el coste social de los rescates fue brutal. Se salvó la eurozona, sí, pero los programas económicos “tuvieron una atención insuficiente a las necesidades básicas de la población griega”.