Las exigencias del Eurogrupo y de la Troika a Grecia son irrazonables y contrarias al interés europeo

El fracaso de las negociaciones actuales entre las instituciones y Grecia, terminando en suspensión de pagos del país heleno, no sería el único escenario catastrófico. Aunque a primera vista pueda parecer paradójico, lo que sería considerado el “éxito” de las conversaciones por parte de las instituciones podría llevar a un resultado tanto o más dañino para Grecia y Europa.

De hecho, si por “éxito de las negociaciones” entendemos, como afirman cada vez más comentaristas en toda Europa, que el gobierno griego finalmente “entraría en razón” y aceptaría las premisas de las peticiones del Eurogrupo y de la Troika, hay que saber que este supuesto éxito tiene muchas probabilidades de tener efectos tan devastadores, o incluso más, que un fracaso de las negociaciones entre las partes, y no solo para la sociedad griega, víctima de una crisis humanitaria sin tregua desde hace ya casi seis años, sino también para el resto de contribuyentes europeos.

Las peticiones del FMI y de los interlocutores europeos se basan en el éxito de la conclusión del programa actual en la fecha límite prevista de finales de junio para poder llevar a cabo el desbloqueo del tramo de nuevos préstamos por un valor de 7200 millones de euros, que permitirían a su vez a Grecia saldar sus deudas con el BCE y el FMI. Los parámetros de las instituciones, para que este desbloqueo sea posible, suponen que el gobierno griego y sus acreedores se pongan de acuerdo sobre un conjunto de condiciones relativas a las reformas de las instituciones y los mercados en Grecia, y sobre las medidas de saneamiento presupuestario destinadas a iniciar el camino de la reducción sostenible de los coeficientes de deuda pública. El debate sobre una posible nueva reestructuración de la deuda griega se dejaría para “más adelante”. Dicho de otro modo, se dejarían para después de la aplicación de las reformas que permitirán restaurar la confianza entre los socios.

Más concretamente, las medidas de consolidación presupuestaria solicitadas por los acreedores deberán significar en 2015 un esfuerzo total que permita un superávit primario del 1%. La Troika y el Eurogrupo han identificado dos objetivos principales para poder realizar dicho esfuerzo: el IVA y el sistema de pensiones. La Comisión Europea ha sugerido en las últimas horas que otras medidas que permitan alcanzar el mismo objetivo podrían resultar aceptables para los acreedores siempre que el esfuerzo presupuestario conserve la misma magnitud y, evidentemente, que las medidas alternativas resulten “creíbles”.

Esta auto-proclamada flexibilidad va acompañada de lo que los demás países europeos describen como una “gran concesión” hecha a Grecia, al reducirse la trayectoria de superávit primario para los próximos años (es decir, los objetivos relativos a los ingresos públicos menos los gastos, excluidos los cargos por intereses de la deuda pública). Sin embargo, se trata más bien de una concesión a la realidad que a Grecia, ya que la trayectoria de superávit prevista anteriormente se ha vuelto simplemente irrealizable en el contexto actual.

Estos dos elementos, “flexibilidad” en las medidas par alcanzar la consolidación exigida y la rebaja del objetivo de superávit primario, se repiten como un mantra en todos los medios como muestras tangibles de la “voluntad de acuerdo” de los socios europeos y el FMI y son invocados para pedirle al gobierno griego que entre en el juego, y que haga gala de “realismo” y de sentido de la responsabilidad mientras nos acercamos peligrosamente a la fecha límite de finales de junio.

Sin embargo, esta retórica aparentemente razonable se basa en la repetición de un mismo error de partida o, si queremos ser menos amables, en la constante negación de la realidad y lo que es aún peor, en la misma mala fe que las premisas de los planes de rescate anteriores a los que se ha sometido a Grecia. El propio FMI presentó hace poco entre líneas un mea culpa reconociendo que las medidas de austeridad draconianas impuestas por estos planes en los últimos años han tenido como efecto una disminución de la actividad económica mucho más pronunciada que la prevista por las tres instituciones de la Troika. El efecto de sus errores de estimación conllevaron a un aumento del coeficiente de deuda pública en relación con el PIB, producido por una caída muy severa del denominador del coeficiente (iniciando un retroceso de más del 25% en 6 años). Tras un breve período de calma en el que la caída parecía haber llegado a su fin, el país ha vuelto a caer en la espiral infernal de retroceso del PIB desde el último trimestre de 2014, es decir, antes de la elección del nuevo gobierno. Dada la experiencia anterior parece razonable preguntarse si las nuevas medidas de consolidación presupuestaria no tendrán un efecto destructivo similar al de las medidas de los dos primeros programas.

De hecho, esta es la pregunta que Martin Sandbu se hacía en un artículo reciente en el Financial Times la semana pasada, y la conclusión a la que llega es profundamente alarmante. Si partimos de supuestos y usando multiplicadores más bien optimistas para calcular el impacto de las medidas de consolidación presupuestaria sobre el PIB griego, veremos que los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario en 2015 que exige ahora el Eurogrupo y la Troika conducirían a una nueva caída brutal de más del 5% del PIB para el mismo año. En un país ya devastado por la depresión económica, que ha visto su producción caer en más de una cuarta parte entre 2010 y finales de 2014, una caída de este tipo haría a su vez aumentar el coeficiente de deuda respecto al PIB en un 9%. En la medida en que el país ya está al borde de la bancarrota, es irreal esperar una mejora con estos indicadores en el corto plazo. En este escenario la situación de suspensión de pagos y una salida de jure o de facto de la moneda común, posibilidad que parece cada vez más probable, no haría más que retrasarse unos meses para convertirse en una situación prácticamente inevitable.

No hace falta señalar los efectos que este escenario tendría para los griegos, pero a veces se obvia por incómodo el impacto de estas medidas en los demás Estados Miembros. La mayor parte del saldo de la deuda en Grecia se socializó en el período 2010-2014. A pesar de la reestructuración de las deudas del sector privado, una parte muy sustancial de estas deudas se ha devuelto y sustituido con dinero prestado al Estado griego por los demás Estados Miembros de la zona euro y por el EFSF (European Financial Stability Facility), que es un vehículo garantizado por estos mismos Estados miembros. A España le toca su parte, a pesar de que el Gobierno español ha hinchado de forma malintencionada la cifra que le corresponde.

El eurosistema (constituido por el BCE y los bancos centrales nacionales que revierten sus eventuales beneficios netos a los gobiernos centrales ) también carga con una parte significativa del saldo de la deuda pública griega, y también se hizo acreedor a la altura de 100 000 millones de euros del sistema bancario griego. La solvencia del sistema bancario griego depende a su vez de la solvencia de las arcas públicas griegas, ya que una parte sustancial de los activos de estos bancos está garantizada por el Estado.

En caso de suspensión de pagos por parte de Grecia, se socializarán por lo tanto los costes entre todos los contribuyentes de la zona euro. Una situación que los defensores del dogmatismo neoliberal, sin duda alguna, aprovecharían para augurar nuevas profecías que justifiquen nuevas medidas de austeridad en los demás países de la zona euro, para hacer frente a estas pérdidas.

Creemos que en lugar de desear el supuesto “éxito” de las negociaciones con la imposición de las suicidas propuestas del eurogrupo y la Troika y su supuesta “flexibilidad”, queremos hacer un llamamiento a que el realismo se imponga al dogmatismo. Dicho de otro modo, en lugar de aplazar el problema contribuyendo así a su agravamiento, las premisas de un posible acuerdo deberían sustituirse por los siguientes tres elementos:

1. Garantizar para el año en curso una flexibilidad verdadera en el esfuerzo presupuestario, y vincular los objetivos presupuestarios futuros al crecimiento del PIB. El esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar el objetivo del 1% de superávit primario debe ser modificado en su totalidad o reducirse a una proporción más modesta a no ser que las medidas de consolidación presupuestaria se compensen, por lo menos durante el primer año, con un programa de inversiones dirigido por la Unión. Dicho programa se centraría preferiblemente en los sectores con potencial de crecimiento, como la eficiencia de los recursos y las energías renovables;

2. Reestructurar la deuda, en especial a través de una prolongación de la duración de los créditos actuales y una reducción en los tipos de interés e, incluso, de la participación directa del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el capital de los bancos griegos, elementos que deberían formar parte ya de las negociaciones actuales y no de hipotéticas negociaciones futuras.

3. Reformas a largo plazo para hacer frente a las patologías profundas del marco institucional griego. Sin embargo, estas reformas deben alejarse del programa neoliberal impulsado por el dogma europeo, como la reducción de las prestaciones sociales o la reducción de los salarios, y centrarse en un refuerzo del estado de derecho para garantizar la equidad y la legitimidad de los poderes públicos. Un seminario recientemente organizado nada menos que por la London School of Economics renegaba de las reformas impulsadas hasta ahora en el país e identificó y detalló una serie de reformas alternativas para instaurar un verdadero estado de derecho para darle la vuelta al viejo sistema clientelista griego que sucedió a la dictadura. Está claro que, desgraciadamente, los socios europeos no han considerado jamás que estas reformas sean prioritarias