El franquismo: la excepción española en Europa

Ya han pasado 40 años desde las últimas cinco personas a las que Francisco Franco asesinó fusiladas. Este 27 de septiembre se cumplía el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

La semana pasada realizamos desde el parlamento europeo las jornadas ‘Memoria, democracia y justicia universal: juzgar al franquismo’, en las que participaron varios grupos parlamentarios y contamos con la presencia de víctimas del franquismo y activistas de asociaciones como La Comuna o CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich y representantes de la justicia internacional y la querella argentina como la Jueza María Romilda Servini, la defensora de DDHH Ana Messuti, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, y el emérito Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Estos días pudimos comprobar cómo todos los países europeos han juzgado a sus respectivas dictaduras y a sus culpables, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países menos el nuestro, que el responsable de memoria de la comisión europea catalogó como la excepcionalidad española. Una anomalía que permite que España sea el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados después de Camboya, permitiendo así que una parte fundamental de nuestra memoria democrática siga enterrada bajo nuestras cunetas.

Las víctimas, pero sobre todo nuestra democracia, no puede seguir viviendo esta excepcionalidad cuarenta años más. Cuando planteamos juzgar al franquismo no pretendemos abrir viejas heridas, sino justamente lo contrario, poder cerrarlas de una vez por todas. Es lo mínimo que se merecen los miles de desaparecidos, de muertos, de torturadas, de presas, de bebes robados... Es lo mínimo que nos merecemos todos y todas, porque con impunidad es imposible construir una democracia que se precie de tal nombre. En un país como Alemania es impensable que sea legal una fundación Adolf Hitler, aún menos que reciba fondos públicos, y del todo descabellado que se permitiera el lujo de denunciar al ayuntamiento de Berlín por retirar del nombre a jerarcas del nazismo. En España es posible, se llama fundación Francisco Franco y se permite el lujo de denunciar a los ayuntamientos que retiran de sus calles los nombres de los criminales franquistas.

Se nos quiere convencer de que obstáculos jurídicos insalvables impiden la realización de la justicia. Es exactamente al revés: nada se opone a la misma. Ninguna ley, práctica, o decisión política o judicial, pueda amparar crímenes contra la humanidad -como los   que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista-, de conformidad con elementales reglas del derecho internacional de los derechos humanos que han sido firmados por España. Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la ley de Amnistía y que establece en su art. 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

La inactividad, omisión u obstrucción a cualquier posibilidad de juzgar el franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir en defensa de sus derechos a instancias internacionales.  Al igual que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a nuestros tribunales buscando una justicia que se les negaba en sus países. Nosotros hemos tenido que hacer el camino a la inversa. Tanto la querella argentina contra los crímenes del franquismo como las múltiples resoluciones de repudio y condena a la impunidad del franquismo por parte de diversos organismos del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, cumplen un papel fundamental en el reclamo de verdad, justicia y reparación. Pero son insuficientes: es necesario terminar aquí y ahora con la impunidad del franquismo. Para ello es necesario que todas las instituciones y en primer lugar las judiciales, asuman como propia la tarea de promover la acción de la justicia, para que la excepcionalidad española no dure ni un día más. A ello están convocadas.

En homenaje a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot “Txiki” los últimos fusilados por el franquismo.

Ya han pasado 40 años desde las últimas cinco personas a las que Francisco Franco asesinó fusiladas. Este 27 de septiembre se cumplía el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos “legales”. Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

La semana pasada realizamos desde el parlamento europeo las jornadas ‘Memoria, democracia y justicia universal: juzgar al franquismo’, en las que participaron varios grupos parlamentarios y contamos con la presencia de víctimas del franquismo y activistas de asociaciones como La Comuna o CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich y representantes de la justicia internacional y la querella argentina como la Jueza María Romilda Servini, la defensora de DDHH Ana Messuti, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Manuel Ollé, y el emérito Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Estos días pudimos comprobar cómo todos los países europeos han juzgado a sus respectivas dictaduras y a sus culpables, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países menos el nuestro, que el responsable de memoria de la comisión europea catalogó como la excepcionalidad española. Una anomalía que permite que España sea el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados después de Camboya, permitiendo así que una parte fundamental de nuestra memoria democrática siga enterrada bajo nuestras cunetas.