Frontex es la punta de lanza de las políticas de la Europa fortaleza

La Europa Fortaleza, sus políticas, su progresiva militarización y fortalecimiento no son algo nuevo. Desde la izquierda y los movimientos sociales llevamos mucho tiempo denunciando el papel criminal de las políticas migratorias y de fronteras que impone la Unión Europea con un único objetivo: que entre el menor número posible de personas y que las que entren se encuentren en una situación de precariedad tal, que facilite su explotación. A pesar de que en 2017 las demandas de asilo se redujeron en un 47% respecto al año anterior, las instituciones comunitarias siguen empeñadas en generar una percepción de desborde que justifique sus decisiones. La imposición de estas medidas xenófobas ha llegado a tal punto, que incluso los escasos espacios que el entramado institucional comunitario reserva a la salvaguarda de los derechos de las personas están dando la voz de alarma ante unas políticas que matan.

El Foro Consultivo de la agencia Frontex es uno de esos espacios. Es un organismo que supervisa y hace recomendaciones a la propia Frontex, que se encarga del control fronterizo de la UE. Lo componen una multitud de instituciones y grupos, desde ONG hasta otras agencias u oficinas de la Unión, pasando por organizaciones supraestatales de diferente tipo. Por tanto, hablamos de un Foro en el que tienen presencia representantes de diferentes instituciones comunitarias y de organismos como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que, entre otras cosas, gestiona los denominados “retornos voluntarios” desde Libia a diferentes países africanos y organiza deportaciones masivas a Afganistán.

No cabría esperar demasiado de las recomendaciones del Foro y, sin embargo, encontramos toda una serie de cuestiones fundamentales. Que incluso este tipo de actores estén criticando las actuaciones de Frontex no es sino una muestra del grado de agresividad sin precedentes de las políticas europeas, una agresividad que aumenta cada día.

Una de las principales características de la política migratoria y de asilo de la UE es su carácter opaco. A pesar de que el año pasado la agencia Frontex organizó prácticamente una deportación colectiva por día (341 en total) y vio sus competencias en materia de control fronterizo aumentadas, sigue actuando de espaldas a cualquier forma de monitoreo. Las tareas de fiscalización que pueden hacerse desde el Parlamento Europeo son muy escasas, e incluso el propio Foro Consultivo se queja de su incapacidad para desarrollar su trabajo de forma correcta, porque no tienen acceso a la información de Frontex que necesitan para llevar a cabo su labor.

Y una de las consecuencias es que Frontex, que ha visto cómo sus presupuestos han aumentado de forma exponencial en los últimos años, se niega a destinar recursos a los mecanismos de evaluación y promoción de los derechos fundamentales. Y pese a esas limitaciones, el informe del Foro recoge una serie de cuestiones clave que muestran el maltrato sistemático al que se expone a quienes, huyendo de la violencia, el hambre o la explotación, tratan de entrar en la UE.

Resulta especialmente preocupante la situación de las y los menores. Las instituciones internacionales, incluida la Eurocámara, se han pronunciado de forma reiterada en contra de la detención de personas menores de edad. Sin embargo, estas se siguen produciendo de forma generalizada en la UE. A los menores no acompañados no sólo se les detiene, sino que muchas veces se los interna en los mismos módulos que a las personas adultas, algo que va claramente en contra de su interés superior como menores. No reciben ningún tipo de atención específica para sus necesidades sino que, al contrario, se les somete a pruebas degradantes (como el palpamiento de testículos) para dictaminar si realmente son menores o están mintiendo.

Esta asunción de que pueden mentir y aprovecharse del sistema es una parte fundamental del discurso criminalizador que se trata de imponer. Esta situación de detención es muy grave en los CIE —tal y como ha venido trascendiendo en el Estado español en el último tiempo—, auténticas cárceles donde se violan los derechos humanos de forma sistemática. Pero también es grave en otros lugares, como las salas de los aeropuertos en los que las personas que demandan asilo son obligadas a permanecer al aterrizar en Europa. Los tiempos de espera son indefinidos, desde unas horas a más de una semana y, en algunos casos, como en los aeropuertos españoles, estas salas no tienen más que unas sillas de plástico y un aseo.

Al igual que las y los menores, la situación de las mujeres también es particularmente complicada, y se dan muchos factores de violencia específicos. Sin embargo, las autoridades europeas prefieren ignorar esta realidad, y no sólo no hay formación y profesionales específicos en materia de género, sino que ni siquiera hay datos desagregados, tal y como detalla el informe del Foro. Pese a las dificultades que esto genera, se calcula que un 80% de las mujeres africanas que llegan a la UE son víctimas de trata, pero en lugar de establecer mecanismos para protegerlas, la decisión que han tomado nuestras instituciones es la de deportarlas.

También cabe destacar del documento los asuntos referidos a los propios trabajadores de Frontex, quienes si bien tienen un código de conducta, este no recoge ninguno de los aspectos relacionados con los derechos fundamentales de las personas migrantes o demandantes de asilo. Ni siquiera les obliga a informarles de sus derechos o a no violarlos directamente con prácticas como las devoluciones en caliente.

De hecho, se recoge que en muchos casos las personas no son informadas de sus derechos, como el derecho a recurrir una decisión y ni siquiera tienen acceso a la información sobre cómo presentar una demanda de asilo en su propia lengua.En este sentido, el texto muestra su preocupación por la situación en una frontera concreta: la que separa Hungría de Serbia, la única que menciona directamente. Y es que, en su tarea de dar soporte a las autoridades locales, agentes de Frontex podrían haber participado en las políticas criminales del Gobierno de Orban, quien directamente ha lanzado a sus fuerzas de seguridad a atacar a los migrantes, llegando incluso a gasearlos.

Pero de acuerdo al código de conducta, los agentes de Frontex no deben denunciar órdenes ilegales o ilícitas cuando las reciben, y si a eso se le suma la ya mencionada opacidad, parece perfectamente diseñado para que ninguno de ellos pueda ser llevado ante la Justicia. La Unión Europea que se dice defensora de los derechos fundamentales ha dado carta blanca para que la vulneración de los derechos de las personas migrantes quede impune.

Por último, cabe señalar que la Agencia Frontex está en un proceso de reconversión para convertirse en la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Esto hará que sus competencias aumenten de forma considerable en diferentes ámbitos, incluyendo una mayor presencia en el exterior. Aunque ya se está desplegando personal de la Agencia en terceros países, no conocemos sus funciones detalladas, solamente una descripción general.

Además, a través de las políticas de externalización, lo que se persigue es precisamente entregar estas tareas a los agentes de terceros países. Y este es el siguiente paso de la política comunitaria: no frenar estas violaciones de derechos, sino propiciar que se produzcan fuera de nuestras fronteras. Entregamos millones de euros anualmente a países autocráticos como Marruecos o Turquía para que poco a poco vayan asumiendo estas tareas. Y serán ellos quienes detengan a las personas antes de que lleguen a Europa y así se podrán seguir violando sus derechos lejos de la mirada y el escaso escrutinio al que podemos someterlos.