Hungría y Polonia, un posible futuro inmediato

El advenimiento de una ola reaccionaria tanto en municipios como Ripoll, donde gobernará la extrema derecha independentista, como en el resto del Estado, donde los pactos de PP y Vox se multiplican, ha provocado que algunos representantes políticos independentistas afirmen que es necesario dejar llegar al poder a estos movimientos de extrema derecha para que la ciudadanía pueda comprobar por sí misma su incapacidad y nocividad. 

Pero la realidad es que no hay que esperar a que nos gobiernen y ni siquiera darles cien días de gracia para saber cómo actúa la extrema derecha una vez tiene poder ejecutivo. De hecho, sólo hace falta levantar cabeza y observar qué está pasando en nuestro entorno europeo, en países como Hungría o Polonia donde gobierna desde hace muchos años, o en Italia, donde el neofascismo encarnado por Meloni se ha hecho recientemente con el Palazzo Chigi. En todos los casos ya se han puesto en marcha iniciativas para reducir los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+ o de los migrantes y se han intensificado los esfuerzos para ahogar a los medios de comunicación críticos, entre otras medidas. En todos estos países se está acelerando preocupantemente la reducción del espacio democrático. 

Por tanto, cuando estos partidos llegan al gobierno, transforman su peligroso discurso en iniciativas políticas concretas contra el progreso, la diversidad y la pluralidad. No tengo la intención de convertir este artículo en un glosario de las leyes que han aprobado a lo largo de sus mandatos (aunque sería un buen ejercicio periodístico) pero sí vale la pena mencionar algunas de sus principales líneas de actuación. 

Las políticas de igualdad son unas de las primeras damnificadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Polonia, controlado por el gobierno, ha prohibido de facto el aborto y, desde entonces, se suceden los casos de mujeres que mueren en las clínicas del país por no ver garantizados sus derechos sexuales y reproductivos y, en definitiva, su derecho a la salud. Se ha expulsado cualquier temática LGTBIQ+ de las escuelas porque difieren del modelo de familia tradicional e incluso se han aprobado leyes que permiten denunciar anónimamente a parejas homosexuales convirtiendo así el espacio público en un espacio de sospecha, persecución y terror . 

Las políticas xenófobas son otro rasgo distintivo de estos gobiernos que se llevan a cabo a través de la casi total restricción del derecho de asilo. Además, en todos los casos se intensifica la violencia contra los migrantes en las fronteras, se multiplican las devoluciones en caliente y se aplican estados de excepción encubiertos para normalizar la vulneración de derechos humanos contra este colectivo. 

Y todo esto ocurre en contextos en los que no hay fiscalización del poder porque no hay espacio para los medios críticos. Los gobiernos se encargan de reducirlos a la mínima expresión mediante la limitación o no renovación de las licencias y dirigiendo la publicidad institucional de forma sesgada. El caso más grave, seguramente, es el de Hungría, donde el estado es propietario de más de 500 medios de comunicación, el 90% de los medios del país.

Además, en el caso de naciones sin estado como Catalunya, Euskadi o Galicia, no sólo supondría un recorte de derechos y libertades sociales, sino también nacionales, puesto que otra de las políticas identificativas de estos movimientos es la recentralización total de competencias. Digámoslo claro: nos jugamos que, como ya ha ocurrido en Hungría, el estado vacíe de contenido las competencias locales y regionales en materias tan cruciales como las educativas. 

Y no hace falta ser mujer, formar parte del colectivo LGTBIQ+ o ser racializado para estar en contra de la extrema derecha porque los siguientes, no lo dudéis, serán los ecologistas, los sindicatos, las ONG, la cultura y, finalmente, la democracia. Como decía el poema de Martin Niemöller, “cuando me vinieron a buscar, no había nadie más que pudiera protestar”. 

¿De verdad es necesario esperar a que se apliquen estas políticas para saber que son corrosivas para el país y para la democracia? ¿Es necesario espolear campañas de abstención masiva entre el independentismo catalán que beneficiarán directamente a estos proyectos reaccionarios y, en el caso de Catalunya, a los partidos de obediencia española? Es una grave irresponsabilidad que nos puede salir muy cara. 

La izquierda independentista tiene el deber político y moral de ser el muro de contención del neofascismo allá donde se presente y expondré tres motivos muy básicos. En primer lugar, porque nos toca blindar unos derechos fundamentales colectivos que quienes nos han precedido ganaron con sangre y sudor. En segundo lugar, porque tenemos que defender Catalunya y sus derechos nacionales e históricos ante el más que probable escenario de recentralización. Y, por último, porque tenemos la oportunidad de visibilizar ante nuestros vecinos europeos que una República Catalana será la mejor aliada para reforzar la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria en el continente. 

Ante los momentos oscuros que se avecinan, Catalunya debe presentarse al mundo como un bastión de derechos y libertades; como un referente europeo contra el reaccionarismo. Por eso, el 23J hace falta que el mensaje sea inequívoco: Catalunya es republicana y es antifascista.