No seremos cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental

Las relaciones con Marruecos son estratégicas para España y para la Unión Europea. Pero estas relaciones no pueden ser a cualquier precio y sacrificar el Estado de derecho y el derecho internacional ante los intereses económicos y diplomáticos. Es sin embargo lo que hacen los Reyes, el Gobierno español, la Comisión Europea, el PP, PSOE y Ciudadanos. Cuando se trata de Marruecos, el respeto del derecho pasa a ser secundario.

De hecho, la visita de los reyes de España a Marruecos ha coincidido con la votación en el Parlamento Europeo del Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que se suma al ya aprobado en enero de Asociación y que permite la entrada de productos agrícolas. Este es un buen momento para recordar el artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, en el que queda claro que la acción exterior de la UE ha de estar guiada por el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Es exactamente lo que advertí en el momento de la votación a mis compañeras y compañeros en la eurocámara: los eurodiputados no estamos por encima de la ley. Y esa ley en este caso es un principio básico del derecho internacional y recordado dos veces por el Tribunal de Justicia Europeo (véase aquí y aquí): no se pueden aplicar acuerdos internacionales a un territorio sin su consentimiento.

Sin embargo, una vez más, una mayoría de eurodiputados, entre los que se encontraban los del PP, PSOE y C’s, decidieron que pesan más en la balanza los intereses económicos y diplomáticos que el derecho internacional y europeo. ¿Cómo, si no, se puede entender que los partidos tradicionales y sus representantes desoigan las advertencias de organizaciones tan prestigiosas como Human Rights Watch y avalen la explotación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos? ¿Cómo, si no, se puede entender que desoigan otra organización de renombre como Freedom House que nos dice que el Sahara Occidental es uno de los territorios con menos libertad en el mundo, incluso por detrás de Arabia Saudí?

El acuerdo de pesca aprobado ayer, junto con el de asociación aprobado el pasado mes de enero, son síntomas de una profunda hipocresía institucional. Por un lado, se defiende el Estado de derecho a ultranza en algunas regiones del mundo, mientras que con otras hacemos la vista gorda, alabamos los escasos progresos y escondemos los claros retrocesos, incluso si se trata de una flagrante ocupación ilegal de un territorio no descolonizado como es el Sáhara Occidental. Con esta política de geometría variable, la UE se convierte en cómplice de facto de la ocupación marroquí, socavando los esfuerzos de Naciones Unidas para negociar una solución justa, duradera y acorde a derecho para el Sahara Occidental.

Así las cosas, los partidos tradicionales, los Reyes y la Comisión Europea cargan una vez más sobre los hombros de la ciudadanía y la sociedad civil el deber de mitigar los efectos de su irresponsabilidad. Tal y como he hecho constar en el acta del pleno del Parlamento Europeo tras la votación del acuerdo, la mayoría conservadora, social-demócrata y liberal no solo han dado licencia a faenar a los pescadores sin la más mínima seguridad jurídica, sino que además han convertido a los consumidores europeos en rehenes y cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. De hecho, incluso la propia Comisión Europea ha reconocido que no va a poder diferenciar productos marroquíes de los saharauis, ya que en el etiquetado de ambos aparecerá como lugar de procedencia “Marruecos”. Un escándalo en toda regla.

Y aquí, quiero apelar a esa gran mayoría de consumidoras y consumidores españoles que creen que la manera de consumir es una herramienta útil para cambiar el mundo. Porque solo optando por consumir de una forma consciente, evitando productos con etiqueta de Marruecos, podremos tener la certeza de no estar contribuyendo a la ocupación del Sáhara Occidental y el silenciamiento del Estado de derecho y los derechos humanos. Y esto tendría que ser así hasta que no se tomen medidas para evitar que se importen productos saharauis como si fueran marroquíes.

También quiero apelar a las organizaciones agrícolas para que se movilicen, junto con las asociaciones de consumidores, contra estos acuerdos comerciales. Los tomates del conflicto y otros productos del expolio que inundan nuestros supermercados son una competencia desleal frente a una producción local que sí respeta el Estado de derecho y los derechos humanos.

Hoy, más que nunca, no seamos cómplices de unas políticas cínicas y sin escrúpulos. Seamos parte de la solución.