Mujeres en pie. Una Estrategia de Igualdad para la Unión Europea

Esta semana, el Parlamento Europeo debate y vota su posición sobre la Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2020 y demandada desde hace tiempo por las organizaciones feministas, que pedían superar (y concretar) el mero “compromiso estratégico” que ha estado en vigor hasta ahora. La Estrategia es ambiciosa. Quiere poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos, acabar con la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo, abordar la brecha salarial y de pensiones, equilibrar la distribución de los cuidados y alcanzar la paridad en la toma de decisiones y la actividad política. No está mal.

La propuesta de la Comisión se elaboró justo antes de la pandemia, por lo que el trabajo del Parlamento ha sido clave para incorporar sus consecuencias de las crisis sanitaria y económica sobre la vida de las mujeres. De hecho, este mismo jueves se vota un informe específico sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19, que constata que las mujeres han asumido mayoritariamente las tareas de cuidados (remunerados o no), exponiéndose más al contagio.

De entre las numerosas medidas que se plantean, quiero destacar algunas que me parecen prioritarias en este contexto.

El informe parlamentario pide la adopción de un Pacto Europeo por los Cuidados que abarque todo el ciclo de vida. Hay que apostar por una inversión fuerte en servicios y políticas de cuidado, mejorar las condiciones de las personas –mayoritariamente mujeres– que trabajan en el sector, y superar de una vez la precariedad y la infravaloración social a la que están sometidas. En los próximos años, el teletrabajo no debe servir de excusa para desmantelar o privatizar más guarderías, residencias de mayores o centros de cuidados de larga duración, porque, además de excluir a los sectores vulnerables, corremos el riesgo de sobrecargar aún más a las mujeres y colapsar como sociedad.

Por eso, frente a los problemas que puede representar el trabajo en casa, lo que pedimos es que la Comisión adopte una propuesta legislativa, con perspectiva de género, sobre el derecho a la desconexión, y una directiva sobre el bienestar mental en el lugar de trabajo. Queremos evitar, además, que las modalidades de trabajo “flexible” vayan en detrimento de los salarios de trabajadores y trabajadoras, y de su acceso a prestaciones sociales y laborales. El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz está empleándose a fondo en este objetivo, así que, en este punto, España está alineada con las propuestas laborales más progresistas de Europa.

Evidentemente, aquí, la conciliación es determinante, por eso el Parlamento también insta a los Estados a incorporar a sus legislaciones y aplicar rápida y plenamente la Directiva de conciliación de la vida familiar y profesional, introduciendo medidas como el permiso con remuneración plena. También España es pionera en este terreno con los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para el cuidado de los y las menores de un año. La “penalización maternal” reduce los ingresos de las mujeres en un 11,4% durante el primer año de maternidad respecto a los de los hombres, y esa diferencia puede alcanzar el 28% a largo plazo.

Cuando hablamos de feminización de la pobreza nos referimos también a la pobreza en la vejez, que, en buena parte, persiste por la brecha de las pensiones. Y si tal brecha existe es porque no hay corresponsabilidad, las condiciones de trabajo en los sectores feminizados son malas, los empleos ocupados fundamentalmente por mujeres están infravalorados y las mujeres están sobrerrepresentadas en las formas atípicas de trabajo (temporal, parcial, empleo encubierto). Ya sabemos que todo está relacionado. Y justo para mostrar esta evidencia, el Parlamento pide mejorar la recopilación de datos desglosados y nuevos indicadores que midan, por ejemplo, la pobreza de tiempo.

 El informe alerta a la Comisión de que la Directiva de transparencia salarial se ha pospuesto ya tres veces, y pide que se revise la Directiva 2006/54/CE para que incluya una definición de “trabajo de igual valor” para todos los sectores profesionales: porque para ganar lo mismo no hay que hacer lo mismo, sino aportar lo mismo. Por otra parte, nos habría gustado que fuese obligatorio –y no una mera recomendación– aplicar medidas sancionadoras contra las empresas que incumplan la legislación laboral y promuevan prácticas que discriminen entre hombres y mujeres. Sí se menciona, no obstante, que dichas empresas no deberían recibir apoyo financiero de la UE. España es de los pocos Estados europeos que ha dado pasos importantes en esta dirección.

La crisis sanitaria nos ha situado en unas coordenadas laborales diferentes, pero también ha golpeado a las mujeres en otros aspectos. Mientras algunos estados han dado pasos adelante en mitad de la tempestad, otros han aprovechado para aplicar medidas profundamente regresivas. El caso de Polonia o Hungría es paradigmático. Por eso, el Parlamento pide a la Comisión que haga un seguimiento del respeto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género especialmente en momentos de crisis, y que establezca un sistema de alarma para señalar los retrocesos. También, que analice los vínculos entre los movimientos antidemocráticos y las insistentes campañas de desinformación sobre los derechos de las mujeres, actuando de manera contundente contra ellas. La UE tiene que luchar contra las posiciones nativistas y los recortes a los derechos sexuales y reproductivos que se están multiplicando con el aliento de la extrema derecha y de grupos reaccionarios.

Este retroceso se ha visto también en materia de violencia de género. Persisten las reticencias y las campañas deliberadas contra el Convenio de Estambul, así como el bloqueo de su ratificación en el seno de la UE. Y aunque la Comisión plantea caminos alternativos, como el de la inclusión de la violencia de género en la lista de “eurodelitos”, quisiéramos una directiva marco para prevenir y luchar contra todas las formas de violencia machista: la mutilación genital femenina, la esterilización y los matrimonios forzados, la explotación sexual, la trata (incluyendo la trata con fines de explotación laboral), la ciberviolencia, la publicación de pornografía vengativa y la incitación al odio en internet, entre otras. El “sí es sí” que recoge la ley española de libertad sexual se contempla también en el texto del Parlamento. Un paso de gigante que hemos dado las feministas en tan solo unos años.

Para todo esto, nos ayudaría que el Consejo Europeo creara un grupo de trabajo dedicado a la igualdad de género dentro de su estructura, y también lo hemos exigido. Actualmente existen diez órganos o ‘formaciones’ que abordan distintos temas y donde se reúnen los ministerios y secretarías de Estado de cada ramo: Asuntos Económicos y Financieros, Justicia e Interior, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, por ejemplo. ¿Por qué no uno sobre igualdad de género? Serviría, entre otras cosas, para combatir la agenda misógina de ciertos gobiernos, para desbloquear decisiones como la ratificación del Convenio de Estambul y la aprobación de la Directiva antidiscriminación, paralizada desde hace más de una década.

Y, bueno, finalmente, como “poderoso caballero es don Dinero”, hemos insistido en que se incorpore la perspectiva de género en los fondos y planes de recuperación y en el presupuesto europeo (MFP), que se lleven a cabo evaluaciones del impacto de género y que se promueva la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Si los ejes de la inversión a futuro son, como parece, la transición digital y la ecológica, ahí tenemos que estar, y este es el momento de pelear para no quedarnos atrás.

Esta semana, el Parlamento Europeo debate y vota su posición sobre la Estrategia de la Unión para la Igualdad de Género, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2020 y demandada desde hace tiempo por las organizaciones feministas, que pedían superar (y concretar) el mero “compromiso estratégico” que ha estado en vigor hasta ahora. La Estrategia es ambiciosa. Quiere poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos, acabar con la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo, abordar la brecha salarial y de pensiones, equilibrar la distribución de los cuidados y alcanzar la paridad en la toma de decisiones y la actividad política. No está mal.

La propuesta de la Comisión se elaboró justo antes de la pandemia, por lo que el trabajo del Parlamento ha sido clave para incorporar sus consecuencias de las crisis sanitaria y económica sobre la vida de las mujeres. De hecho, este mismo jueves se vota un informe específico sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19, que constata que las mujeres han asumido mayoritariamente las tareas de cuidados (remunerados o no), exponiéndose más al contagio.