Las otras multas de Bruselas que nos esperan

El pasado 27 de julio, tanto el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se congratulaban por la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España por el incumplimiento de las injustas normas sobre el déficit. Es cierto que el Estado español se enfrentaba a una multa equivalente al 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, que quedó reducida cero, pero tanto De Guindos como Rajoy obviaron hacer comentarios sobre las otras multas que nos esperan.

La sanción por exceso de déficit - que también se le aplicará a Portugal- constaba de tres partes. La multa ya mencionada y perdonada, la propuesta de objetivo de déficit para los próximos años, que lleva aparejados unos recortes de 10.000 millones de euros los próximos dos años, y la posible suspensión de los fondos estructurales programados para 2017.

Por lo tanto, la satisfacción del Gobierno en funciones debería haber sido más comedida, teniendo en cuenta que buena parte de la sanción sigue en pie, y que, como siempre, los que la pagarán, ya sea por los recortes o por la suspensión de fondos, no serán ni los que impusieron esas normas de cumplimiento del objetivo de déficit, ni los que las incumplieron. La pagarán las clases populares.

Bruselas podría llegar a congelar hasta el 50% de los fondos europeos que le corresponden al Estado para 2017 y la decisión se tomará este mes de septiembre después de un debate en el Parlamento Europeo. Así se lo explicó el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Empleo, Crecimiento, Inversiones y Competitividad, Jyrki Katainen, al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, en una carta el pasado mes de julio.

En dicha comunicación, Katainen adjuntaba, además, un listado con todos los programas que se podrían ver afectados por el bloqueo de los fondos europeos en el Estado español y en Portugal. En nuestro caso, hay un total de 63 proyectos cuya financiación se verá amenazada por el exceso de déficit. Se trata de programas centrados en temas como desarrollo rural, la pesca, el desarrollo regional, políticas sociales, el desempleo, la investigación, etc. Algunos de ellos financian iniciativas coordinadas por el Estado, aunque la mayoría se refiere a actividades organizadas por las Comunidades Autónomas.

No hay cifra clara porque cada año varían los fondos destinados a estos proyectos, pero si pensamos que en el periodo 2014-2020 el Estado tenía asignados un total de 38.000 millones de euros de ayudas europeas, muy probablemente la congelación superará los 2.000 millones de la multa inicial. Como parte del chantaje en el que se basa el engranaje del semestre europeo, esto podría evitarse, según las normas de la UE si el próximo Gobierno presenta unos presupuestos “creíbles” para 2017. Obviamente, lo único creíble para la Comisión Europea son los recortes drásticos e indiscriminados.

El Estado, pese a esa alegría injustificada de Rajoy y De Guindos, va a inaugurar junto a Portugal una de esas normas del Pacto de Estabilidad de la UE aprobadas la legislatura anterior gracias a la coalición inquebrantable que socialdemócratas y conservadores forjan en Bruselas junto a los liberales. Los tres partidos mayoritarios decidieron que había que ligar las sanciones por incumplimiento del objetivo del déficit del 3% a los fondos estructurales. Y en esas estamos.

Son de esas decisiones que, a base de repetir que vienen de Bruselas, nos pueden llevar a pensar que caen del cielo. Pero no es así. Estas decisiones tienen cara y ojos, nombre y apellidos. Son normas que llevan el sello del propio Katainen, de Valdis Dombrovskis o de Pierre Moscovici. Dos conservadores y un socialista. El Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialdemócratas Europeos.

De ahí que tengamos que insistir, una vez más, en hacer un llamamiento a los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PP y del PSOE para que, durante el debate estructurado que se haga en el Parlamento Europeo, se sitúen al lado de sus ciudadanos y no de sus compañeros de partido. Para que no pongan en peligro esos fondos europeos. Que los defiendan y que pongan los intereses de las clases populares de nuestro país por encima de las decisiones de sus respectivas organizaciones políticas.

Por último, cabe recordar que, en el fondo, no se trata de evitar que sancionen al Estado español (o a Portugal). Se trata de que cambien de una vez por todas esas normas que castigan al pueblo.

El pasado 27 de julio, tanto el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se congratulaban por la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España por el incumplimiento de las injustas normas sobre el déficit. Es cierto que el Estado español se enfrentaba a una multa equivalente al 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros, que quedó reducida cero, pero tanto De Guindos como Rajoy obviaron hacer comentarios sobre las otras multas que nos esperan.

La sanción por exceso de déficit - que también se le aplicará a Portugal- constaba de tres partes. La multa ya mencionada y perdonada, la propuesta de objetivo de déficit para los próximos años, que lleva aparejados unos recortes de 10.000 millones de euros los próximos dos años, y la posible suspensión de los fondos estructurales programados para 2017.