Paremos la anexión de Cisjordania

Este 5 de junio, el calendario de la memoria histórica del pueblo palestino está marcado en rojo. Hace 53 años, Israel ocupaba militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios. Fue el día de la Naksa, de la caída, del retroceso. Desde entonces y hasta hoy, el territorio palestino de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este vive subyugado por el régimen de ocupación militar más largo de la historia moderna.

Según el derecho internacional, la ocupación militar es un régimen temporal que puede establecerse para mantener la seguridad en un momento determinado. Sin embargo, la ocupación militar de ese territorio palestino dura ya 53 años. Más de cinco décadas de ocupación militar durante las cuales Israel ha vulnerado sistemáticamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos a través del uso indiscriminado de la violencia contra la población palestina, de la explotación de sus recursos naturales, la construcción de un muro y controles militares que limitan la libertad de movimiento y fraccionan el territorio o la imposición de sistemas legales arbitrarios que despojan a la población palestina autóctona de sus derechos más básicos. Casi 2 millones de personas llevan 13 años sufriendo un “confinamiento” inhumano debido al bloqueo de Gaza.

Todas estas prácticas no se corresponden con una ocupación militar, sino con una expansión colonial, prohibida bajo el derecho internacional, que ataca directamente el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, continuando el proceso iniciado con la Nakba, la expulsión forzada de dos tercios de la población palestina y el expolio de sus tierras y bienes en 1948. Más allá de su carácter ilegal, incluso el concepto “ocupación” se queda corto a la hora de describir la brutalidad de un régimen de discriminación institucionalizada y opresión sistemática más asemejable a un régimen de apartheid, que se mantiene impune durante décadas.

Hace unas semanas el nuevo Gobierno ultraderechista de Israel anunció su intención de anexionar partes de Cisjordania a partir de julio. Sobre el terreno, esta nueva bravuconada del ejecutivo de Netanyahu supone un punto y seguido en el proceso de anexión continua y de facto que viene llevando a cabo Israel desde hace décadas a través de sus políticas de desplazamiento forzoso, expropiación de tierras y traspaso de población israelí a los asentamientos en el territorio palestino ocupado. Sin embargo, el anuncio supone un gran desafío para la comunidad internacional y sus sistemas de (supuesta) protección de derechos.

Porque, no nos hagamos trampas: ¿cómo puede Israel mantener su régimen de apartheid, colonialismo y ocupación ilegal sobre Palestina? Porque se lo permite la “comunidad internacional”, ya sea de manera abierta y sin tapujos, como hace Estados Unidos, o de manera más discreta, como hace la Unión Europea. Entre otras cosas, porque la ocupación es un negocio muy rentable para Israel. El territorio palestino ocupado es un laboratorio de pruebas único para desarrollar la poderosa industria de la guerra israelí, que posteriormente vende a sus socios internacionales bajo la marca “Probado en combate”. Tecnología de la guerra y tácticas represivas que oprimen y asfixian a la población palestina de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este y que luego se exportan al resto del mundo, incluyendo Europa o Estados Unidos.

La brutalidad e impunidad que muestran casos como el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis son el día a día en la Palestina ocupada. La coincidencia no es en absoluto casual: ambos cuerpos policiales comparten técnicas, siendo habitual que la policía israelí adiestre a la estadounidense (como bien documenta Amnistía Internacional en este informe). Además del necro-negocio, estos acuerdos entre dos administraciones racistas como las encabezadas por Trump y Netanyahu, refuerzan los pilares de estructuras opresivas y discriminatorias sustentadas sobre los cimientos de un supremacismo blanco que se propaga peligrosamente por todos los rincones del planeta.

¿Y Europa? La UE, con su habitual doble vara de medir, no ha tardado en afirmar contundentemente que, de producirse, la anexión “tendrá consecuencias”, mientras felicita al nuevo Gobierno israelí y le expresa sus deseos de reforzar la cooperación bilateral, como si el ilegal plan de anexión cayese del cielo y el Ejecutivo israelí solo pasase por allí. Nada nuevo bajo el sol. La UE nos tiene acostumbrados a condenar con una mano los violentos ataques sobre Gaza y, con la otra, firmar un contrato por valor de 59 millones de euros con la empresa Elbit Systems para comprar drones que ayuden a implementar las políticas anti-migratorias de la Europa Fortaleza en el Mediterráneo. Elbit Systems es, por cierto, la empresa que proporciona el 85% de los drones utilizados en los brutales ataques a Gaza, como aquel que asesinó a cuatro niños mientras jugaban a la pelota en la playa. 

Otro 5 de junio, de 1989, un joven cargado con bolsas de la compra se plantaba delante de una columna de tanques chinos en la plaza de Tiananmen para decir basta. Hoy, en este 5 junio de 2020 la población afroamericana de Estados Unidos lleva días en las calles gritando basta. Basta de abusos, de violencia, de discriminación y de racismo institucional. Desde Palestina llevan décadas diciendo basta. Basta ya de apartheid, de palabras huecas y de estériles resoluciones que terminan en papel mojado.

En un reciente comunicado respaldado por una amplia mayoría de la sociedad civil palestina, organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y de mujeres, se demandan medidas concretas y efectivas en forma de sanciones contra Israel hasta que respete el derecho internacional. El fin de los acuerdos comerciales con Israel, el embargo de armas, la prohibición de importaciones procedentes de asentamientos ilegales o el respaldo a los procesos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos son ahora más urgentes que nunca. Las sanciones a Israel son hoy una medida necesaria para garantizar la protección de los Derechos Humanos del pueblo palestino y para salvaguardar la credibilidad del derecho internacional. Palestina necesita justicia y la necesita ya. En Minneapolis como en Cisjordania, quien ante una situación de injusticia sigue mirando para otro lado, se vuelve cómplice. Este 5 de junio, nada que celebrar, todo que reclamar. Empecemos parando la anexión de Cisjordania.

Este 5 de junio, el calendario de la memoria histórica del pueblo palestino está marcado en rojo. Hace 53 años, Israel ocupaba militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios. Fue el día de la Naksa, de la caída, del retroceso. Desde entonces y hasta hoy, el territorio palestino de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este vive subyugado por el régimen de ocupación militar más largo de la historia moderna.

Según el derecho internacional, la ocupación militar es un régimen temporal que puede establecerse para mantener la seguridad en un momento determinado. Sin embargo, la ocupación militar de ese territorio palestino dura ya 53 años. Más de cinco décadas de ocupación militar durante las cuales Israel ha vulnerado sistemáticamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos a través del uso indiscriminado de la violencia contra la población palestina, de la explotación de sus recursos naturales, la construcción de un muro y controles militares que limitan la libertad de movimiento y fraccionan el territorio o la imposición de sistemas legales arbitrarios que despojan a la población palestina autóctona de sus derechos más básicos. Casi 2 millones de personas llevan 13 años sufriendo un “confinamiento” inhumano debido al bloqueo de Gaza.