La responsabilidad de una Europa feminista

La pandemia COVID19 como desafío global, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre los límites del Estado nación, y si una entidad supraestatal como la Unión Europea (UE) puede funcionar como su alternativa, como diría Robert Schuman, no sólo para Europa, sino para el mundo. Desafíos como la propia pandemia, la globalización, el cambio climático o la digitalización suelen esgrimirse como problemas demasiado globales para ser tratados dentro de los límites del estado nación. Hace ya un tiempo que investigamos si la transformación feminista de nuestras sociedades entraría también en este marco. Si la UE es o podría ser más feminista que sus estados miembros y qué fuerzas serían las que limitan que esto ocurra.

El periodista Xavier de Mas Xaxàs escribía hace un par de días en un artículo de La Vanguardia titulado “La responsabilidad de ser Europa”, que hay vida más allá del estado nación y que es una responsabilidad de Europa el demostrarlo consolidándose. Partiendo de las investigaciones del historiador Timothy Snyder, de Mas Xaxàs decía que la UE era la mejor respuesta a la cuestión crucial del imperialismo. Al imperialismo de EE.UU, Rusia o China, como naciones explotadoras de la tierra exhausta y que continúan comportándose como imperios por el pánico ecológico; la deshumanización del diferente; y la destrucción y privatización del estado. Características que los hacen enemigos de la UE como alternativa a su imperialismo. Una UE que despierta también enemigos internos, ya sean los gobiernos de los estados mal llamados frugales que limitan la construcción de una Europa fuerte, o aún peor, los gobiernos nacional populistas húngaro o polaco que no respetan el estado de derecho, minando los principios fundacionales de la UE.

Resulta que muchos de esos enemigos de esa alternativa al estado nación y a la “cuestión crucial del imperialismo” llamada UE, son también abiertamente antifeministas y homófobos: Trump, Putin, Orban o Duda. Y lo son porque el feminismo está hoy por hoy en la vanguardia de la defensa de la democracia, el estado de derecho y los valores fundamentales. Quiere eso decir que ¿es la UE es una institución feminista y con un gobierno feminista? O por el contrario,  que no podría serlo como esgrimen muchos defensores de los derechos sociales que consideran que éstos sólo pueden materializarse en el contexto del estado nación que es donde pagamos nuestros impuestos y donde disfrutamos de los derechos asociados a una ciudadanía concreta. No se trata de un debate menor.

El “trilema de la economía mundial” acuñado por el economista Dani Rodrik plantea la existencia de un trilema entre globalización, soberanía del estado nación y democracia: cuanto mayor es el énfasis en la globalización, menor será el espacio para las diferencias nacionales de organización social y económica, y más pequeño el espacio para adoptar decisiones democráticas a escala nacional y, por tanto, menor el espacio para políticas de igualdad efectivas.

Ciertamente, en relación a la democracia, en las últimas décadas estamos asistiendo a un proceso de desdemocratización vinculado a un tipo de capitalismo globalizado y financiarizado que no acepta ataduras, por lo que trata de “hacer gobernable” la democracia, esto es, manejable para los mercados. El resultado de este complejo proceso ha sido una democracia devaluada que tiende a privatizarse a través de la labor de los lobbies, puertas giratorias, reglas fiscales favorables a las grandes empresas y fortunas a través de los paraísos fiscales. Todo ello favorecido por las nuevas tecnologías que nos encaminan hacia un capitalismo de la supervisión, que se desarrolla en paralelo al triunfo de políticas antidemocráticas, y que además vienen unidas de una clara estrategia antifeminista a la Trump, Orban o Bolsonaro, y que en un rizar el rizo también comienzan a cuestionar la globalización y la arquitectura multilateral global.

Nancy Fraser nos dice que en relación a la soberanía nacional, la globalización supone un reto fundamental desde el punto de vista de la igualdad de género, ya que ésta modifica el escenario donde se desarrollan las luchas por la redistribución, el reconocimiento y la representación. Ello supone que el Estado soberano westfaliano ya no sirve como la única unidad o ámbito de justicia en términos de igualdad, lo cual, paradójicamente, abre el espacio a organizaciones transnacionales como la UE que pueden suponer un muro de contención ante los retrocesos en igualdad de género que puedan producirse en determinados estados miembro. 

De hecho, en el ámbito concreto de la UE, tras la crisis de 2008 se llevaron a cabo importantes debates sobre las posibilidades de redefinir el proyecto europeo como un proyecto democrático e instrumento político para la gobernanza efectiva de la globalización neoliberal, el cual evitara su consolidación como instrumento disciplinario de los mercados y recuperara las raíces democráticas, la solidaridad, la paz y la justicia social. Desde los flancos feministas se exigía: por un lado, dar un vuelco a la política de austeridad, con una reforma fiscal progresiva que no favoreciera al modelo de familia hombre proveedor/mujer cuidadora y que luchara contra el fraude fiscal; por otro, que la disponibilidad de recursos públicos sirviera para revertir los recortes y avanzar en una nueva organización social del cuidado implementando nuevas prestaciones y servicios en un mix entre la provisión pública, familiar, mercantil y comunal; por último, que la transversalidad de género en las políticas y el presupuesto fuera real y efectiva. 

La denuncia de estas deficiencias en la arquitectura institucional de la UE llevó al desarrollo del Pilar Social Europeo en 2017; a la inclusión de los aspectos sociales e incluso de igualdad de género en el mecanismo del Semestre Europeo (2017) -que es el mecanismo de control macroeconómico de los estados miembros con carácter anual-, y a poner sobre la mesa un Plan Europeo de Igualdad en 2015, que ha culminado con el nombramiento de una Comisaria de Igualdad por primera vez en 2019, la presentación de una Estrategia Europea de Igualdad presentada en marzo de 2020,  así como la activación del grupo de transversalidad de género en el Parlamento Europeo. 

Si bien, las respuestas a la crisis de la COVID19 están activando nuevamente todas las alertas ante potenciales retrocesos al respecto. Nunca hay que olvidar, que la arquitectura comunitaria de género convive con realidades nacionales muy dispares. Según los últimos datos disponibles en el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), la UE registra un índice de igualdad de género de 67.4 sobre 100, por debajo de países como Suecia (83.6) o Dinamarca (77.5), pero por encima de otros como Grecia (51.2), Hungría (51.9) o Eslovaquia (54,1). Este espejo constante y la actuación de la Comisaría de igualdad, la socialista Helena Dalli, y la presión del Parlamento Europeo, han hecho que el impacto desigual de género de la crisis de la COVID19 haya estado presente al menos en la literatura de los planes de reconstrucción y las declaraciones institucionales.

Esto sin duda ha animado a muchos estados miembros a desarrollar medidas orientadas a combatir el aumento de la violencia de género experimentado en todos los países, o socorrer a personas con menos renta entre las que abundan las mujeres, o poner en marcha mecanismos de apoyo para el cuidado de niños para que sus progenitores hayan podido desarrollar trabajos considerados esenciales donde también abundan las mujeres mayoritarias en el ámbito del cuidado. Sin embargo, otros estados miembros como Hungría han aprovechado el estado de alarma para aprobar la no ratificación del Convenio de Estambul. Pero por eso y por otras medidas contrarias al respecto del Estado de derecho, se estudia sancionarlo. Aunque los problemas que existen dentro del Consejo para aprobar el plan de recuperación presentado por la Comisión, pueda implicar no establecer finalmente sanciones.

En este sentido, se puede decir que la gestión de la crisis de la COVID19 es un buen ejemplo de que la UE puede aportar unos estándares mínimos y sobre todo, limitar los retrocesos que pueden producirse en algunos países en procesos de des-democratización. Sin embargo, aún presenta dos limitaciones importantes: la primera es el lento avance en transversalidad de género, que ha sido significativo en algunos campos como la política científica pero inexistente en otros como la política económica. Y ahí es donde radica la segunda y mayor limitación: la arquitectura económica de la UE sigue siendo de corte neoliberal y deflacionista, lo cual impide un verdadero desarrollo del pilar social y de las políticas de igualdad. 

A este respecto, la UE parece haber aprendido de ciertos errores anteriores. Por ejemplo, la suspensión de los estrictos criterios del Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido esenciales para que los estados miembros hayan podido diseñar importantes partidas de gasto en apoyo a las personas y las empresas. O el programa presentado por la CE “Next Generation Europe” en el cual se aumenta el presupuesto común principalmente a través de la inversión, en vez de via préstamos, financiado con deuda mancomunada a largo plazo y recursos propios, y orientado hacia las transformaciones ecológica y digital que tiene que acometer la economía europea. No obstante, en dicho plan no está presente la transición hacia una nueva organización del cuidado (a pesar de que el drama vivido en las residencias de ancianos demuestra que el sistema de cuidados aún basado en la errónea existencia de una mano de obra gratuita inagotable, la de las mujeres, ya no funciona). Esta ausencia puede agravar los efectos desiguales de género de esta crisis, ya que los empleos vinculados a la economía verde como son la automoción eléctrica, las energías renovables o la construcción sostenible están fuertemente masculinizados, como también lo están los vinculados al sector tecnológico. Por lo que, a no ser que los aspectos sociales e incentivos hacia una nueva organización del cuidado se pongan en marcha, en esta crisis ocurrirá como en crisis precedentes, con una recuperación más temprana del empleo masculino frente al femenino. 

La pata social de la que adolece el plan de la UE necesitaría de un cambio en las políticas económicas de corte deflacionista, un reequilibrio de prioridades o contar con más recursos comunes. Pero como ya ocurrió en la anterior crisis, vuelve a darse un fuerte enfrentamiento en el seno del Consejo Europeo entre los países denominados frugales y el resto de grupos de países. Si no se consiguiese solucionar, podría llevar a una segunda crisis de la deuda soberana derivando en otro ciclo austeritario con nefastas consecuencias para las mujeres y la igualdad de género. 

Ello nos remite nuevamente a las discusiones en torno al “trilema de la economía mundial” y al peligro que la integración supone sobre la soberanía y la democracia, a no ser que la integración económica se torne también en una unión política donde la política económica esté al servicio de los intereses del bienestar de la ciudadanía, la igualdad y la justicia social, y no al servicio de la deuda. Por tanto, la Unión Europea sí que puede ser esa alternativa al estado nación y al imperialismo, pero necesitamos no dar ni un paso atrás en la integración y el desarrollo de una Europa fuerte y soberana. Europa también tiene una responsabilidad para con las mujeres y la transformación feminista. Esperamos que el Consejo Europeo extraordinario de los próximos 17 y 18 de julio, esté a la altura.