La tragedia de los niños invisibles

Cuando hablamos de niños invisibles solemos pensar en aquellos niños y niñas que nacen en países en desarrollo y que no son registrados oficialmente al nacer y, por tanto, no existen a los ojos de los Gobiernos. Estos menores suelen ser excluidos de los servicios básicos esenciales, como la atención de la salud y la educación, y son también más vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. Desafortunadamente, no hace falta salir de nuestras fronteras para descubrir que muchos niños y niñas son también invisibles y ven vulnerados sus derechos fundamentales.

En Europa, con una población infantil del 18,3%, conviven diferentes “categorías” de menores.  Están los que tienen sus necesidades básicas cubiertas y pueden desarrollar sus proyectos vitales. También los que se van a la cama con el estómago vacío y cuyos padres no pueden permitirse pagar, por ejemplo, medicamentos esenciales. Y, por último, los menores invisibles, que ven sus derechos vulnerados tanto por acción como por omisión en nuestras sociedades, olvidando que el interés superior del menor debería prevalecer siempre como lo recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Los primeros, afortunadamente la gran mayoría de la población infantil europea, provienen de hogares acomodados que ofrecen entornos protectores y afectuosos y que garantizan que los niños y las niñas puedan estudiar, descansar, jugar y disfrutar de actividades culturales y artísticas, así como recibir una alimentación equilibrada. 

Los segundos provienen de hogares en riesgo de pobreza o exclusión social y están más expuestos a sufrir privaciones graves en materia de asistencia sanitaria, alimentación, vivienda y educación. Para revertir esta situación, que ha empeorado considerablemente tras la crisis de la COVID-19, alcanzando ya el 22,2% de la población infantil, la Unión Europea aprobó en marzo de 2021 la Garantía Infantil Europea, una propuesta socialista que reclama un plan de acción global con los medios humanos y financieros adecuados para luchar contra la pobreza infantil. 

Y los terceros, los que no existen, son niños y niñas sin hogar ni protección y, por tanto, particularmente vulnerables y expuestos a sufrir diversas formas extremas de violencia, abuso y explotación. 

Los menores extranjeros, tanto los refugiados como los no acompañados (MENAS), son un buen ejemplo. En innumerables ocasiones se olvida que son niños antes que extranjeros y que, independientemente de su documentación o situación legal, también les amparan todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Pese a que los gobiernos tienen la obligación de protegerles y garantizar el acceso a los servicios sociales básicos, las condiciones de acogida son a menudo deplorables o insuficientes y muchos de estos niños y niñas, que sufren detenciones prolongadas (con frecuencia compartiendo celdas con adultos), escapan de los centros y sobreviven en las calles sufriendo abusos y violencia. 

Además, estos menores al cumplir los 18 años se vuelven a enfrentar a un segundo abandono cuando dejan de estar bajo la tutela y la protección del Estado y pasan a estar bajo su propia suerte. Y lo que es aún peor, en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación ni la formación necesarias para desenvolverse en el mundo de los adultos. Por ello, es frecuente que sean retornados a sus países de origen o que se vean arrastrados a un círculo vicioso de explotación y abuso al pasar a la vida adulta.  

Para evitar este drama, algunos países, como Italia, han adoptado una legislación que garantiza un período de transición de dos años que permite a estos jóvenes terminar su educación y encontrar un trabajo, regularizando así su situación. 

Si todo lo anterior no fuera suficiente, a los menores extranjeros se les utiliza frecuentemente como arma política por parte de los partidos de derecha y extrema derecha, criminalizándoles como un riesgo para la seguridad nacional de los Estados fortaleza. 

Sin ir más lejos, en España, la ultraderecha llegó a construir toda una campaña publicitaria con datos manipulados acusándoles como beneficiarios de un gasto social que se les sustraería a los ciudadanos españoles, en este caso, a los pensionistas. No podemos tolerar estas campañas cobardes de odio dirigidas a hacia un colectivo ya doblemente vulnerable como los menores extranjeros no acompañados. Tenemos que lograr que estos partidos desaparezcan de la escena política.

Por eso es necesario que las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil colaboren e intercambien las mejores prácticas para promover la integración e inclusión de estos menores en nuestras sociedades y garantizar una preparación adecuada ante su salida de las instituciones de acogida.

En particular, debemos destinar una atención y una protección especial a estos menores migrantes mediante una reglamentación comunitaria que cuente con los recursos adecuados y el compromiso y la solidaridad necesarios para acompañarlos en su camino de integración a la edad adulta.

También son menores invisibles aquellos niños y niñas que caen en redes de trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación sexual, de delincuencia y mendicidad forzada, de sometimiento a matrimonios forzados, precoces y de conveniencia, así como la trata con fines de venta de bebés, extracción de órganos y de adopción ilegal. 

Desafortunadamente, es muy complejo visibilizar e identificar a estas víctimas que, en muchos casos, además, temen ser deportadas o que sus propios hijos sean utilizados a su vez por las mafias y los explotadores. Por eso, es esencial contrarrestar la cultura de la impunidad del negocio delictivo de la trata, promover un mayor acceso y ejercicio de los derechos de las víctimas y garantizar plazas suficientes en los centros de acogida o protección específicos para estas víctimas. 

Cuando los abusos también se graban y se comparten en línea, el daño se repite indefinidamente y permanece durante años. Las víctimas deben vivir sabiendo que esas imágenes que muestran los peores momentos de sus vidas se están difundiendo y que cualquier persona, incluidos sus amigos o familiares, algún día podrá verlas. En los últimos años, según la Comisión Europea, ha habido un aumento extraordinario de denuncias de abuso sexual infantil en línea en los países de la UE, convirtiéndolo en una de las principales amenazas del ciberdelito en la Unión Europea. Por ello, estamos trabajando en el Parlamento Europeo en una propuesta para combatir este fenómeno y proteger mejor a los niños cuando están en línea.

Por último, la cuestión más delicada y sensible es la que afecta a un grupo cada vez más visible: el de los menores europeos familiares de los soldados de la organización yihadista del Estado Islámico. Se trata de una problemática relativamente nueva para Europa que presenta innumerables y complejos interrogantes. 

Tras el rechazo inicial que causaban estos menores, los Estados miembros, empujados en algunos casos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ido repatriando a cuenta gotas a centenares de menores de Siria. En el caso de España, el pasado mes de enero 13 menores procedentes de Siria llegaron al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. 

Las instituciones europeas han recordado que estos menores son víctimas inocentes y deben ser considerados como tales y no ser estigmatizados. No obstante, es evidente que estos menores deben tener un seguimiento intensivo por parte de las autoridades para ver cómo progresan en su nivel de integración, rendimiento académico e incluso en sus relaciones afectivas en función de su edad y su trayectoria personal. 

No podemos pasar por alto que a su corta edad han asistido a una realidad execrable, muy difícil de imaginar para cualquiera de nosotros, y que es esencial abortar y prevenir cualquier tipo de radicalización y proporcionarles la ayuda psicológica necesaria para superar los posibles traumas. 

Sin duda, el proceso de reinserción de estos menores junto con la protección de los menores migrantes que llegan a nuestras fronteras es uno de los mayores retos que tiene por delante los Estados miembros. 

Porque no lo olvidemos, no hay causa que merezca más prioridad y compromiso político que la visibilidad y la protección y el desarrollo de todos los niños y las niñas. Su futuro, nuestro futuro como sociedad, está en nuestras manos. Actuemos con valentía y luchemos por leyes más protectoras y por derechos más firmes para garantizar una infancia feliz y sana.

Cuando hablamos de niños invisibles solemos pensar en aquellos niños y niñas que nacen en países en desarrollo y que no son registrados oficialmente al nacer y, por tanto, no existen a los ojos de los Gobiernos. Estos menores suelen ser excluidos de los servicios básicos esenciales, como la atención de la salud y la educación, y son también más vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso. Desafortunadamente, no hace falta salir de nuestras fronteras para descubrir que muchos niños y niñas son también invisibles y ven vulnerados sus derechos fundamentales.

En Europa, con una población infantil del 18,3%, conviven diferentes “categorías” de menores.  Están los que tienen sus necesidades básicas cubiertas y pueden desarrollar sus proyectos vitales. También los que se van a la cama con el estómago vacío y cuyos padres no pueden permitirse pagar, por ejemplo, medicamentos esenciales. Y, por último, los menores invisibles, que ven sus derechos vulnerados tanto por acción como por omisión en nuestras sociedades, olvidando que el interés superior del menor debería prevalecer siempre como lo recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.