La vacuna contra la COVID-19, un bien público global

Los países, como las personas, ponen a prueba sus principios en las dificultades. Cuando todo va bien es fácil mantener las relaciones de buena vecindad. Son los momentos de incertidumbre, necesidad, miedo o escasez los que hacen emerger la verdadera naturaleza de cada uno. Es ahí donde podemos marcar la diferencia. Y es precisamente nuestro modo de hacer frente a la COVID-19 el que manifiesta nuestra confianza en los principios que inspiran la Unión Europea. 

Hace justo un año, cuando aún no conocíamos la magnitud de la pandemia y sus efectos sobre la salud a largo plazo, ni su impacto económico, social y psicológico, pedí en el Parlamento Europeo que globalizáramos la solidaridad, para salir adelante sin dejar a nadie en el camino. Mirando hacia atrás, hemos hecho un gran esfuerzo para mantener abiertas las fronteras, garantizar el suministro de medicinas y de otros bienes, para crear un fondo de ayudas a la recuperación y de apoyo a las empresas y al empleo. Hemos demostrado que juntos somos más fuertes, y que la respuesta más solidaria es también la más eficaz para afrontar las dificultades. Ahora toca demostrarlo en la estrategia europea para la compra, distribución y administración de las vacunas. 

La Unión Europea se basa en la legalidad, la justicia, la igualdad y la cooperación por el bien común, y precisamente estos principios son más necesarios que nunca cuando estallan las crisis. Cuando la maquinaria de la cooperación funciona en el día a día, sin hacer ruido, mejorando la vida diaria de las personas, está capacitada para reaccionar ante sacudidas tan fuertes como ésta de la COVID-19 sin dejarse llevar por el pánico o por supuestos patriotismos trasnochados. Fuera de la Unión Europea, otros sistemas y otros gobiernos actúan en función de otros principios. El de Donald Trump, “América primero”, ha calado entre quienes no confían en el multilateralismo y en la cooperación, porque ven el mundo como una selva en la que todos competimos por la supervivencia. Ese darwinismo social y económico destruye a los más débiles y alimenta el rencor entre personas y entre naciones. 

Por eso el gran éxito de la Unión Europea en esta la crisis del COVID-19, y en su estrategia para las vacunas, consiste en haber materializado nuestros valores en una gestión muy concreta: aquí no hay países fuertes y débiles que deban pelearse por sobrevivir, ni permitiremos que las compañías farmacéuticas jueguen a hacernos competir entre nosotros para sacar mejor tajada. Como tampoco lo permitimos en la negociación del Brexit. 

Antes del verano, cuando no se sabía qué laboratorios tendrían antes la vacuna lista para comercializar, la UE negoció con varias empresas para disminuir el riesgo y garantizar el suministro, previendo que surgirían mil inconvenientes. Es más, la UE pagó por adelantado para cubrir los gastos de las farmacéuticas y que aceleraran el proceso de investigación, gracias a préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 

Es comprensible que surjan escollos en la producción a gran escala, y para ello la Comisión Europea, los Estados miembros y la Agencia Europea del Medicamento van a trabajar con las fábricas para potenciar su capacidad de producción. Como es comprensible cierto grado de incertidumbre sobre las próximas vacunas que se aprobarán, su eficacia, su precio y cuándo estarán disponibles. Lo que no es comprensible ni aceptable es que haya laboratorios, como AstraZeneca, que habiendo firmado un contrato con unas condiciones, después pretenda desentenderse porque ha encontrado mejor postor. La UE tomará medidas legales, y seguirá trabajando con otras empresas. En ese sentido, la Comisión Europea debe actuar con firmeza, pero también ayudaría a clarificar la situación una mayor transparencia sobre los contratos, que ni siquiera los miembros del Parlamento Europeo han podido ver. Todos los documentos que no exijan confidencialidad deberían hacerse públicos.

Sí, es hora de acelerar el ritmo de vacunación, y así lo han acordado los líderes de los 27 países miembros. Como también han acordado un protocolo común, para que nadie se vaya a un país vecino esperando tener alguna ventaja: Que durante el mes de marzo se intente vacunar al menos al 80% de la población mayor de 80 años y al 80% de los profesionales de la salud, y al 70% de la población adulta el próximo verano. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades supervisará cómo avanza el porcentaje de población vacunada dentro de la UE, e irá publicando los datos cada dos semanas.  

En algún momento se ha criticado la lentitud en la aprobación de las vacunas por parte de la UE, frente a otros lugares como China, Rusia o el Reino Unido. La diferencia es que en la UE tenemos los criterios más estrictos de comercialización de medicinas y productos médicos. En la búsqueda de la eficacia y la celeridad no se han reducido un ápice la calidad ni la seguridad. Los europeos no competimos con nadie, y no sacrificamos la calidad por la propaganda.

Es precisamente en estos momentos de crisis cuando se exacerban los nacionalismos y la competición contra el vecino. Nos enfrentamos a una crisis global nunca vista, en que todos los países del mundo necesitan la vacuna al mismo tiempo y para vacunar masivamente a toda la población.  La Comisión ha negociado en nombre de los 27 para adquirir a buen precio - sin la escalada que hubiera supuesto una puja abierta entre todos los potenciales compradores - de 2.300 millones de dosis, para una población en la UE de 500 millones de personas. Esto quiere decir que desde el comienzo hemos pensado en un excedente que irá destinado a nuestros vecinos, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Como socialdemócrata, me siento especialmente orgullosa de que la Unión Europea considere que la vacuna contra la COVID-19 es un bien público global, y que por tanto debe ser accesible para todas las personas, vivan donde vivan. Los países ricos, que representan el 14% de la población mundial, se han asegurado el 53% de las vacunas más consolidadas, pero es necesario garantizar un acceso justo y equitativo a todo el mundo. Para ese fin, la UE ha trabajado con la OMS para establecer un mecanismo global, COVAX, que canalice la solidaridad internacional. Pero la UE también debe desarrollar una diplomacia de vacunas propia en coordinación con los Estados miembros, para asegurar que nuestros vecinos y aquellos países menos desarrollados tienen acceso también a la vacuna a tiempo y con garantías. Es nuestra obligación moral, porque sólo podremos estar a salvo del virus unos cuando lo estemos todos, sin excepción. 

Sin duda, la Unión Europea no es perfecta, y queda mucho trabajo por hacer: entre otras cosas crear una verdadera Unión de la Salud. Pero no me cabe duda de que nuestros principios son los que se necesitan para afrontar una crisis global, y nuestra influencia en los organismos internacionales puede ayudar a reforzar las Naciones Unidas y un nuevo orden mundial basado en la legalidad, la justicia y la cooperación.