Sin objetivos vinculantes la UE no cumplirá los acuerdos del clima de París

El pasado miércoles se votó en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo el Paquete de invierno de la Comisión Europea, que incluye la nueva Directiva de Energías Renovables (RED II). La mayoría de las declaraciones y análisis realizados han hecho referencia a la gran satisfacción por los resultados obtenidos, pero detrás de dicha satisfacción se ocultan sombras que obligan a moderar ese optimismo inicial y que llevó a la delegación de a Izquierda Unida a la abstención en la votación final.

Vayamos por partes. Lo primero es explicar el papel que ha jugado la Comisión Europea torpedeando la actual directiva (RED) a base de fortalecer el papel de las políticas de competencia frente a la política energética. El ejemplo más contundente de esta afirmación es, cómo no, el amparo legal que se dio a la retirada retroactiva de apoyos a las renovables en varios países, entre ellos España, incluso frente a tribunales internacionales. Esta situación de partida causa ahora una nube de ambigüedades sobre cómo se deberían interpretar las previsiones de la RED II, que en apariencia buscan –y esto es un elemento positivo- garantizar a los inversores en energías renovables un marco estable y predecible.

Del mismo modo que el desplazamiento de los aspectos de la gestión y la integración en los mercados de las energías renovables a diferentes directivas relacionadas con el mercado eléctrico europeo, redujo la coherencia de la directiva original, ahora ha sucedido lo contrario con algunas de las medidas contenidas en la directiva RED II, como el énfasis en las Garantías en Origen o la interconexión entre mercados eléctricos, que tienen más que ver con la Unión Energética que con la normativa específica de renovables.

Con ello, no negamos la existencia de puntos positivos en la RED II. Celebramos la apuesta para que los mecanismos de apoyo a las renovables puedan modularse para favorecer el desarrollo tecnológico y el impulso a las distintas fuentes de generación renovables o que los productores individuales y comunidades de autoconsumo -cruciales a la hora de obtener una participación colectiva en la transición energética- puedan participar sin que se impongan tasas a la producción para su propio uso. Por cierto, los diputados españoles del PP votaron en contra de la eliminación del “impuesto al sol”, al margen incluso de su propio grupo europeo. Esperemos que esto no anticipe la posición que mantendrá España en el Consejo. Pero si hay algo que hizo triunfar la RED original en su lucha contra el cambio climático fue establecer objetivos nacionales vinculantes.

Llegar al 35% de generación de energía renovable en el consumo total ha supuesto un éxito importante que deberemos defender en las negociaciones interinstitucionales, especialmente cuando la Comisión, desoyendo la posición del Parlamento de Junio de 2016, optó por mantener un ridículo 27% como meta global y, lo que es más grave -como decía anteriormente-, eliminar las ligaduras con los objetivos nacionales.

Ya hemos comprobado cómo los países más atrasados en el desarrollo en energías renovables tienen dificultades incluso para alcanzar sus objetivos de cara a 2020 y, lamentablemente, sin obligaciones nacionales habrá países que no contribuyan en la consecución del objetivo global para el año 2030. Peor aún. Sin una base consolidada de producción de renovables en todos los Estados miembros, como habría permitido el mantenimiento de objetivos vinculantes, parece imposible fijar una trayectoria congruente con los Acuerdos de París, que exigen un 100% de renovables en 2050.

Nuestro grupo (GUE/NGL) podría -a pesar de haber propuesto como objetivo global el 45%- haber aceptado el 35% si se hubiesen mantenido los objetivos nacionales vinculantes. Ahora tendremos que esperar a que el mercado energético europeo se autorregule para liderar la transición climática y, sinceramente, no tenemos ninguna duda de que eso no sucederá. Además, en el último momento se incluyó en la RED II un objetivo del 12% de uso de renovables para el transporte. Con este objetivo se impulsará la producción de biocombustibles sin control, manteniendo los problemas que ya señalamos en su día de acaparación de tierras y deforestación, además del aumento de emisiones de carbono.

Por último, la mayoría de derechas del Parlamento ha impedido que todas las referencias a la pobreza energética se abrieran camino en el texto de la directiva, al igual que cualquier referencia a la calidad del empleo y una transición socialmente justa en el sector energético.

En resumen, a pesar de las innegables mejoras, lo que ha pasado con la normativa RED II muestra lo limitado de la apuesta por las renovables en el contexto de la política energética de la Unión Europea, que es demasiado cercana a los grandes lobbies que dominan el mercado energético. En los próximos días comenzaremos los trílogos –negociaciones interinstitucionales entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión- y esperamos que los avances se mantengan y que tanto la Comisión como el Consejo muestren ambición, compromiso y voluntad en la lucha contra el cambio climático, cosa que a la hora de la verdad no han demostrado.