Las cerca de 1.700 viviendas que el Ayuntamiento de Donostia prevé levantar en los terrenos que ahora ocupan los cuarteles de Loiola pueden estar en el aire. Pegados al río Urumea, los cuarteles está edificados tan sólo a 20 metros del cauce del río por tratarse de una instalación militar y contar por ello con un régimen específico de protección. Una vez vendidos los terrenos al consistorio donostiarra para usos urbanos, la dirección de Costas ha modificado la distancia de protección de 20 a 100 metros, la distancia que marca la Ley, lo que impediría que se edificaran la mayor parte de las viviendas proyectadas en el que es uno de los proyectos estrella de ayuntamiento, especialmente teniendo en cuenta que la vivienda es un bien especialmente escaso y caro en Donostia.
El cambio de distancia de la protección de 20 metros a 100 se publicó en una orden de la Dirección General de Costas el pasado 5 de abril, según adelantó el diario Noticias de Gipuzkoa, y se encuentra en estos momentos en periodo de exposición pública y de alegaciones. Fuentes del Ayuntamiento de Donostia han señalado que la compra-venta de los terrenos al Ministerio de Defensa -con el que se encuentra en “contacto permanente”, dice- se realizó con una valoración del suelo que tiene en cuenta el actual linde de protección de 20 metros, por lo que confía en que no haya ningún problema una ve superados los trámites administrativos. El consistorio ultima un “informe justificativo” para que se permita que la línea de deslinde sea de 20 metros, como estaba adjudicada hasta ahora.
Según explican desde el Ayuntamiento, la desafectación de los terrenos de los cuarteles como zona adscrita a la defensa nacional “incluía la realización de un trámite administrativo preceptivo para establecer un deslinde en el entorno del Urumea. Así, la Dirección de Costas ha instado a las administraciones implicadas, (Ministerio de Defensa, actual titular de los suelos, Gobierno vasco y Ayuntamiento donostiarra) a informar y, en su caso, plantear las alegaciones pertinentes ante el expediente incoado”.
Según se señala en la orden de la Dirección General de Costas, el plazo para la presentación de alegaciones finaliza el próximo 28 de junio. En el expediente se señala que al haber sido “desafectadas, dichas fincas han perdido esa afección a la defensa nacional, por lo que, al ser colindantes con la ribera del mar, resultan afectadas por la servidumbre de protección, según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 22/1988, de 28 de julio” que fija el 20 metros. También recoge que, “analizada la documentación urbanística aportada por el Ayuntamiento de San Sebastián, se considera que la misma no justifica la reducción anchura de la servidumbre de protección a 20 metros, por cuanto conforme a la legislación sectorial, un suelo clasificado como de ”reserva urbana“ es asimilable a un suelo urbanizable, sin perjuicio de lo que resulte durante la tramitación del expediente”.
El pasado 7 de noviembre el Consejo de Ministros dio luz verde a la venta de los terrenos donde se instalan los cuarteles al Ayuntamiento de Donostia, donde el plan es edificar alrededor de 1.700 viviendas. No obstante, la operación urbanística tendrá que esperar al menos cuatro años para materializarse, ya que el acuerdo con el Ministerio de Defensa incluye este plazo para que los militares que ahora ocupan las instalaciones busquen otro emplazamiento. El consistorio adquiere el solar, de 175.000 metros cuadrados por un precio que supera los 73,32 millones de euros.
La negociación para conseguir este acuerdo arrancó en 2020 en el marco de las conversaciones entre el PNV y el Gobierno central para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020. El acuerdo se ultimó justo a las puertas de que se votara la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Así , por esperado el acuerdo, la posibilidad de que el solar pueda no usarse ahora para construir viviendas ha ocasionado una tormenta política en la capital guipuzcoana.
Desde EH Bildu, Juan Karlos Izagirre ha esperado que “el Gobierno municipal tuviera en cuenta la Ley de Costas cuando negoció la compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola con el Estado. De lo contrario, sería una demostración de incompetencia incomprensible”. El portavoz de Elkarrekin Donostia , Víctor Lasa, ha lamentado que se haya “hipotecado gran parte del futuro” de vivienda de la ciudad en un proyecto como el de los cuarteles de Loiola que “ahora se tambalea por falta de previsión”. Mientras que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Borja Corominas, ha opinado que es “una mala noticia para los donostiarras y para el futuro de nuestra ciudad”. Además, ha criticado que PNV y PSE “han apostado todo el desarrollo urbanístico de San Sebastián a una sola carta, y el futuro hoy es más incierto que nunca”.
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