Adelantado por este periódico en agosto, el Consejo de Gobierno ha aprobado ya el decreto que desarrolla la reciente ley de la renta de garantía de ingresos (RGI). Regula los procedimientos y condiciones para el acceso a esta prestación, así como las herramientas técnicas para garantizar la seguridad jurídica, facilitar el acceso a la ayuda, garantizar la igualdad de todas las personas que pueden recibirla, y lograr “la eficacia y rigor” en la gestión y control de la RGI, según ha indicado el Ejecutivo.
El reglamento desarrolla los contenidos contemplados en la ley de 2022, aunque muchas de las previsiones recogidas ya han podido ser aplicadas, como las que han permitido facilitar el acceso a la RGI de 232 víctimas de violencia de género, nueve de trata y cinco de explotación sexual, 246 en total, así como a 218 personas refugiadas. No obstante, otros aspectos de la ley debían desarrollarse para que puedan ser efectivas. Entre ellas se encuentra el acceso a la prestación a las personas mayores de 18 años y menores de 23, la definición de situaciones de extrema necesidad, la identificación de los requisitos que han de concurrir para reconocer determinadas unidades de convivencia excepcional, y el nuevo procedimiento de actualización de las cuantías, informa Europa Press.
El reglamento ahora aprobado recoge en cinco títulos y 146 artículos la precisión técnico-jurídica que evite “la indeterminación, la discrecionalidad innecesaria y los conceptos jurídicos indeterminados”, que se completan con varios anexos que especifican la documentación exigible para cada uno de los requisitos que se establecen para el acceso a la prestación. Idoia Mendia no ha comparecido para explicar el reglamento, que ha sido presentado por el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, que ha confiado en que entre en vigor el 1 de enero de 2024.