Un total de 247 municipios vascos incumplen la Ley sobre el amianto que les obliga a elaborar censos sobre la presencia de esa sustancia peligrosa y altamente contaminante en sus edificios y calles. O lo que es lo mismo, hasta el momento sólo cinco municipios han finalizado estos censos y remitido los pertinentes informes al Gobierno vasco, y ninguna de las tres capitales vascas está en este reducido listado. Se trata de los Ayuntamientos de Errigoiti, Olaberria, Ayala, Legazpi y Beasain. Hace exactamente un año eran dos los que había trasladado sus informes al Ejecutivo, Errigoiti y Olaberria, por lo que está claro que se está avanzado con mucha lentitud.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, el consejero de Industria y Transición Energética, Mikel Jauregi, señala que un total de 31 ayuntamientos vascos han pedido algún tipo de ayudas para llevar a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el amianto. Dentro de la memoria justificativa de la ejecución de la subvención concedida, está la obligación de remitir estos censos, por lo que se recibirán en breve los 26 que faltan por cumplir con uno de los requisitos para percibir las ayudas, entre los que se encuentra el consistorio de Donostia.
La Ley estatal aprobada el mes de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, imponía el plazo de un año a los ayuntamientos desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante. El censo tiene que incluir además un calendario que planifique su retirada y tanto el listado como el calendario, debe tener carácter público y remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. El plazo para el cumplimiento de esta norma, que se cumplía en abril de 2023, se alargó primero hasta finales del año pasado, pero la realidad ha demostrado el incumplimiento absoluto de los plazos.
Muchos ayuntamientos argumentaron en su día las dificultades financieras, de personal y técnicas que suponía la elaboración de este censo, por lo que el Gobierno vasco puso en marcha unas líneas de ayudas dirigidas a ayuntamientos y a mancomunidades que desde el 2020 al 2023 incluyen la realización de acciones específicas relacionadas con el amianto, entre ellas la elaboración de censos e inventarios, la retirada o la remediación de suelo. Unas ayudas solicitadas hasta ahora por 31 municipios y que suman 731.000 euros de subvenciones.
La ausencia de censos en manos del Gobierno vasco impide tener una valoración de la cantidad que amianto que existe en los municipios y de la cantidad que se prevé retirar hasta el año 2030. La Ley obliga a que esté retirado de los edificios públicos antes de 2028. “Dicha información debe recogerse en los censos y en los calendarios que elabore cada entidad local, los cuales deben restringirse al ámbito geográfico de cada municipio. Con la información recabada hasta la fecha no es posible calcular estas cifras”, responde el consejero.
Ante el incumplimiento de la normativa, el año pasado se puso en marcha por parte del Gobierno vasco una Mesa Interdepartamental de Amianto en la que participan representantes del departamento de Industria y Transición Ecológica y de los departamentos de Salud y Economía, Trabajo y Empleo con el fin de informar y formar a los municipios sobre todos los procedimientos. Según reconoce Jauregi en su respuesta, “hasta la fecha se han celebrado dos sesiones dirigidas a los ayuntamientos”. Una el 15 de mayo y otra el 23 de septiembre de 2024 en las que se ha informado “sobre los diferentes aspectos” regulados en la Ley “y para presentar las herramientas que se han desarrollado desde esta mesa para apoyar a los ayuntamientos en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de dicha legislación”.
Jauregi recuerda no obstante, que “las funciones que competen al gobierno autonómico, tal y como se regulan en dicha norma son las de inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. La responsabilidad de cumplir con el resto de las obligaciones es de cada ayuntamiento”, reitera. En cuanto a las medidas puestas en marcha por la Mesa del Amianto para facilitar la elaboración de los censos por los ayuntamientos, el consejero detalla la elaboración en mayo de 2024, de una guía metodológica para llevar a cabo la elaboración de los censos municipales de amianto junto con el desarrollo de herramientas digitales para editar y consultar los censos; la celebración de jornadas de trabajo con los ayuntamientos y otros agentes implicados; la convocatoria de ayudas para llevar a cabo actuaciones relacionadas con el amianto (731.000 euros subvencionados entre los años 2020 y 2023); y la activación de un buzón de correo electrónico específico para la resolución de consultas y dudas que puedan surgir desde las entidades locales.
Insiste el Gobierno vasco en que la Mesa Interdepartamental de Amianto “está trabajando activamente en el objetivo de desamiantado establecido en la Ley 7/2022, priorizando el apoyo a los ayuntamientos para la elaboración de los censos y de los calendarios de retirada, y la búsqueda de soluciones en lo que se refiere a la recogida y gestión de los residuos de amianto”.
En cuanto a los planes concretos, señala el consejero que el Plan de prevención y gestión de residuos 2030 prevé como actuación prioritaria 10 un Plan de desamiantado (recogida y gestión de fibrocemento estructural) en poder de la ciudadanía (el que más riesgos presenta) en colaboración con las Diputaciones Forales y el Instituto Vasco de Salud- Osalan. Este plan requiere además del acuerdo con Diputaciones y Osalan el diseño de la campaña así, como el acuerdo para la gestión final del amianto en vertedero. Recuerda, no obstante de nuevo que la competencia de gestión y recogida de ese amianto compete a los ayuntamientos por tratarse de residuos con amianto que se encuentran en poder de la ciudadanía. El diseño de este plan se está enfocando en el marco del Órgano de Coordinación de Residuos, órgano en el que participan las tres Diputaciones forales, en cuanto que se requiere la participación de otras administraciones implicadas a fin de poder establecer estrategias de recogida en Garbigunes o puntos limpios, indica.
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