La ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión ha cerrado su primer año completo de vigencia con un incremento de más de 600 mujeres víctimas de diferentes formas de maltrato y explotación protegidas por el sistema, así como con un aumento de las nuevas concesiones que supera al incremento del número total de expedientes en vigor. En estos primeros doce meses, hay 531 mujeres víctimas de violencia de género que, gracias a la relajación de requisitos para sus situaciones de especial vulnerabilidad, han podido acceder a la garantía de unos ingresos que les permite empezar una vida alejadas de sus agresores, a las que se suman 53 víctimas de violencia doméstica, 13 de trata de seres humanos y seis de explotación sexual.
Además, el nuevo modelo ha permitido emprender un proyecto vital propio a 224 personas procedentes de sistemas de protección de menores, a 503 refugiadas, 229 acogidas a protección temporal, siete víctimas de terrorismo que tuvieron que exiliarse y que han vuelto a Euskadi, y otras cuatro procedentes de colectividad vasca en el exterior, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press. En el cierre del primer año completo de la ley, el total de expedientes activos es de 57.941, que suponen 6.427 más de los que había en marzo de 2023. No obstante, el total de nuevas concesiones han alcanzado es de 12.965.
Esta diferencia significa que, aunque se ha llegado a unos grupos de personas en situación vulnerable a las que antes no se protegía o se hacía con mayor retraso, son más las personas que han conseguido salir del sistema, con un saldo negativo de 6.538, “algo coherente con la excepcional evolución del empleo en este tiempo, en situación de máximos históricos”, tal y como ha indicado el Ejecutivo. En el mes de marzo, 15.457 titulares de RGI tenían a cargo a menores, de las cuales 8.331 eran unidades monoparentales, mayoritariamente mujeres. Existen 3.459 titulares con algún grado de discapacidad que también se benefician del nuevo modelo, y un total de 2.273 víctimas de diferentes violencias que cuentan también con esta protección. El número de pensionistas que complementan sus ingresos con una RGI, que también ofrece una mayor cobertura con la nueva ley alcanza 14.951 titulares, 1.993 más que en marzo del año pasado. En cuanto a las personas que, aunque disponen de un trabajo, sus ingresos son insuficientes y tienen derecho a esta prestación complementaria, en marzo sumaban 11.543, frente a los 8.596 de marzo de 2023, y suponen en la actualidad el 19,9% del total de expedientes de la RGI.
Al cierre de marzo, 69.980 personas percibían algún tipo de prestación desde Lanbide. En concreto, 57.941 personas eran titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, 607 más que el mes anterior, mientras que, de los 25.568 titulares del Ingreso Mínimo Vital, 13.529 lo complementan con la RGI. En cuanto a las prestaciones complementarias de vivienda, desde este mes las nuevas solicitudes se tramitan a través del Departamento de Vivienda, y en los próximos meses se irá produciendo una transferencia progresiva de expedientes, en la medida en que los vigentes vayan terminando su vigencia de dos años, hacia el nuevo servicio conjunto derivado del Decreto sobre el derecho subjetivo.