La Abogacía del Estado va a solicitar una pena de siete años de prisión para el exalcalde de Alonsotegi por el PNV entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. En concreto, se ha registrado ya un escrito ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el que se da por probado que se falsificaron certificaciones de obras no realizadas para obtener del Gobierno central dos líneas de subvención de 230.068,82 y 231.000 euros (casi 462.000 euros en total) en el marco del denominado Plan E de dinamización de la economía impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
El escrito de calificación de la Abogacía del Estado es, en esencia, muy similar al de la Fiscalía, conocido hace dos semanas. Se interpreta que, puestos de común acuerdo, el regidor, el asesor municipal Alberto Zulueta y los gestores de las empresas Laneder y Pabisa (Campezo) idearon un sistema para obtener estos fondos públicos para obtener un beneficio ilícito.
Sin embargo, el ministerio fiscal incluye también como pruebas de la presunta comisión de delitos como la prevaricación, la falsedad documental o la malversación que Santisteban y el resto de imputados emplearon el mismo 'modus operandi' de validar certificaciones falsas para obtener fondos no solamente del Gobierno central sino igualmente de la Diputación de Bizkaia (1.783.009,17 euros) o del propio Ayuntamiento (24.303,10 y 28.946,13 euros).
Más en detalle, las obras supuestamente ejecutadas para las que se pidieron fondos estatales fueron la “Reforma de los servicios sociales del campo deportivo municipal de Basteita” y la “Urbanización para promoción de la accesibilidad del eje urbano de Loibe”. En el primer caso ni el Ayuntamiento podría disponer del recinto deportivo con titularidad plena para hacer obras ni había allí servicios sociales que reformar, pese a lo cual Santisteban firmó varias autorizaciones de gasto.
En el segundo caso, no constan los trabajos de supresión de barreras arquitectónicas o de pavimentación prometidos. Con las certificaciones presentadas con todos los parabienes municipales, el Estado concedió prácticamente el 100% de la ayuda solicitada al Plan E.
Una desconocida Macarena Olona
Esta causa la originó una denuncia de EH Bildu, grupo de la oposición en Alonsotegi y que también tendrá que presentar en breve un escrito de conclusiones y petición de penas. A la luz de estas denuncias, la Abogacía del Estado se personó en el sumario abierto por un juzgado de Instrucción de Barakaldo. Quien entonces era responsable de los servicios jurídicos del Gobierno central en Euskadi era Macarena Olona, en aquel momento desconocida para la opinión pública y que luego saltó a Vox.
Esta pieza que afecta al mandato de Santisteban es una de las tres abiertas en la localidad vizcaína de Alonsotegi por irregularidades en la gestión municipal. La más avanzada atañe a la etapa en la alcaldía de José Luis Erezuma, también del PNV y recientemente fallecido. Los hechos de esa legislatura (la 2011-2015) son muy similares, con certificaciones de obras aparentemente inexistentes para cobrar fondos, y de nuevo emerge la empresa Laneder. Los imputados en esta pieza llegaron a asumir los hechos en un acuerdo que les iba a evitar la cárcel, aunque finalmente no devolvieron el dinero y la causa espera fecha de juicio. En marzo continuará, de su lado, la investigación del tercero de los expedientes, relativo a la etapa de Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007) aunque abarca también al mandato de Santisteban.
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