“No recibí ninguna ayuda, y nadie me informó. Mi abogado me aconsejó qué era lo mejor que podía hacer y decir. Hubiera sido preferible que alguien me hubiera ayudado a entender lo que no entendía, como ocurrió después con Plena Inclusión [red de organizaciones que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo]. Sin embargo, no conocía a nadie que pudiera ayudarme. No parecían prestarme atención y parecía que me hablaban en chino o japonés. Había palabras que nunca había oído. No me dejaban decir nada”. Este es el testimonio de una persona con discapacidad intelectual después de haber sido acusada en un juicio en el que no conseguía entender qué estaba ocurriendo exactamente. Ha sido recogido en el Documento informativo sobre las barreras que enfrentan las personas acusadas con discapacidad intelectual o psicosocial en el sistema judicial en España.
Al igual que en este caso, cientos de personas con discapacidad se enfrentan a procedimientos judiciales en los que ni entienden ni se les explica lo que está ocurriendo. No se les acompaña, se les paternaliza e incluso hasta Ley 8/2021, que eliminó las incapacitaciones y las tutelas, se les anulaba y sustituía como sujetos de pleno derecho y libertades. Con el fin de acabar con estas situaciones, recientemente se ha aprobado el “Plan de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad 2023-2027”, impulsado por el extinto Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, ahora de Justicia y Derechos Humanos. Este plan, que se enmarca en el Plan Estratégico de Justicia 2022-2028, persigue avanzar en la garantía del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, de forma efectiva y en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía. Para ello, define cuatro líneas estratégicas: acceso a la Justicia, acceso a las sedes judiciales, acceso a los procedimientos y conocimiento, que se concretan en 13 proyectos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, ha acudido este miércoles a los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para explicar el “Plan de acceso a la Justicia para personas con discapacidad intelectual”. Ha comenzado su conferencia confesando que no se siente cómodo empleando el término “discapacidad”, puesto que, según ha expresado, se trata de un término que se centra en las “limitaciones” de la persona y no en “lo positivo”.
“El gran debate es que la Justicia debe ser accesible, atenta y garantista por lo que las personas con discapacidad quieren y deberían ejercer sus derechos y libertades siendo como son y con las condiciones que tienen, por lo que deben ser los poderes públicos y las instituciones las que se tienen que reconfigurar para convivir mejor con los demás”, ha indicado Subijana.
Muchas veces nos confiesan que durante el proceso se han sentido solos, no han entendido nada o no se han sentido cuidados y este es un reto de todo el sistema
Ello supone, según ha explicado el presidente del TSJPV a modo de ejemplo, que en el caso de que haya una colisión o un interés concreto de la familia, el centro educativo o cualquier institución diferente al de la persona con discapacidad, se deben satisfacer los intereses preferentes, en este caso los de esa persona con discapacidad. “Hay que aplicar la proporcionalidad. Esto no significa que los padres deban ser expulsados del proceso, pero para lograr autonomía, los padres deben ser desplazados. Solo una sociedad justa merece la pena y una sociedad justa es aquella que hace propia la diversidad y hace un valor de la diferencia”, ha recalcado.
Subijana ha hablado de dos conceptos innovadores que trae consigo el nuevo plan. El primero, la Justicia subsidiaria, que se debe emplear cuando el resto de recursos no funcionan y que debe usarse como último recurso, utilizando antes el resto de las instituciones posibles para no tener que llegar a ese paso. El segundo, la Justicia de cuidado. Esta última, según ha detallado, “tiene que ver con el camino recorrido”. “Estas personas lo que valoran no es solo la decisión que toma la Justicia, sino todo el proceso. Muchas veces nos confiesan que durante el proceso se han sentido solos, no han entendido nada o no se han sentido cuidados y este es un reto de todo el sistema. El problema es que nuestros sistemas jurídicos son productivistas, pero no valoran la calidad de los procesos, solo el resultado. ¿Qué pasa entonces con los problemas de capacidad o accesibilidad?”, se ha preguntado Subijana.
La solución, en este sentido, pasa por el acompañamiento de estas personas. “La Justicia debe ser protectora, pero sin paternalismos. Antes la Justicia era sustitutiva, a las personas con algún tipo de discapacidad se les sustituía, se les tutelaba. Ahora estamos aprendiendo a acompañarles institucionalmente hasta donde puedan decidir. Antes otros decidían por ellos, ahora son ellos mismos quienes deciden para ellos mismos”, ha aseverado.
Es importante que la digitalización no sea una barrera, que se cambien las instalaciones necesarias y se adapten edificios y, algo que no cuesta dinero pero es fundamental, que reciban un trato humano y amable
Otra de las cuestiones que hacen que la atención de las personas con discapacidad sea una u otra es el mismo concepto de discapacidad, que engloba condiciones totalmente distintas. Por ello, cada persona puede enfrentarse a barreras diferentes durante el proceso legal. Para todas ellas, el nuevo plan contiene una serie de herramientas. A la hora de enfrentarse a barreras de comprensión, el plan ofrece información “comprensible, personal y general”. Da la posibilidad de dar esa información por teléfono o internet. Utiliza elementos de apoyo en la salas de visitas y hace hincapié en el tipo de lenguaje utilizado.
Para ello recalca la necesidad de la formación específica de los trabajadores en el ámbito de la justicia, ya sea dentro de la Judicatura, la Fiscalía, los operadores jurídicos externos o cualquier tipo de trabajador con el que las personas que encuentren durante el proceso. “La accesibilidad debe ser universal en todos los aspectos. En este sentido es importante que la digitalización no sea una barrera, que se cambien las instalaciones necesarias y se adapten edificios y, algo que no cuesta dinero pero es fundamental, que reciban un trato humano y amable. A pesar de ese trato amable, es importante escuchar los comentarios de las personas que atendemos, porque puede que nos confiesen que aunque el trato haya sido positivo, siguen sin entender nada del proceso. Tenemos que trabajar de forma ambiciosa para cumplir los objetivos previstos para 2027 -que no serán los únicos porque seguirán surgiendo más- y poder decir en 2028 que tenemos una mejor Justicia”, ha concluido.
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