Un grupo de activistas se ha manifestado frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao contra los recortes y la aplicación de “leyes abusivas como la Ley Mordaza cada vez que hay una protesta en contra”. “Denunciamos los recortes sociales y el gasto militar que destinan los gobiernos. Y, cuando salimos a la calle a manifestarnos nos sancionan”, denuncia a este periódico Luis García, representante de la coordinadora antimilitarista Kakitzat.
En su caso y el de sus compañeros, fueron sancionados por la Ertzaintza por desobediencia hace un año y medio por una protesta que tuvo lugar frente al cuartel militar de Bilbao. Los activistas han recurrido la sanción, pero no es la única que se ha producido en la ciudad, ya que el pasado enero otros dos hombres fueron juzgados en este caso por daños a ese mismo cuartel. Los activistas en una operación teatralizada golpearon con mazas el muro del cuartel y levantaron un andamio “simulando una obra para reformar el barrio”. La Fiscalía pide en su caso una multa de 4.500 euros y una pena de prisión de 18 meses.
“Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose contra la criminalización de la pobreza y los recortes sociales mientras se incrementan las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar”, han denunciado desde los colectivos sociales convocantes. Otro de los puntos de su protesta ha sido que el hecho de que Lanbide haya incorporado 19 inspectores para la nueva unidad de control de la RGI, “afecta y criminaliza a las personas que solicitan este tipo de ayudas”.
“El propio Gobierno vasco ha asegurado que el fraude en este tipo de ayudas es mínimo y, mediante el control por parte de los inspectores y de la Ertzaintza criminaliza a quien la solicita. Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño. Desde el Gobierno vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares empobrecidos señalados como proclives al fraude. Cuando, según datos del propio Gobierno vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%”, critica García.
“El Gobierno vasco que también persigue la protesta social que pretende evidenciar que la dilapidación de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto de crisis e incremento de los precios de los recursos básicos: alimentos, energía, alquileres e hipotecas”, han denunciado los activistas tras una pancarta en la que se leía “el gasto militar nos deja en pañales”.
En este sentido, preguntado por el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu sobre la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2025, García ha recalcado que “es una barbaridad que se siga echando a la gente de sus casas”. “A todas las personas, solo por el hecho de serlo, se les debe ofrecer una alternativa de vivienda. No se les puede dejar en la calle. No voy a entrar a valorar el acuerdo, pero siempre se le debe dar solución a las personas en exclusión social o pobreza”, sostiene el activista.
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