Los acusados por las irregularidades en Alonsotegi no devuelven el dinero tras haberse comprometido en un pacto

El exalcalde de la localidad vizcaína de Alonsotegi entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), el arquitecto municipal Alberto Zulueta y los empresarios de Laneder Construcciones, Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga, no han comprometido todavía un calendario para la devolución de 681.392,38 euros (más unos 200.000 adicionales en intereses) por unas obras abonadas pero no ejecutadas en ese municipio, sobre el que pesan también otras dos investigaciones de corrupción. Hace dos meses, y con el ánimo de evitar la cárcel, todos ellos admitieron 'de facto' los delitos y llegaron a un acuerdo económico con las acusaciones. Ahora “están dando largas” y ya se ha fijado el 20 de abril, después de Semana Santa, para que -si no cumplen- se vuelva a la casilla de salida, romper la oferta y sentar en el banquillo de los acusados al expolítico, al extécnico y a los constructores. Se expondrían a penas de hasta ocho años de cárcel.

“Han tenido tiempo más que suficiente. Si no lo han hecho para entonces, es que no lo han querido hacer”, explican fuentes de las acusaciones. En este proceso está personada la Fiscalía, una acusación popular de EH Bildu -formación política que denunció las irregularidades al entrar en la oposición-, el propio Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia. El pacto alcanzado en enero -adelantado por este periódico- partía del reconocimiento de que se cobraron unas subvenciones forales para abonar a unas empresas unas facturas por unos trabajos realmente no ejecutados. Se ahorrarían el juicio y pisar la cárcel -con una condena de dos años y sin antecedentes se suele suspender- al asumir que cometieron prevaricación, falsedad documental y fraude en las subvenciones.

Como habían consignado ya 100.000 euros, se trataba de devolver el resto hasta casi 900.000 con una serie de embargos de propiedades y un calendario supervisado. Ya en un inicio sorprendió a las fuentes judiciales consultadas que el listado de inmuebles distintos a las viviendas habituales elaborado para su liquidación, propiedades en zonas de Bizkaia o de Cantabria, ya había algunos que no aparecieron en las averiguaciones patrimoniales durante la investigación judicial. Sin embargo, había voluntad de crear un marco de garantías para el resarcimiento del quebranto económico al joven municipio, escindido de Barakaldo en 1991 y en el que nació el hoy lehendakari, Iñigo Urkullu.

El pacto se iba a sustanciar en una “vistilla” y no se iba a celebrar el juicio como tal. Ahora, de romperse el acuerdo, los acusados sí tendrían que ir al banquillo. Jurídicamente, su reconocimiento implícito de culpabilidad no sería valido salvo que lo replicaran ante el tribunal. Sí serían válidas algunas manifestaciones asumiendo las obras no realizadas de los constructores en la fase previa de instrucción, aunque la jurisprudencia suele requerir que esa prueba se replique en el plenario, donde los imputados tienen derecho a mentir o a no contestar a preguntas, a no autoinculparse, en definitiva. En este enredo jurídico, sigue sin haber avances en las otras dos causas judiciales pendientes. Una está vinculada con irregularidades en la entidad municipal Alonsotegi Eraikiz y otra pieza es muy similar a la actual, también en relación con obras cobradas pero no ejecutadas. Además de Erezuma, sus dos predecesores del PNV están investigados por corrupción. Son Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), que luego fue alto cargo de la Diputación de Bizkaia, y Aitor Santesteban (2007-2011).