Aintzane Ezenarro, el discreto final político de quien pasó de Aralar a dirigir el Instituto de la Memoria para el PNV

Aintzane Ezenarro (Getaria, 1971) ha abandonado la primera línea política por la puerta de atrás. Gran referencia del partido abertzale pacifista Aralar hasta su expulsión en 2012, inició en 2013 una segunda vida como asesora del Gobierno de Iñigo Urkullu y acabó en 2015, de nuevo a propuesta del PNV, como primera directora del Instituto de la Memoria (Gogora). En el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales, las competencias de Derechos Humanos han pasado al PSE-EE, que ha designado a Alberto Alonso al frente de Gogora. La hasta ahora única directora de ese organismo, que nunca se llegó a afiliar al PNV según fuentes de esta formación, ha sido destituida y no consta que haya encontrado acomodo en ningún otro lugar.

Ezenarro es periodista de formación. Trabajó en EiTB o en 'El Mundo'. Inició su militancia en Elkarri, donde coincidió con Jonan Fernández, que luego sería clave tras su abrupta salida de Aralar. En política, pronto se incorporó a esta escisión de la izquierda abertzale crítica con el apoyo a ETA encabezada por Patxi Zabaleta. En 2003 fue elegida edil en su Getaria natal y unos meses después ocupó un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa. En 2005 fue candidata en las autonómicas y resultó elegida como única representante de la formación independentista en la Cámara vasca. Fue una de las que con más intensidad denunció las irregularidades en la puesta en marcha del museo Balenciaga, un saqueo acreditado por la Justicia muchos años después y que destapó algunos engranajes internos del PNV de Gipuzkoa.

Repitió como candidata de Aralar en 2009. Con la izquierda abertzale oficial ilegalizada, esta formación alcanzó los cuatro escaños en la legislatura de Patxi López. En 2011 ETA anunció el cese de la violencia y el Parlamento decidió crear una ponencia para gestionar el posterrorismo en Euskadi. Era también el momento de creación de EH Bildu, que surgió como Bildu inicialmente al sumar a Sortu (la nueva marca de la izquierda abertzale), EA y Alternatiba y que luego pasó a ser Amaiur al incorporar a Aralar para las generales que hicieron presidente a Mariano Rajoy.

Ezenarro nunca ocultó sus recelos a regresar a la colaboración con aquéllos de quienes se habían escindido años atrás. Públicamente recalcó que les faltaba recorrido en materia de derechos humanos. Pero fue el dictamen de la ponencia de paz lo que reventó Aralar. El documento, conocido con el paso del tiempo como “suelo ético”, fueron unas bases de denuncia de la violencia acordadas por el PSE-EE, entonces en el Gobierno, el PP, su socio, el PNV, la fuerza mayoritaria de la oposición, IU y UPyD. Los partidos del entorno de EH Bildu, todavía sin representación como tal, no lo secundaron. EA así procedió pero tres de los cuatro electos de Aralar, capitaneados por Ezenarro, se sumaron al “suelo ético”. La dirección de Aralar criticó también que Ezenarro negociara la puesta en marcha de Gogora y aseguró que estaba actuando en nombre propio y no de la organización.

Ezenarro y sus colegas Mikel Basabe y Oxel Erostarbe acabaron expulsados. De hecho, se tuvieron que dar de baja del Parlamento y renunciar a sus actas, aunque nunca se notó porque se acabó la legislatura y se celebraron elecciones. Ezenarro, que había trabado muy buena relación con el PNV y particularmente con su portavoz parlamentario y presidente en Gipuzkoa, Joseba Egibar, repetía que no iba a dar el salto a las filas 'jeltzales'. En esas autonómicas EH Bildu incluyó al cuarto de los de Aralar en las listas, Daniel Maeztu, y llegó a la Cámara también Rebeka Ubera, la secretaria general que relevó a Zabaleta. Aralar, pocos años después, disolvió sus estructuras y se integró plenamente en EH Bildu a diferencia de EA y Aralar.

El nuevo lehendakari, Iñigo Urkullu, fichó a Jonan Fernández para dirigir sus políticas de víctimas y derechos humanos. Y, en 2013, Fernández incorporó como asesora a Ezenarro. Inicialmente, trabajó en Educación para coordinar la presencia de las víctimas en las aulas, pero pronto saltó a Presidencia. En 2015 se inauguró el Instituto de la Memoria en cuya gestación ella misma había trabajado y fue designada como directora, el cargo en el que se ha mantenido nueve años. “Ha habido un relevo. Ha cambiado hasta el lehendakari. Es lo natural”, explican desde el actual Ejecutivo. No consta ningún nuevo destino para ella. Ezenarro no ha querido participar en este reportaje.

El PSE-EE ha dicho públicamente que quiere dar un nuevo “enfoque” a Gogora. Este organismo, que convive con el Memorial del Gobierno central, con sede en Vitoria, está destinado a gestionar las políticas de memoria desde la Guerra Civil hasta el terrorismo, pasando por la violencia policial o de la dictadura. Los socialistas entienden que ha incidido en exceso en el pasado más lejano y que se ha dejado minimizado el “pasado reciente” y, singularmente, el papel de los “victimarios”, es decir, de ETA.

El episodio más controvertido de la etapa de Ezenarro en Gogora, sin embargo, tuvo que ver con la gestión económica. Este periódico reveló en enero de 2020 que el proyecto estrella del instituto, una carpa itinerante llamada Plaza de la Memoria, había sido adjudicada mediante contratos troceados a diferentes empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, que precisamente formaba parte de ese engranaje que ella denunció años atrás con Balenciaga. Las cuatro marcas del grupo Montai, la propia Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa, que son además quienes organizan los mítines del partido, coparon las adjudicaciones de Gogora, en un altísimo porcentaje sin concurso. Los municipios por los que pasaba la carpa también contrataban a Montai por orden de Gogora.

El asunto trascendió a Gogora. El Gobierno de Urkullu llegó a formalizar hasta 2020 377 adjudicaciones a Montai, 366 de ellas directas. En algunos casos se simulaban concursos en que 'competían' dos marcas de Elorza, como en Juventud. La factura superó los 2,5 millones de euros sin contar el dinero de la Diputación de Gipuzkoa o de municipios como Hondarribia. La oposición realizó interpelaciones al lehendakari sobre el asunto y la propia Ezenarro llegó a citarse con los partidos en reuniones a puerta cerrada para ofrecerles su versión exculpatoria sobre los hechos, aunque nunca ofreció explicaciones públicas porque, entonces también, se convocaron elecciones.

Después de esos comicios, Ezenarro continuó al frente de Gogora, aunque en algunos sectores se le dio entonces por amortizada. Sin embargo, Urkullu sí decidió sacar ese organismo de Presidencia y encuadrarlo en un departamento llamado Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Jonan Fernández dejó de coordinar esas políticas y quedaron en manos del viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz, procedente de la Universidad de Deusto. Ahora, cuatro años después, Ezenarro sí ha tenido que salir de Gogora. Eso sí, con Pradales ya investido por el Parlamento firmó el inicio del decreto de desarrollo de la ley autonómica de memoria histórica e incluso ofreció alguna entrevista, lo que no gustó a los nuevos gestores socialistas.