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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Aitor Tellería, el primer exdirigente del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel y el último en entrar por el 'caso De Miguel'

Aitor Tellería fue el primero de los excargos del PNV de Álava que pudo ir a la cárcel, allá por 2013, y está siendo el último de los condenados en el marco del 'caso De Miguel' de corrupción en ver ejecutada la pena de prisión, en su caso de seis años, un mes y quince días. Con sus excompañeros de partido y exsocios en una asociación ilícita para cobrar comisiones Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano ya encarcelados desde julio, al igual que el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles, que entró en mayo en el penal alavés de Zaballa, Tellería tiene pendiente de que se analice si los problemas de salud que ha alegado son suficientes para que se le suspenda el cumplimiento efectivo de la condena. Con agosto como mes habitualmente inhábil en los juzgados, su caso se demorará al menos hasta septiembre, según indican fuentes judiciales.

Entre los cuatro implicados en la trama que sí o sí tienen que entrar a la cárcel por el alcance de sus delitos, fueron dos los que alegaron motivos de salud, Ochandiano y Tellería. Para el primero, se estimó que sus patologías no eran incompatibles con la estancia en Zaballa y que, en su caso, podría recibir atención allí. Tellería sí logró un primer dictamen favorable a sus intereses aunque la Fiscalía requirió un análisis más exhaustivo y ahora es la Audiencia Provincial de Álava, en concreto los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, la que tiene la última palabra. Asimismo, Ochandiano y Tellería, al igual que De Miguel, esperan igualmente la resolución de los indultos políticos que han solicitado al Gobierno de España. Eso sí, la petición de la medida de gracia no comporta automáticamente evitar la cárcel mientras se resuelve, como ha acreditado el tribunal en variadas ocasiones en los casos de De Miguel y Ochandiano, que así lo habían solicitado.

El precedente del 'caso Tellería'

Tellería ya pudo evitar la cárcel hace una década. Cuando se inició la investigación del 'caso de Miguel', se llevaron a cabo registros en las viviendas y otros despachos de los primeros implicados, entre ellos De Miguel, Ochandiano y Tellería. El primero almacenaba en sus equipos informáticos información de variadas empresas en las que aparentemente no figuraba. El segundo guardaba un cuaderno con notas sobre movimientos económicos opacos y dinero negro. Y el tercero, entre otras cosas, tenía archivos informáticos que motivaron una pieza separada y una compleja investigación paralela a la del 'caso De Miguel'. La encabezaron el mismo instructor, Roberto Ramos, y el mismo fiscal, Josu Izaguirre.

¿Qué había en esos documentos? En lo que se conoció como 'caso Tellería' se llegó a celebrar un juicio en marzo de 2013 contra el expolítico, que ha sido concejal en Vitoria y juntero en Álava, entre otros cargos, porque la Fiscalía sostenía que esos archivos tenían apariencia policial por la forma en la que estaban escritos y por su contenido. En ellos se aludía, por ejemplo, a agentes y confidentes de los servicios de información de la Ertzaintza, entonces conocidos como UIA, y con Tellería acabaron en el banquillo dos ertzainas de ese grupo que, además, eran militantes del PNV. Desde esa misma unidad se acreditaron accesos indebidos a los atestados del inicio del 'caso De Miguel'.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Álava Íñigo Madaria, Íñigo Elizburu y Edmundo Rodríguez consideraron en la sentencia “verosímil” que Tellería hubiese creado con policías afines un “entramado” para la “canalización de información” policial hacia el exterior pero se consideró que al no ser esos archivos ficheros policiales como tales y al no haber pruebas del perjuicio concreto causado por esa labor los tres imputados quedaron absueltos. La Fiscalía se quejó públicamente de que no tuvo medios para indagar bien dentro de la unidad más inexpugnable de cualquier Policía. “Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa”, protestó en una de las vistas el fiscal Izaguirre.