La alcaldesa de Barakaldo declara como investigada en el juzgado de Barakaldo evitando la puerta principal

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), ha declarado este viernes como investigada en los juzgados de Barakaldo por un supuesto caso de 'mobbing' a los letrados del Ayuntamiento, José María de Pablo y María Dívar, un antiguo conflicto que ha enfrentado ya en varias ocasiones a las partes en el contencioso-administrativo y que ha iniciado ahora la vía penal tras la denuncia de la Fiscalía. La alcaldesa ha accedido a los juzgados sin pasar por la puerta principal.

Junto a la regidora estaba previsto que declararan otras siete personas, pero las declaraciones “extensas” que ha tenido lugar en esta primera jornada, sólo ha hecho posible que declaren tres personas, entre ellas la alcaldesa, por lo que el resto de los investigados prestará declaración otro día, aún por determinar, aunque podrá ser ya después del periodo navideño. Además de Del Campo ha declarado Fernando Mier, médico y responsable de Salud Laboral, y Humberto Estébanez, exsecretario general municipal. Junto a ellos están investigados -lo que antes se entendía como imputados- Sonia Samaniego, jefe de personal, Gorka Zubiaurre, concejal delegado de Alcaldía, Iratxe Forces, concejala y exresposable de Recursos Humanos y Yolanda Fika, exconcejala de Seguridad Ciudadana, cuya declaración ha quedado pospuesta.

Las partes han renunciado a hacer declaraciones hasta que no concluya esta fase de instrucción. Los investigados se enfrentan a delitos contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación o falsedad de documento público. Los abogados denunciantes, que ejercen la acusación particular en este procedimientom acusan a la alcaldesa y a su equipo de “trato degradante” y de presunta manipulación de decretos de la alcaldía.

El conflicto abierto de la alcaldesa con los trabajadores arrancó en 2018. El PNV se encontró con este equipo jurídico, constituido por José María Pablos, como letrado titular, y María Dívar, letrada interina, a su llegada al consistorio tras ganar las elecciones en 2015, después de desbancar al anterior Gobierno socialista por primera vez en 32 años. Tres años después empezaron los enfrentamientos entre la alcaldesa y los letrados, que han acabado en los tribunales, con la mayoría de las sentencias falladas hasta ahora favorables a los letrados -quedan casos aún por fallar-. Tras producirse varias desavenencias y denuncias, Amaia del Campo dio por sentado una pérdida de confianza hacia los letrados e inició un proceso que acabó con el procedimiento de “remoción” -privación de cargo o empleo- de José Mari Pablos de su puesto de trabajo, y le destituyó como jefe de servicio de la asesoría jurídica degradándole al puesto de letrado asesor. Posteriormente, despidió a la que entonces era letrada asesora porque, al ser funcionaria interina, su puesto desaparecía al ser ocupado por el hasta entonces jefe de la asesoría jurídica. Ambas cuestiones fueron anuladas por el juez que condenó al Ayuntamiento a restituirles en sus puestos, pagándoles lo que han dejado de percibir durante ese tiempo, incluida la Seguridad Social. Antes también habían dado la razón los tribunales a las reclamaciones salariales de María Dívar.

La tensión llegó a su nivel máximo cuando en 2022 se aprobó la jubilación forzosa del letrado jefe de servicio a los 66 años y dos meses de edad, pese a que en abril del año anterior se le había autorizado prolongar la actividad hasta los 70 años. Una decisión que también tumbaron los tribunales.