La alcaldesa de Barakaldo investigada por mobbing: el antiguo caso de los letrados del Ayuntamiento inicia la vía penal

Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo, declarará en próximo viernes en los juzgados de la localidad como investigada en un procedimiento por acoso laboral. El caso de los exletrados del Ayuntamiento, que lleva desde 2018 enfrascado en litigios en el contencioso-administrativo y en los juzgados de lo Social, inicia ahora la vía penal. El procedimiento está en un momento preliminar, en fase de instrucción, tras una denuncia de la Fiscalía, pero de momento lleva a la alcaldesa del PNV a los juzgados en el enfrentamiento que mantiene con abierto con los que fueron letrados del consistorio, y que Del Campo 'heredó' de la etapa de gobierno socialista en el consistorio a su llegada a la alcaldía en 2015. Se trata de José María de Pablos y María Dívar, que ejercen la acusación particular en este procedimiento.

Fuentes de las partes han confirmado que junto a la alcaldesa declararán en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo como investigados -antiguos imputados- otros cargos y excargos del Ayuntamiento: Gorka Zubiaurre, concejal delegado de Alaldía, Iratxe Forces, concejala y exresposable de Recursos Humanos, Humberto Estébanez, exsecretario general municipal, Yolanda Fika, exconcejala de Seguridad Ciudadana, el médico y responsable de Salud Laboral, Fernando Mier, y Sonia Samaniego, jefe de personal.

Las acusaciones a las que se enfrentan van desde delitos contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación o falsedad de documento público. Los abogados denunciantes acusan a la alcaldesa y su equipo de “trato degradante” y de presunta manipulación de decretos de la alcaldía.

El conflicto abierto de la alcaldesa con los trabajadores arrancó en 2018. El PNV se encontró con este equipo jurídico, constituido por José María Pablos, como letrado titular, y María Dívar, letrada interina, a su llegada al consistorio tras ganar las elecciones en 2015, después de desbancar al anterior Gobierno socialista por primera vez en 32 años. Tres años después empezaron los enfrentamientos entre la alcaldesa y los letrados, que han acabado en los tribunales, con la mayoría de las sentencias falladas hasta ahora favorables a los letrados -quedan casos aún por fallar-.

Los conflictos arrancaron cuando María Dívar solicitó que se le equiparase el puesto en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) con el de su compañero, José María Pablos, al considerar que realizaba las mismas funciones. Aunque el Pleno del Ayuntamiento se posicionó mayoritariamente a su favor, con el voto del PSE-EE, EH Bildu e Irabazi, la marca de la izquierda entonces, finalmente se desestimó el recurso de la trabajadora. Tras varias reclamaciones de María Dívar para que se reconocieran determinados complementos retributivos que la Alcaldía rechazó por decreto, se produjo en 2019 uno de los momentos de mayor tensión entre la Alcaldía y los servicios jurídicos cuando Pablos y Dívar elaboraron un informe sobre la defensa judicial en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Miranda contra una moción aprobada por el Pleno Municipal en septiembre de 2018. En ese informe, los letrados recomendaban revocar ese acuerdo plenario, ya que consideraban que no se tenían competencias para aprobarlo y no se había seguido el procedimiento legal establecido. La alcaldesa decidió seguir adelante y defender la moción en los tribunales, que finalmente perdió.

A partir de ese momento, la Alcaldía dejó constancia en un decreto fechado en marzo de 2019 de que los letrados seguían la práctica procesal de solicitar por su cuenta suspensiones de procedimientos cuando consideraban que no se ajustaban a derecho sin contar para ello con la Alcaldía o el área concernida, y al considerar que existía una pérdida de confianza, Amaia del Campo dispuso de una serie de instrucciones para obligarles a comunicar de forma previa todas las decisiones en el ámbito procesal. Este decreto, restringiendo las funciones de los letrados, fue posteriormente declarado contrario a derecho y nulo por los tribunales tras admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por María Dívar y José Mará Pablos.

Unos meses más tarde, en octubre de 2019, la alcaldesa aprobó iniciar el procedimiento de “remoción” -privación de cargo o empleo- de José Mari Pablos de su puesto de trabajo, alegando “falta de confianza”, por un lado, por las actuaciones ante el juzgado sin contar con los órganos municipales, y, por otro, por el apoyo a la funcionaria interina en sus reclamaciones salariales. En enero de 2020 Amaia del Campo firmó un decreto para destituir al jefe de servicio de la asesoría jurídica, José María Pablos, y le degradó al puesto de letrado asesor. Al día siguiente, también por decreto, despidió a la que entonces era letrada asesora porque, al ser funcionaria interina, su puesto desaparecía al ser ocupado por el hasta entonces jefe de la asesoría jurídica. Otro decreto que un año después fue anulado por el juez y condenó al Ayuntamiento a restituirles en sus puestos, pagándoles lo que han dejado de percibir durante ese tiempo, incluida la Seguridad Social. El TSJPV desestimó posteriormente el recurso de apelación de Ayuntamiento contra esta sentencia.

Posteriormente el juzgado estimó también el recurso contencioso-administrativo interpuesto por María Dívar, y reconoció su derecho a los complementos retributivos que reclamaba.

La tensión llegó a su nivel máximo cuando en 2022 se aprobó la jubilación forzosa del letrado jefe de servicio a los 66 años y dos meses de edad, pese a que en abril del año anterior se le había autorizado prolongar la actividad hasta los 70 años. Una decisión que también tumbaron los tribunales.

De forma paralela al conflicto con los letrados, y al haber perdido la 'confianza' en el equipo jurídico, la Alcaldía ha contratado los servicios de despachos de abogados externos que han sido muy criticados por la oposición y cuestionados por el propio interventor del Ayuntamiento. También se han posicionado en contra de la alcaldesa en todo el proceso contra los letrados los que han sido sus socios de Gobierno la anterior legislatura y lo son en la presente, el PSE-EE , que han criticado abiertamente el “vía crucis” al que se ha sometido a estos trabajadores.