Alfredo de Miguel, condenado a 13 años por corrupción, ejerce de “gerente” de una entidad pesquera del Gobierno vasco

Sobre Alfredo de Miguel Aguirre pesa desde hace tres años y un mes una condena de la Audiencia Provincial de Álava de trece años de cárcel por graves delitos de corrupción de su etapa como 'número dos' del PNV de Álava. Ahora el Tribunal Supremo revisa su recurso para reducir la condena, pero el convenio colectivo vigente en 2019 en la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la que trabaja, Hazi, contemplaba un posible despido en caso de penas de más de seis años de prisión por delitos económicos. A diferencia de otros textos similares, no se añadía la coletilla de que fuera precisa una resolución judicial “firme”, aunque el Ejecutivo siempre lo interpretó como tal. Sin embargo, desde diciembre de 2019 De Miguel no solamente ha continuado trabajando para la Administración con normalidad sino que ha ido adquiriendo nuevas responsabilidades. Ejerce como “gerente” del GALP (Grupo de Acción Local Pesquera) de la costa vasca, Itsas Garapen Elkartea en su denominación oficial. Este organismo cuelga de Hazi y en él participan también las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Aparece como “manager” en documentación de la Unión Europea. Ha ejercido como representante vasco en visitas oficiales a lugares como Galicia o en reuniones con el Ministerio, y hasta ha recogido premios por proyectos vinculados a la pesca. Entre sus competencias, se hallan las de gestionar ayudas públicas y la de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector.

La investigación del 'caso De Miguel' se inició en diciembre de 2009 cuando la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que el político del PNV la presionaba para cobrarle una comisión de 100.000 euros por un contrato que él había procurado a su empresa, Urbanorma Consulting, en una sociedad pública en la que no tenía ningún cargo visible, el parque tecnológico de Miñano. Finalmente, fue detenido en marzo de 2010 junto a otros dos exdirigentes del partido en Álava con los que compartía una empresa pantalla llamada Kataia Consulting y que estaba a nombre de las esposas de los tres. Fue entonces cuando fue apartado de su cargo público, diputado foral alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), de su otro cargo, vicepresidente de la Caja Vital (ahora integrada en Kutxabank) y desprovisto de su carné en el partido. Formalmente, ya no tenía posición orgánica después de una década como secretario del Araba Buru Batzar y mano derecha del presidente, Iñaki Gerenabarrena, aunque mantenía intacta su influencia. Cinco años de instrucción desmadejaron una trama mucho más amplia y quien todos conocían como Txitxo se se sentó en el banquillo a lo largo de 2018. La Audiencia Provincial de Álava acreditó varios delitos de corrupción y, aunque redujo la pena por las dilaciones indebidas, De Miguel se llevó una pena en primera instancia de trece años. La Fiscalía quiso que entrara ya en prisión pero el tribunal optó por esperar al pronunciamiento del Supremo sobre los recursos, aunque fijó algunas medidas cautelares como la prohibición de salir de España o la obligatoriedad de firmar periódicamente en un juzgado.

Tras una baja laboral cuando estalló el caso que llegó a ser investigada por la Seguridad Social por su extensa duración, De Miguel disponía de dos plazas para trabajar para la Administración. La primera excedencia era en la sociedad pública Sprilur, en concreto en Industrialdeak. Trabajó ahí antes de dar el salto a la Diputación. La segunda excedencia era en una de las tres entidades precursoras que luego se fusionaron en Hazi, una entidad llamada IKT. Obtuvo la plaza cuando dejó de estar liberado en EGI, las juventudes del partido, y fue nombrado 'número dos' del partido en Álava. No solamente entró en Hazi, sino que cobró una indemnización de 22.000 euros públicos mientras era investigado por corrupción al liquidar su excedencia con Sprilur. Tras la sentencia, el entonces gerente de Hazi, Asier Arrese, reveló a preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco que en estos años Txitxo había disfrutado de al menos un ascenso de categoría y tres subidas salariales. Más tarde se conoció que había omitido su remuneración real. De 24.000 euros anuales estipulados para su puesto en 2010 estaba ya en 52.500 en 2020, aunque se dio a entender que eran 37.000.

Desde entonces, De Miguel ha seguido ganando en responsabilidades. En documentos oficiales de la Unión Europea sobre los GALP de España, Txitxo aparece como el “manager” para la costa vasca. En marzo de 2022, por ejemplo, encabezó una delegación vasca de visita al sector pesquero de Galicia. “La comitiva vasca, conformada por el técnico de Hazi y gerente de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Alfredo de Miguel Aguirre, el coordinador general de la Cofradía Itsas Etxea, Martxel Arozena, y por el técnico de Hazi y de Itsas Garapen Elkartea (GALP) Ekaitz Urtiaga Martínez visitó durante dos días diversos espacios y proyectos”, se podía leer en una nota oficial de la Administración gallega. Unos meses antes, en octubre de 2021, Txitxo recibió a una delegación de la Fundación Expomar de esa comunidad, que es la fotografía que acompaña a esta información.

Hay documentación de Hazi que muestra cómo De Miguel ha dirigido reuniones y también cómo ha sido el representante vasco en encuentros interterritoriales. Un boletín del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de diciembre de 2020 muestra cómo el exdirigente del PNV recogió dos premios a sendas iniciativas innovadoras en el sector pesquero vasco, Sopak y Ecofish. En la primavera del pasado año, De Miguel impartió una charla telemática a representantes de los GALP de toda España a instancias del Ministerio de Luis Planas para exponer el modelo vasco de gestión pesquera. “Soy Alfredo, de Itsas Garapen Elkartea”, se presentó. “Hacemos un poco de todo [...] para el Gobierno vasco”, ironizó. Cuando llegó la COVID-19, la Unión Europea destacó una iniciativa vasca para proteger a las embarcaciones y garantizar el suministro de pescado a la población. Lo hizo acompañar de unas declaraciones en inglés de De Miguel y lo calificó de “buenas prácticas” de gestión.

Arrese, en su última comparecencia parlamentaria sobre la materia, dejó una reflexión: “Creo que, evidentemente, cuando estamos tomando decisiones de índole laboral en referencia a Alfredo de Miguel, existe esa tensión entre la precaución de ser conscientes que estamos gestionando una persona que está imputada, pero también queriendo ser ecuánimes”. El entonces responsable de Hazi las funciones de Txitxo de manera muy genérica. “A día de hoy, efectivamente, está ocupando un puesto de técnico rural, bueno, más más que rural, de técnico litoral, un puesto al cual accede mediante un proceso de promoción interna”, informó. Quitó hierro a su posición ya que “estos últimos 13 años ha habido más de 50 promociones de cubrición de puestos vacantes y éste es sólo uno de ellos”. La oposición pidió más aclaraciones. Y esta fue la respuesta textual: “Está ocupando en estos momentos no una plaza en propiedad sino una vacante que está como técnico de dinamización litoral. Está como técnico de apoyo. Tenemos un convenio con el Grupo de Acción Local Pesquero y damos el soporte de secretaría técnica que, en colaboración con los técnicos, las cofradías, tanto la Cofradía de Pescadores de Gipuzkoa como la de Bizkaia, dan el soporte técnico a las funciones de dinamización, vamos a decir, del ámbito litoral y las cofradías pesqueras. Y del Grupo de Acción Local Pesquero”.

Durante el macrojuicio por corrupción, Arrese fue uno de los testigos aportados por la defensa de De Miguel para hacer ver al tribunal que las irregularidades que se le imputaban eran irreales. El que fuera presidente del PNV alavés con Txitxo, Gerenabarrena, ocupa también un puesto de responsabilidad en Hazi.

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