La alcaldesa socialista de Lasarte-Oria entre 1986 –año de fundación del municipio pegado a Donostia– y 2010, Ana Urchueguia, ha firmado en las últimas semanas un documento en el que admite que cometió entre 2000 y 2009 delitos “continuados” de prevaricación y malversación de caudales públicos por las irregularidades en los fondos municipales destinados a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua). En concreto, se alude a 81 expedientes “al margen y prescindiendo del procedimiento legal” de concesión de subvenciones y a 39 casos de “desviaciones”, es decir, de fondos que acabaron en otro destino del originalmente anunciado.
Urchueguia, ya alejada de la política a los 71 años y que ha sido también edil en Hernani desde el inicio de la democracia y hasta la segregración de Lasarte-Oria, senadora, juntera en Gipuzkoa y alto cargo del Gobierno vasco con Patxi López, que la designó delegada en Chile y Perú, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y con las otras dos acusaciones personadas en la investigación penal abierta en un juzgado de Donostia desde 2015. A cambio de su confesión, evitará el juicio y la cárcel: la exregidora del PSE-EE será condenada, una vez que el pacto sea visado por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, a 18 años totales de inhabilitación y a una simbólica multa de 2.160 euros.
A pesar de que la lista de irregularidades admitidas en la gestión de los fondos enviados a Somoto es muy larga (el documento tiene 23 páginas), el acuerdo no prevé una pena de prisión, ni siquiera una lo suficientemente baja para que pueda ser suspendida, como es lo común en este tipo de conformidades. El pacto recoge expresamente que se aplica al delito de malversación las previsiones más recientes de la reforma aprobada por las Cortes Generales a finales de 2022, en concreto el artículo 433. Como “no se ha probado que doña Ana Urchueguia se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones” o que las “múltiples desviaciones” de dinero público generaran “daños o entorpecimientos graves al servicios al que estuvieren consignadas” no puede aplicarse una condena de cárcel. En cuanto a la prevaricación, que implica la adopción de medidas administrativas injustas a sabiendas de que lo son, nunca ha llevado aparejada la pena de prisión.
El caso de Urchueguia trascendió hace ya más de una década, cuando arreciaron las denuncias por los vínculos entre Lasarte-Oria y Somoto e informes internos de la Intervención municipal alertando de anomalías de gestión en una competencia que la alcaldesa se había arrogado en exclusiva en 2000. En 2010, mediada su séptima legislatura como alcaldesa, renunció al cargo y fue designada como delegada de Euskadi para Chile y Perú, un cargo adscrito a la Presidencia vasca. En paralelo, se inició en el municipio una comisión de investigación, se encargaron informes económicos y salieron a la luz informaciones periodísticas sobre propiedades que la alto cargo del PSE-EE había adquirido a las ONG que recibían los fondos de su municipio.
El caso alcanzó su punto culminante en la primavera de 2011, cuando compareció en el Parlamento Vasco. No solamente rechazó las irregularidades sino que criticó el “folletín” que se había creado en torno a su personal. “Como he dicho antes, se me ha llamado puta, asesina, concubina, maltratadora, borracha [...]. Aquí ha habido una doble moralidad por ser mujer, y lo vuelvo a repetir, una doble moralidad por ser mujer. Se me ha abierto en canal, se han dicho de mí cosas verdaderamente aberrantes, y mi vida es más sencilla que todo eso”, señaló visiblemente nerviosa. Recalcó que un edil de marca de entonces de IU, Ezker Batua, había denunciado los hechos a la Fiscalía y que no se habían hallado indicios de delito. En pleno estallido del 'caso De Miguel' de corrupción asociada a dirigentes del PNV, este partido dio máxima prioridad a este asunto para desgastar al Gobierno de López. El portavoz en aquella intervención de Urchueguía fue el propio Andoni Ortuzar, que realizó un minucioso interrogatorio sobre Somoto.
Lasarte-Oria es un feudo del PSE-EE. Pero, en 2011, el PNV y los independientes del PCLO le dieron la alcaldía al candidato de la nueva coalición Bildu, Pablo Barrio, en sustitución de Jesús Zaballos, el relevo temporal de Urchueguia en 2010. Al término de esa legislatura, en 2015, el Ayuntamiento formuló una querella por la gestión de la primera alcaldesa de la historia del municipio. Una preinvestigación de Fiscalía no tiene nunca la consideración de “cosa juzgada”. El procedimiento avanzó al ralentí y, entre otros factores por la nula respuesta de Nicaragua a las comisiones rogatorias, quedó archivado. Sin embargo, la Audiencia de Gipuzkoa ordenó en 2021 su reapertura, que es la que ha permitido el pacto en el que la imputada ha admitido que cometió de manera continuada delitos de prevaricación y malversación.
Se da la circunstancia de que el pacto está avalado no solamente por la Fiscalía sino por las dos acusaciones. Una de ellas es el propio exalcalde Barrio, que sigue personado. Pero la otra es el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, que desde 2015 vuelve a ser socialista. El 12 de abril se celebró un pleno a puerta cerrada para votar la toma de posición municipal ante la “propuesta de acuerdo judicial”. No se ha publicado todavía el acta de cómo se adoptó el acuerdo y si el PSE-EE lo apoyó. El actual alcalde es Agustín Valdivia, que aspira ahora a la reelección.
El acuerdo destaca ya desde su página primera que la exalcaldesa “se conforma totalmente” con los “hechos punibles” que se describen. En concreto, el primer punto reseña que entre 2000 y 2008 Urchueguia aprobó 52 proyectos de financiación a una entidad llamada OHLOS (Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria y Somoto) que, en puridad, no tenía personalidad jurídica. Era una mera carcasa para la captación de los fondos. Los pagos se hicieron al margen de la ley. “La señora Urchueguia estuvo haciendo entrega, vía subvención, a donde no existía personalidad alguna determinada que asumiera los derechos y las responsabilidades y obligaciones inherentes a la subvención. Ello infringía no solamente la legalidad sino también una norma o criterio elemental, obvio y sentido común”, se puede leer en el documento judicial. Se remarca que la regidora socialista hizo caso omiso a los reparos de los funcionarios interventores. Tenía “conciencia plena” de que se estaba saltando la legalidad.
Además, en otro punto, se detalla que la alcaldesa, de modo unilateral, autorizó a los somoteños E.R.J., G.E.V. y R.A.C. para “abrir cuentas bancarias” y realizar movimientos con el dinero público de Lasarte-Oria. Asimismo, hay 23 concesiones de subvenciones a la ONG Asodecom y seis a la Fundación Somoto, que llegan a 2009. Todas ellas “no se tramitaron en régimen de concurrencia competitiva”. Es decir, se dieron 'a dedo'. Además, en los tres bloques, Urchueguia “incurrió en grave incumplimiento” por ausencia de “verificación” y “justificación” de los pagos. En total, las auditorías hechas a partir de 2009 constatan 39 desviaciones. En todo caso, se acepta que como las desviaciones no salieron del ámbito de Somoto y como no se ha acreditado un enriquecimiento ilícito de la alcaldesa se interpretan como una malversación atenuada dentro de la nueva regulación.
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