Aprobada la primera ley de Pradales: 67 millones para la concertada con el apoyo de PP y Vox y sin oposición de EH Bildu

En plena negociación de los presupuestos de 2025, al Gobierno de PNV y PSE-EE le han sobrado los aliados para una modificación exprés de los de 2024. El PP y Vox han apoyado un texto ideado 'ad hoc' para inyectar 67 millones de euros a las patronales de la enseñanza concertada, colegios religiosos, ikastolas y cooperativas, que en Euskadi aglutina a casi el 50% del alumnado, el dato más elevado de España. Incluso EH Bildu no se ha opuesto y ha optado por quedarse en la abstención. Es la primera ley de la primera legislatura de Imanol Pradales y se ha justificado por la voluntad de equiparar las condiciones laborales del personal de los centros privados con el de los públicos. Habrá más partidas para ello en los próximos ejercicios, hasta el curso 2026/2027. Solamente Sumar se ha opuesto con claridad con un alegado de defensa de la enseñanza pública.

La norma se ha tramitado por la vía de la “lectura única”, es decir, el procedimiento legislativo urgente, sin posibilidad de enmiendas y comparecencias en comisión, aunque la consejera Begoña Pedrosa sí se ofreció a dar explicaciones 'motu proprio'. Precisamente en esa sesión salieron a la luz dos informes internos del Gobierno vasco que cuestionan en parte la inyección extraordinaria de 50 para los colegios religiosos católicos de Kristau Eskola y similares y 17 para las ikastolas y similares. La Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo avisó de que el expediente de la ley no recoge los documentos con los acuerdos concretos con las patronales de los colegios privados que reciben fondos públicos y que justifican este dinero. Y la Oficina de Control Económico indicó que los 67 millones van a ir al “titular del centro”, es decir, no directamente al profesorado al que hay que subir la retribución alrededor del 15%-16% (la cifra es orientativa, porque es muy variable e implica cantidades retroactivas desde 2023) y que no hay garantías de que ese pago se vaya a sustanciar.

En el debate, significativamente, no han estado presentes ni el lehendakari, Imanol Pradales, ni el líder del PSE-EE, Eneko Andueza. Pradales está de regreso de su primer gran viaje oficial al extranjero, el que ha completado estos días en Bruselas y otros centros de poder de la Unión Europea. Sobre Andueza los socialistas no han ofrecido información concreta, aunque ya se ha ausentado de otros plenos también. Técnicamente, el Ejecutivo se había quedado sin mayoría absoluta, ya que tenía 36 parlamentarios presentes más el voto delegado de Maitane Ipiñazar, de permiso por maternidad, aunque los 'síes' han llegado a 43 gracias a los apoyos de las derechas. En la oposición, eso sí, sigue ausente Muriel Larrea, del PP, que es precisamente la portavoz educativa de su formación y que se recupera de una enfermedad.

El PP ha estado representado por Álvaro Gotxi. Ha asegurado que a su partido le “alegra” que una “reivindicación” de los colegios privados se cumpla, aunque ha criticado que llega “tarde” y ha denunciado la tramitación “enfangada” y sin datos concretos que ha planteado el Ejecutivo. “Aunque lo vayamos a apoyar, esto es una chapuza”, ha llegado a decir Gotxi. Vox ha dicho que votan 'sí' mas “tapándose la nariz”. Su única representante, Amaia Martínez Grisaleña, ha criticado que se ha despachado el asunto “corriendo y deprisa”.

En el turno de explicación de voto, Ikoitz Arrese de EH Bildu ha arrancado señalando que “no todos los colegios concertados son iguales”, por ejemplo a la hora del nivel de euskera o en lo relativo a la laicidad. Ha indicado que la nueva ley educativa no garantiza que exista una garantía real de que todos los colegios privados que reciben financiación cumplan los requisitos. En todo caso, ha confirmado que ven “bien” la “dirección” de la ley presupuestaria, aunque solamente comparten “parcialmente” las formas. “Aunque la medida es adecuada, hay otras docenas de medidas que habría que aplicar”, ha manifestado apelando al pacto educativo de 2022 que alcanzaron con el Gobierno y que luego fue superado por la reforma legislativa de 2023 en la que ya no votaron a favor.

Solamente Jon Hernández, el único representante de Sumar, ha hecho uso del turno en contra. Ha ironizado que cuando se negociaron los presupuestos de 2024 “no había dinero” para Educación y que ahora “de repente” han florecido 67 millones cuando hay “necesidades” para la red propia. Arguye Hernández que Euskadi quiere sostener “artificialmente” el modelo “dual y segregador” en un contexto de caída de la natalidad. Ha demandado planes para “publificar” colegios privados y no “alfombra roja” para las patronales. “Más financiación y ningún tipo de control”, ha resumido. El PP ha censurado su intervención asegurando que quieren aplicar el modelo de la Venezuela de Nicolás Maduro. Casi al final, ha admitido que él estudió en un colegio religioso.

Desde las formaciones del Gobierno, Alaitz Zabala del PNV, que ha asegurado que ella lleva a sus hijos a la pública, ha razonado que si los profesores de los centros privados hacen el mismo trabajo que los funcionarios han de terner las mismas condiciones. Los nacionalistas han prometido estar “vigilantes” para que los 67 millones se destinen realmente a la equiparación salarial y también que es otro paso hacia la “gratuidad” efectiva. Hace décadas que están prohibidas las cuotas en los colegios concertados pero se siguen cobrando con regularidad en Euskadi. Y la socialista Susana Corcuera ha indicado que su formación apoya “plenamente convencida” la ley, que tiene “todos” los informes en regla. En la misma línea que Zabala, ha indicado finalmente que dar más dinero a los centros concertados tendrá como contrapartida más “condiciones”. Entre ellas, que nunca cobren más que los docentes de la pública, un riesgo del que ha alertado Sumar.