Las asambleas vecinales señalan a los socialistas por el centro de refugiados de Vitoria: “Va a perder la alcaldía”

Los vecinos de los barrios de Vitoria más próximos al futuro centro para refugiados que el Estado ha proyectado en una edificio de su propiedad que en el pasado fue la histórica Clínica Arana y luego residencia de ancianos han celebrado este martes por la tarde la primera de las cuatro asambleas previstas para mostrar su rechazo ante el inicio de las obras. Su alternativa es que vuelva a ser un geriátrico, algo que las instituciones locales nunca habían contemplado desde que se abrieron los centros residenciales forales de Abetxuko y Lakua.

Esta primera reunión de la nueva oleada ha tenido lugar en la ikastola pública de Aranzabela, separada solamente por un par de pasos de peatones de la antigua Clínica Arana. En ella ya se ha retirado el rótulo antiguo y la empresa contratada por el Gobierno central, Seranco, ha iniciado ya los trabajos de “rehabilitación” para el nuevo “CAPI” o centro de acogida de protección internacional. El propio cartel instalado en la puerta apunta a 15,6 millones de presupuesto y catorce meses de trabajo. Podrá estar listo en 2026, tres años después de que se conociera la iniciativa tras más de una década con las instalaciones abandonadas. En los próximos días habrá reuniones en Arana, en Aranbizkarra y en Judizmendi. Las movilizaciones incluyen también una concentración frente al Ayuntamiento el 25 de marzo con la que buscan eco en la prensa.

Los trabajos están en marcha pero hay quienes quieren pararlos. Guillermo Perea, de Babestu Araba/Zazpigarren Alaba y exconcejal por HB hace tres décadas, ha llevado la voz cantante en la reunión en Aranzabela. Y ha señalado abiertamente a los socialistas, impulsores del proyecto desde el Gobierno central y que ocupan en la actualidad la alcaldía en Vitoria. “Quiero decir alto y claro que el PSOE quiere crear un enfrentamiento, alimentar a las fuerzas de extrema derecha. Tenemos un respeto absoluto a la inmigración, pero lo que no pueden hacer es crear un gueto. El CAPI va a generar enfrentamientos. El rédito que va a sacar es que va a perder la alcaldía”, ha aventurado Perea, que ha adelantado que pedirá la “dimisión” de Maider Etxebarria en la concentración ya anunciada.

A su juicio, los socialistas no tienen “valor” para presentar mociones en las instituciones locales para defender el proyecto porque saben que las “perderían”. Incluso el PNV, su socio, se opone al plan, ha subrayado, aunque no sin duras críticas tanto a la consejera Nerea Melgosa como al diputado Gorka Urtaran. “Hay un desprecio por parte del Gobierno central a las instituciones vascas”, ha seguido. Perea ha asegurado que existe un “modelo vasco” alternativo de acogida a migrantes con centros “pequeñitos” y no un “macrocentro”. Es una tesis que ha defendido el PNV y también algunas ONG.

Después, Perea ha elevado la carga de las críticas. “¿Qué pretenden? ¿Liquidar Aranzabela?”, se ha preguntado sobre el barrio más pegado al complejo, que tiene casi tantas viviendas (380) como plazas (350) el nuevo recurso para personas que huyen de guerras u otro tipo de persecuciones. Perea ha redondeado su intervención cargando contra los medios de comunicación, a los que ha acusado de “desinformación” si bien, al tiempo, en la reunión han brotado todo tipo de datos incorrectos sin que hayan sido corregidos.

Entre los asistentes, todos los argumentos han coincidido en criticar el centro. Una primera intervención, de una mujer, ha recordado que “la noticia del día” era el acuerdo para la distribución de menores solos llegados a Canarias en la península. Se ha mostrado crítica con que el lehendakari, Imanol Pradales, haya accedido a acoger a una noventena de adolescentes. “¿Cómo nos va a afectar?”, ha planteado. Hace un par de años, en una asamblea similar, el entonces delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, se avino a responder a las preguntas de los vecinos. Este asunto ya salió y se aclaró que nada tienen que ver los centros de refugiados -por ejemplo, ucranianos que huyen de los ataques de Rusia- con la problemática de jóvenes que llegan solos a la Unión Europea.

Otro hombre ha asegurado que “vive al lado” de un recinto que no va a ser una residencia de ancianos pública y que eso podría obligarle a pagar entre 6.000 y 8.000 euros si su padre y su madre necesitaran cuidados en un centro privado más alejado. “¿Qué solución se les da? ¿Cuántos mayores se van a morir si no le dan la plaza?”, ha preguntado. Una mujer, enojada, le ha respondido que “ponerles una inyección” y matarlos.

En el debate ha surgido la duda de si las obras tienen o no licencia. Se ha acusado al edil de Urbanismo, Borja Rodríguez, socialista, de ser un “gracioso” y de no decir la vedad sobre este asunto. Se ha propuesto “denunciar” las actuaciones aparentemente ilegales de Seranco, que ya han arrancado, para que la Policía detenga las obras.

Otro vecino ha asegurado que un centro con 350 plazas implicará mucho personal y “muchos coches” en la zona como un argumento adicional para oponerse. “¿Dónde metemos 300 y pico coches más?”, ha preguntado. Otro ha comentado que en el barrio hay personas con “proyectos” y con “hijos”. “No puede ser que un señor a 300 kilómetros decida. Es un disparate”, ha dicho sobre el Gobierno central.

La asamblea ha reparado en que los dos últimos delegados del Gobierno fueron ediles en Donostia. Lo fue Itxaso y también su sucesora, Marisol Garmendia. “No lo han planteado allí”, se ha protestado. “Si esta residencia estuviera en Neguri, seguro que no se hacía”, han dicho también sobre Bizkaia. Perea ha dado el dato de que va a ser el mayor centro de refugiados de España por número de beneficiarios. “Y no somos la población más grande”, ha agregado. Es el equivalente a dos hoteles como el Canciller Ayala. La residencia de estudiantes de la UPV/EHU tiene 220 plazas, por ejemplo.

En la asamblea ha habido una votación. ¿Residencia o centro de refugiados? Por “unanimidad” de los “130” asistentes se ha elegido el recurso para personas mayores como la mejor de las opciones. Una mujer ha mostrado su intuición de que en las próximas reuniones en otros barrios el resultado será idéntico. Nada se ha dicho de una posible alternativa para los demandantes de asilo que quedarían sin espacio en el barrio en caso de que se parara el proyecto.