La Audiencia de Álava revisará el cierre sin juicio del caso de las oposiciones médicas de Osakidetza

La Audiencia Provincial de Álava revisará el cierre sin celebración de juicio de la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018. Lo hará, al menos, a instancias del sindicato LAB, que ha anunciado ya que presentará un recurso y que seguirá peleando por que exista un reconocimiento de las irregularidades. El otro sindicato personado, ESK, analiza también el auto de la juez de Vitoria que ha firmado el archivo, Blanca Ester Díaz Pulido, la cuarta instructora de una misma causa pero la única que se ha pronunciado sobre el fondo. La causa se abrió por una investigación de la Fiscalía liderada por la fiscal superior en primera persona, Carmen Adán. El ministerio fiscal, a preguntas de este periódico, asegura que también “estudia” un posible recurso.

Eso sí, varias fuentes judiciales insisten en que el recorrido penal de este caso es “nulo”. Ha causado muchísimo malestar en algunos ámbitos que la magistrada instructora dejara durante años paralizado el expediente o que ni siquiera se hayan revisado exámenes o comunicaciones para comprobar si se produjeron o no filtraciones. “Ha sido un desastre”, resume una persona que ha participado en el sumario. Las dilaciones han echado al traste también otras causas o rebajado las penas, incluidos los casos de corrupción más relevantes de los últimos años como De Miguel, Balenciaga, Margüello o Bravo.

Igualmente, la lectura del auto ha herido a personas que denunciaron las filtraciones en su momento. “¿Quién va a dar el paso en vista de lo que pasa?”, lamentan en privado algunas de estas personas. Uno de los denunciantes, Roberto Sánchez, ha concedido una entrevista a TVE con nombre y apellidos. “Poco más o menos nos llama vagos o envidiosos. Y me da un poco de rabia. [El auto] Podía haberlo escrito un Gobierno del PNV”, se ha quejado sobre algunas alusiones personales a quienes declararon como testigos. De él, por ejemplo, señala en cuatro ocasiones que estudiaba árabe y no para los exámenes. “¿A quién escuchó Roberto Sánchez decir que, previo al examen se pasaban las preguntas, te llamaba el miembro del tribunal al que se rendía pleitesía y te daba las preguntas? Una vez más una afirmación carente de fundamento y rigor. Confirma que se presentó a la OPE pero que en lugar de prepararse para ello estudiaba árabe”, redactó la magistrada.

Sobre la doctora Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología y que igualmente alertaba de estas prácticas, rebaja a “puras conjeturas y elucubraciones”. “Y para rematar, dicha testigo finalizó su declaración afirmando que ella se había presentado a dos OPE, que sacó plaza en la segunda, y que por supuesto, a ella no le habían filtrado los exámenes”, se puede leer.

El cierre de la investigación ha dejado una cascada de reacciones. Sin embargo, por el momento solamente LAB ha manifestado que quiere seguir batallando en los tribunales. Califica de “injusta” la resolución y entiende que “no es admisible la impunidad”. Demanda, asimismo, cierto reconocimiento para los denunciantes por las “presiones” a las que se han visto sometidos. Según LAB, las conclusiones “no cuestionan” ni desmontan la solidez de las denuncias e insiste en que las oposiciones manipuladas eran 'vox populi' en Osakidetza, por lo que recalcan que el problema está en la Justicia, que no tiene “voluntad de querer llegar al fondo”. “La Justicia hoy está aportando a estas prácticas un peligrosísimo halo de impunidad”, agrega LAB. Lamenta también que la Fiscalía haya pasado de abanderar la denuncia a hacer un “viraje” hacia otras posiciones. “Es una vergüenza. La impunidad opera así. Sin tapujos”, agrega ESK.

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) también ha cambiado su discurso. En su momento, en 2018, publicó un informe en el que alertaba de filtraciones no ya en las categorías que fueron judicializadas sino incluso en más. Hablaba de “corrupción” y de que era una historia que se repetía, porque en 2011 habría ocurrido algo similar. Ahora, se ha pronunciado con un comunicado: “Lamentablemente, a estas alturas, no hay forma de restituir el daño causado a miembros de tribunales, opositores e incluso a cargos de la propia Osakidetza, que en su momento fueron destituidos u obligados a dimitir”. El informe que elaboraron en su momento ya no está accesible en su página web.

Estos hechos han llevado al PNV a felicitarse por la resolución judicial y a denunciar una “cacería política, sindical y mediática” en torno a este caso. La investigación se llevó por delante al consejero de Salud, Jon Darpón. Es el único que ha dimitido en la larga etapa de Iñigo Urkullu, que ya ha dejado el cargo pero que tardó pocas horas en hacer declaraciones ante esta noticia. También cesaron la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que llegó a recibir ayuda de agentes de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando pasó por el juzgado como simple testigo, y el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.

El portavoz nacionalista en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, asegura dentro del argumentario de que toca “restituir” el buen nombre de estas personas que deberían dimitir quienes años atrás alentaron este caso, en velada referencia a otros partidos políticos. Este periódico ha cursado una invitación a algunos eximputados y excargos para que expongan su punto de vista y la han declinado. La finalización de la investigación implica también el levantamiento de la suspensión de la asignación de las plazas, aunque en algunos casos la realidad ha quedado superada por traslados o por las nuevas oposiciones que se han solapado en estos años. Se da la circunstancia de que se introdujeron modificaciones en el modelo de las oposiciones a raíz de este caso.