Los Ayuntamientos de Errigoiti y el de Olaberria son los únicos que han remitido al Gobierno vasco el censo del amianto, pese a que la Ley estatal aprobada el mes de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, les imponía el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante. Un plazo que se ha alargado hasta final de año. El censo debe incluir además un calendario que planifique su retirada y tanto el listado como el calendario, debe tener carácter público y remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.
En una respuesta parlamentaria de la consejera de Desarrollo Económico, Competitividad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia reconoce que sólo tiene en su poder los censos de estos dos ayuntamientos, que se trata de consistorios que han solicitado subvenciones para la elaboración de los mismos y esta remisión es una de las condiciones de la convocatoria de ayudas puesta en marcha por el departamento para sufragar los gastos que supongan. Sin embargo, junto a ellos han pedido subvenciones otros consistorios que aún no han remitido el censo, aunque se encuentran en proceso de hacerlo.
Es cierto que la ley establece que la retirada priorizará “las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable” y que “en todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”, pero aún así, los ayuntamientos vascos llevan un retraso considerable en la elaboración de este inventario, ya que debe estar finalizado y entregado a la administración antes fin de año, para lo que quedan solo dos meses, en un momento, además en el que se están produciendo noticias en relación a a la aparición de amianto, por ejemplo en la empresa CAF, en Beasain, en obras como la de la construcción de la facultad de Medicina de Basurto en Bilbao, en la reforma de dos edificios de Vitoria.
Errigoiti y Olaberria había solicitado las ayudas para elaborar los censos en 2020 y en 2021, antes de la aprobación de la Ley. Según la información remitida por el departamento a Elkarrekin Podemos-IU hay otros 15 ayuntamientos a los que se les han concedido ayudas para la retirada de amianto o para la realización del inventario. “Respecto a las subvenciones concedidas en el año 2022, los Ayuntamientos objeto de subvención están en plena elaboración de los censos dentro del plazo establecido para ello en las bases de la correspondiente convocatoria”, señala la consejera.
El Gobierno vasco ha realizado otra convocatoria de ayudas este año para los municipios relacionada con el amianto, en la que se han recibido otras 22 solicitudes, “de las cuales 18 concretamente están dirigidas a la elaboración de los censos. Estas solicitudes están actualmente en proceso de análisis interno y se prevé que sean resueltas en diciembre de este año”, señala la consejera en su respuesta.
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