Las elecciones generales, en Euskadi, son momento habitual para hacer recopilación del grado de cumplimiento del Estatuto de 1979 y, en el caso particular del PNV, para recalcar sus exigencias en cuanto a traspasos pendientes. La etapa de Pedro Sánchez, iniciada en 2018 con la moción de censura y que siguió tras las segundas generales de 2019, ha acumulado una decena de transferencias, entre las que sobresalen la de Prisiones, por la que las tres cárceles vascas son de gestión autonómica desde el 1 de octubre de 2021, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En la columna del 'debe', en la legislatura se ha avanzado -pero no cerrado- un acuerdo en torno a los servicios de Cercanías de Renfe y, en el horizonte, aparece siempre el debate en torno a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca cedido a una comunidad autónoma y que, en todo caso, no implica un sistema de pensiones propio y diferenciado para Euskadi.
¿Qué materias ha asumido la comunidad autónoma en los últimos años? Además de Prisiones -la transferencia no está cerrada porque hay que devolver el viejo penal de Martutene cuando se termine de construir el nuevo de Zubieta-, ha habido decretos sobre transporte por carretera, el ISBN (el código identificativo de las publicaciones), la ejecución de unas prestaciones laborales previas a la jubilación, productos farmacéuticos, seguros escolares, tramos de ferrocarril no de interés general y las autopistas de peaje AP-68 y AP-1. En este último caso, el matiz es que luego fueron traspasadas, a su vez, a las correspondientes diputaciones, que tienen la competencia de carreteras. A diferencia de en las cárceles, aún se mantienen algunos escudos del Estado en los mojones de las carreteras, pero la realidad es que ningún tramo de toda la red viaria vasca es ya de titularidad estatal.
Hay una más que se suma a la lista. Se trata del (IMV). El matiz es que es una prestación nueva y que, desde luego, no estaba prevista en 1979. Se ha cedido su gestión a Euskadi que ahora la complementa con su propia ayuda, la renta de garantía de ingresos o RGI. Sin embargo, el Estado amagó con recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley reguladora del sistema conjunto, aunque el contencioso se ha resulto con un acuerdo político. Significativamente, el recurso se planteó desde un ministerio socialista y hacia un área socialista en Euskadi, la de Idoia Mendia, que es la responsable de la RGI.
El mecanismo de las transferencias implica un acuerdo entre Gobiernos, entre el central y el vasco, aunque es habitual que el asunto se cuele en negociaciones políticas, particularmente por el interés del PNV. Cuando en Ajuria Enea estaba el socialista Patxi López se dio la circunstancia de que los nacionalistas cerraron con José Luis Rodríguez Zapatero un pacto de calado, el de la cesión de las políticas activas de empleo, el actual Lanbide. El sistema de Concierto Económico implica que Euskadi abona un Cupo por los servicios que presta el Estado. En concreto, paga el 6,24% del gasto total del servicio en España. Al revés, cuando se aborda un traspaso, se calcula esa cifra global, se le aplica el coeficiente de imputación y se descuenta del Cupo. Prisiones implicó una rebaja de 69,9 millones. En 2023, Euskadi ya presupuestó el coste en 71 millones de euros.
En la etapa anterior, con Mariano Rajoy, no hubo acuerdos para el desarrollo estatutario, aunque sí relacionados con la renovación del Concierto Económico, por ejemplo. “Mire, con el Gobierno de Rajoy, en ocho años, cero transferencias. Con este Gobierno se pactó un calendario y hemos conseguido ya once. Se han cerrado, entre otras, algunas tan importantes como la de Prisiones, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la AP-1 y la AP-8, líneas de ferrocarril y alguna otra. Otras están muy avanzadas y estamos convencidos de que lo vamos a poder resolver en la siguiente legislatura”, señalaba el candidato socialista Patxi López a este periódico.
El calendario o más técnicamente “cronograma” fue un compromiso de Sánchez con el PNV. Sin embargo, su recorrido ha sido, cuanto menos, azaroso. En primer lugar, en un lustro han pasado cinco ministros por la cartera de Política Territorial. Empezó las gestiones Meritxell Batet, de manera interina las asumió Luis Planas, luego llegó Carolina Darias, Miquel Iceta tuvo una breve estancia -pero él firmó Prisiones- y luego ya se asentó la actual titular, Isabel Rodríguez, que es también la ministra-portavoz. En segundo lugar, la pandemia supuso algunos retrasos naturales. Finalmente, el PNV acusa al Ejecutivo de falta de voluntad política. “Hay un incumplimiento de su propio calendario de transferencias. Porque fue el propio Gobierno el que planteó el calendario…”, recalcaba Aitor Esteban.
El pasado verano se prometió para otoño de 2022 Cercanías. El consejero vasco del ramo, también socialista, Iñaki Arriola, llegó a detallar en el Parlamento la letra pequeña del futuro modelo. Todo apuntaba entonces a que la transferencia se limitaría al servicio -a las líneas, a los trenes- y no a la infraestructura. “Vamos a gestionar la operación ferroviaria”, precisó Arriola. “Puedo asegurar que está encima de la mesa la gestión del servicio de Cercanías de ancho ibérico de Bilbao, es decir, la C1, la C2, la C3, y el núcleo de ancho ibérico de Donostia, la C1”, indicó el consejero. Parece más en el aire la C4F. “Su gestión es de una extraordinaria complejidad, pero tiene un gran interés para nuestro Departamento porque es la única conexión ferroviaria existente entre los vecinos de Las Encartaciones y Bilbao”, indicó Arriola. Se trataba de un planteamiento similar al de las Rodalies de Catalunya. De hecho, el operador de los trenes seguirá siendo sí o sí Renfe hasta 2028 por el contrato que le vincula. Euskadi, eso sí, dispone ya de un operador propio, Euskotren, que gestiona servicios de tren en Bizkaia y Gipuzkoa -y hasta Hendaya- y los tranvías de Bilbao y Vitoria.
Está en el aire también la competencia de Migración. Adquirió cierta notoriedad a principios de 2023 porque el Estado ha planteado en Vitoria un centro para refugiados en la antigua Clínica Arana, que es de su propiedad y que lleva años abandonada desde que la Diputación movió la residencia de ancianos que tenía allí. En febrero, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, informó al Parlamento Vasco de que la posible transferencia de las competencias en esta materia estaría acotada a la gestión de “autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena” y a la “participación de Euskadi en la gestión del contingente de trabajadores extranjeros en lo que se refiere a trámites de carácter laboral”. De las negociaciones habría quedado fuera otro punto que figuraba en documentos anteriores y que hacía referencia expresa al “acogimiento y atención socio-sanitaria y orientación de las personas inmigradas a la comunidad autónoma de Euskadi, política de integración de las personas inmigradas, integración social y económica, lingüística y cultural”.
El portal de Transparencia del Gobierno vasco apunta a 31 transferencias pendientes en total. Eso sí, en algunas de esas 'fichas' hay reclamaciones políticas del PNV que no ha aceptado el Estado. Un ejemplo: aeropuertos. Se demanda “la gestión de los tres aeropuertos radicados en la comunidad autónoma, el Aeropuerto de Bilbao (del Grupo I) y los aeropuertos de Foronda y Hondarribia (ambos del Grupo III)”. Sin embargo, la previsión estatutaria solamente prevé la cesión de las infraestructuras que no sean de “interés general”. Esto es, sería posible el traspaso si se degradan. ¿Cómo se ha hecho en Catalunya? Hay una doble red. Las instalaciones de menor relevancia las gestiona la Generalitat y las grandes, básicamente Josep Tarradellas-El Prat, siguen siendo de Aena.
En cola queda la “gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Es algo previsto en el Estatuto, pero también que no puede colisionar con la 'caja única' de las pensiones. El propio PNV asume este precepto. Se trataría de que Euskadi sea pagadora y ponga sus funcionarios y edificios, mientras que las leyes, cuantías y fondos seguirían siendo estatales. El traspaso del IMV se vio un poco como un precedente. “Es una manera interesante de iniciar esa competencia del Estatuto de Gernika de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esto no llena todo el contenido de esa disposición estatutaria, pero si empezamos de esta manera no está mal. Es un inicio y debemos seguir profundizando”, dijo Esteban en 2020. Existen dos prestaciones de escasa relevancia de la Seguridad Social ya cedidas a la comunidad autónoma.
En puridad, en el “cronograma” de Sánchez no se prometía la transferencia asociada a la Seguridad Social, sino realizar un “estudio” sobre esa posibilidad. “El tema de la gestión económica de la Seguridad Social lo tenemos que reivindicar porque es parte del Estatuto. Es que está en el Estatuto… Más allá de que el planteamiento que nosotros hacemos no es romper la ‘caja única’, ni muchísimo menos, habrá algún día en el que se haga una reflexión seria y podamos llegar a acordarlo como lo hicimos con el IMV y con otras cosas también muy dificultosas. Todo es ponerse. Técnicamente todo se puede hacer. Lo único que puede decir es lo que dice la ley. El Estatuto de Autonomía está incardinado directamente a la Constitución y forma parte de lo que se llamaba el bloque de constitucionalidad”, recalca ahora el PNV. “Eso aparece en el Estatuto. Pero aparece como convenio. Eso implica que dos acuerden. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Para nosotros, por ejemplo, una cosa que es sagrada es la 'caja única' y eso nunca puede estar en cuestión en una negociación”, responde el PSE-EE.
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