La diputada de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi, ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una pregunta de Elkarrekin Bizkaia sobre el cierre el próximo 30 de septiembre del centro de menores no acompañados El Vivero y la situación de sus trabajadores. Antxustegi ha recalcado que se trata de un “dispositivo de emergencia puntual” creado porque la Diputación se vio “sobrepasada por la llegada de menores extranjeros no acompañados” y por la situación de la COVID-19, llegando a albergar a “menores no acompañados contagiados por el virus durante la pandemia”. Sin embargo, ha declarado que se trata de situaciones que no se dan a día de hoy, por lo que se ha procedido a su cierre, no sin antes tratar de buscar un nuevo gestor.
“El Departamento ya se ha reunido en numerosas ocasiones con la empresa gestora Landalan para buscar alternativas para este centro. No obstante, el pasado mes de diciembre la empresa adjudicataria del servicio comunicó su decisión de rescindir el convenio para reorientar su acción en otras actividades. Por lo que la Diputación se puso manos a la obra para encontrar un nuevo gestor que pudiera hacerse cargo del centro cuando en circunstancias siempre excepcionales nos veamos abocados a recurrir a este dispositivo, pero no se consiguió principalmente por el tema de la subrogación de los trabajadores”, ha reconocido.
También ha insistido en que “en los últimos meses, el acogimiento de niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares ha registrado una reducción en los índices de ocupación sostenidos, que pueden ser satisfechos por la red foral asistencial, ya sea propia o concertada, sin necesidad de otros recursos o dispositivos extraordinarios”, como El Vivero. “Pudiendo asumir la red a los menores que permanecían en El Vivero se ha optado por su traslado a otros centros de la red con plazas disponibles en los que poder, de manera estable y continuada, acompañarlos en sus procesos de incorporación social y protección”, ha señalado.
Según ha asegurado, se han tenido tres factores en cuenta a la hora de tomar la decisión del cierre, que se efectuará este sábado: en primer lugar “las necesidades de los menores del centro”, en segundo lugar, la decisión de la gestora de “no seguir dando el servicio” y, en tercer lugar, que los centros a los que han sido y serán trasladados los menores “de forma ordenada”, cuentan con “con mejores dotaciones y plazas disponibles”. “Es nuestra responsabilidad hacer un uso eficiente de los mismos y adaptarlos a las circunstancias y necesidades de cada momento. En este caso, a la necesidad e interés superior de cada uno de los menores que están bajo nuestra protección”, ha asegurado.
Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, se ha mostrado crítica con Antxustegi y entre aplausos de los trabajadores de El Vivero, que estaban de oyentes en la sala, ha manifestado que lo señalado por la diputada “no es cierto”. “No diga falsedades. No es cierto que El Vivero sea un dispositivo de emergencia puntual. Es totalmente falso”, le ha achacado, para después añadir que a raíz del cierre se están “sobreocupando” otros centros, algo que, según ha advertido, no cumple el Decreto es el que regula los recursos de acogimiento residencial y va “en sentido contrario” a la recomendación del Ararteko. “No hable de interés superior del menor, porque aquí lo que se está vulnerando precisamente es ese principio”, le ha respondido.
Según ha asegurado Antxustegi, su equipo se ha reunido en “numerosas ocasiones” con el Comité de Empresa y con los sindicatos para “buscar alternativas” para este centro y los trabajadores que hasta ahora se han dedicado a él. “Se contactó con todas las entidades que prestan servicios en centros de preparación a la emancipación para proponerles continuar con la gestión, pero no se consiguió el compromiso principalmente por el tema de la subrogación de la plantilla. Un grupo de personas trabajadoras de El Vivero planteó la posibilidad de crear una cooperativa y desde el IFAS se les dio un apoyo con una persona especializada, pero finalmente no se vio viable”, ha explicado la diputada, que ha reconocido después que “personalmente” todavía no se ha reunido con los sindicatos, no obstante, ha asegurado que “en breve les escuchará y que su objetivo es que ”esta situación termine de la mejor manera posible“.
El Vivero, en Galdakao, es un centro de menores no acompañados gestionado por la empresa Landalan y dependiente de la Diputación de Bizkaia. Tras el anuncio de su cierre, los sindicatos ELA y LAB han comenzado una serie de movilizaciones para denunciar el “despido” de 19 de sus trabajadores, ya que la empresa aplicará un ERE a los trabajadores.
Desde la Fiscalía han realizado varios informes para denunciar la situación que se vive en el centro, que se abrió de forma provisional y “se ha convertido en el de referencia de primera acogida, a pesar de que su denominación por la Diputación Foral de Bizkaia, es de Centro de Emancipación para jóvenes con solo dos plazas de urgencia, cuando en realidad es el único centro de urgencia de menores de primera acogida, donde conviven los más disruptivos”. “De esta manera, los problemas siguen en aumento, se tarda más de tres meses en la tutela formal de los menores, con ausencias injustificadas prolongadas y sin intervención terapéutica adecuada, donde los consumos de tóxicos no frenan hasta que ingresan en centros de justicia juvenil, en medidas de internamiento judicial terapéutico”, relata uno de los documentos de Fiscalía.
En este sentido, Fiscalía insiste en que en el servicio de Infancia, “tan problemático donde menores disruptivos conviven con otros que intentan adaptarse y los de plaza de urgencia”, este año han superado los 450 menores de primera acogida, “siendo la llegada muy inferior en el resto de provincias vascas”. “La masificación del centro, sus características y falta de rigor en las medidas que se adoptan, ponen a la Fiscalía en una situación de desventaja, ya que solo se reciben quejas de los educadores y de las comisarías policiales, interesando que se soliciten medidas cautelares de internamiento por la situación que se vive dentro y fuera del centro”, concluye el informe.
Para denunciar la situación los trabajadores de El Vivero se han manifestado este miércoles 27 de septiembre frente a la Casa de las Juntas de Bizkaia, en Gernika y dos días después, el 29, frente al Palacio de la Diputación Foral, en Bilbao. “Las razones que dan desde Acción Social de la Diputación para el cierre son la disminución de las presencia de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, las sedes de Loiu, Amorebieta-Etxano, Orduña o Izurza, a las que han sido derivadas los menores, están hoy saturadas. Ejemplo de ello es la residencia que dirige la Cooperativa Agintzari en Amorebieta-Etxano, quien tiene concertadas 60 plazas con la Diputación Foral, pero esta misma semana cuenta con unos 65 niños y niñas. Queda en evidencia que los argumentos esgrimidos por la Diputación Foral de Bizkaia y el grupo Landalan-Emankor para hacer efectivo el cierre de El Vivero y los despidos no son válidos”, critican los sindicatos.
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