Me ha costado un par de horas, pero lo he encontrado en una caja llena de cachivaches que tengo por casa. Es un Nokia amarillo de cuando George Lucas empezaba a perpetrar la segunda saga de 'Star Wars' y sonaba 'Californication' a todas horas. Un 'zapatófono' de esos que a duras penas conseguías encajar en los bolsillos delanteros del pantalón vaquero y con el que no puedes camuflarte en los bares consultando 'tuiter', 'guachap' y 'tuiter' otra vez. El pedrusco en cuestión sigue siendo un engorro, pero tiene la ventaja de que viene sin cámara y no hay forma humana de grabar a unos polis apaleando a alguien en la calle. Y que los polis acaben multándote con 30.000 euros mientras el político de turno cuenta en la tele que el apaleado apaleó a los apaleadores. Los teléfonos de ahora serán más inteligentes pero los de antes te metían en menos problemas. Sobre todo, a los políticos de turno.
El Gran Hermano estaba bien montado hasta que llegó este desmadre con los móviles. Unos pocos miraban por las cámaras y unos muchos −la gran mayoría− éramos mirados. Como en 'La Ventana Indiscreta' de Hitchcock pero con Gallardón en la silla de ruedas y el ministro del Interior a lo Grace Kelly llevándole comida del Club 21. Ahora, sin embargo, desenfundamos el móvil con más destreza que Wyatt Earp el revólver. Y los que nos vigilaban han perdido sus superpoderes de invisibilidad. Y hasta ahí podíamos llegar. Va una ronda de 30.000 euros por grabar a policías y otra de 600.000 por convocar concentraciones no autorizadas frente al Congreso. Lo llaman Ley de Seguridad Ciudadana.
Dice el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, que la nueva ley pretende “proteger la convivencia”. Alonso es de Vitoria donde, hace algo más de un siglo, la gente paseaba por su calle principal atendiendo a la clase social a la que pertenecía: por un lado de la calle Dato caminaban los vitorianos de bien y por el otro lado, el resto. Eso era tener la convivencia bien protegida, cada uno por su acera, y no este despiporre de chándales y mocasines que te encuentras ahora a cada paso. Así no hay quien se aclare de quiénes son los buenos de la película.
En el fondo, la Ley de Seguridad Ciudadana es una norma que pretende corregir nuestros malos modales. Salvo el fiscal de la infanta que es educado hasta la pleitesía y cuatro más, España se ha vuelto un país de gente enfurruñada que hace huelgas de más de un día y lanza tartas a los corruptos (presuntos, vale). Como todo el mundo sabe, las tartas son para los cumpleaños y para compartirlas con dos cucharillas cuando te preocupa el azúcar. Y las calles son para pasear y no se me agrupen, coño. Para protestar ya tenéis las redes sociales, te vienen a decir. Y, a veces, no les falta razón.
Vamos a pasar de la patada en la puerta de Corcuera (para sacarnos de casa) a la patada en la calle de Gallardón (para que volvamos a casa y no salgamos de ella). Nos quieren en casa todo el rato como nuestras madres en la adolescencia. Como en esas ciudades que salen de currar a las cinco y se acuestan a las siete y media. Mejor en casa. Y a poder ser durmiendo para que no se nos ocurran travesuras. Lo de dormir todavía no lo han multado, pero al tiempo.
Sobre este blog
Iker Armentia es periodista. Desde 1998 contando historias en la Cadena Ser. Especializado en mirar bajo las alfombras, destapó el escándalo de las 'preferentes vascas' y ha investigado sobre el fracking. Ha colaborado con El País y realizado reportajes en Bolivia, Argentina y el Sahara, entre otros lugares del mundo. En la actualidad trabaja en los servicios informativos de la Cadena Ser en Euskadi. Es adicto a Twitter. En este blog publica una columna de opinión los sábados.
