Cuando un gobierno se salta la ley que le prohíbe colaborar con la industria de las armas

El Gobierno vasco tiene prohibido por ley colaborar con la industria armamentística. Pero lo hace. Lo ha hecho siempre y lo hace también desde el 9 de enero de 2008, cuando se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos aprobada por el Parlamento vasco y que prohíbe las ayudas públicas a las empresas de armas.

La ley es clara en su artículo 3.3: “En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. Sin embargo, el Gobierno vasco ha seguido colaborando.

Los colectivos antimilitaristas del País Vasco llevan años denunciando que el Gobierno se ha olvidado reiteradamente de este veto y ha concedido ayudas a empresas vascas que se dedican total o parcialmente a la producción de armas o de componentes de armamento (un sector vasco que supone el 16% de toda la facturación de la industria en España). Casi nadie les ha hecho caso.

Sin embargo, en los últimos días este punto ha cobrado una relevancia especial. Ha sido un informe encargado por el propio Gobierno vasco el que ha evidenciado que la ley no se está cumpliendo. Se trata del informe encargado al Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance en el que se ha analizado “el papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia y el control de las exportaciones” de la industria armamentística vasca.

El informe explica que, a pesar de la ley, varias empresas de Euskadi del sector de las armas “han recibido subvenciones públicas para el desarrollo de su actividad”. Los expertos no dan nombres pero citan a “varias empresas del País Vasco” que “son líderes tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción de sistemas de misiles y algunas de ellas, especializada en aplicaciones específicas para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR)”. Los colectivos antimilitaristas sí han identificado algunas de esas empresas.

El informe presentado por el Gobierno vasco no pasa de ahí. Certifica la realidad pero no propone medidas para que la ley se cumpla y se regule de manera efectiva la prohibición de colaborar con la industria de las armas. La dirección elegida es la contraria.

Los expertos recomiendan a las instituciones vascas que, ante la falta de competencias sobre el comercio de armas, elaboren un Código de Conducta Marco para las empresas vascas del sector que “debería aludir a la protección de los derechos humanos, fundamentales, humanitarios, laborales, medioambientales y prácticas contra la corrupción y el soborno”. Un código ético que tiene un pequeño problema: su adhesión sería voluntaria. Pero para eso hay solución: “permitir deducciones de carácter fiscal por la integración del citado Código”. Esa es la idea: ofrecer deducciones fiscales a la industria de las armas en Euskadi a cambio de que se comprometa con el respeto a los derechos humanos.

¿Pero cómo hacerlo con todas las garantías legales si existe una ley que impide las ayudas a estas empresas? Fácil: cambiando la ley. Los expertos lo expresan así: “En definitiva, aflora cierta contradicción que deberá reconducirse mediante los cambios legislativos que corresponda entre lo dispuesto en el artículo 3.3 de la citada Ley y el facilitar subvenciones y/o permitir deducciones de carácter fiscal”. Antes de poner en marcha el famoso Código y “la normativización de nuevas deducciones” sería necesario “analizar las contradicciones existentes en el marco jurídico de aplicaciones”.

Lo más tétrico del asunto es que estas medidas no salen de encargos de los departamentos dedicados a la política industrial o al desarrollo económico de Euskadi. El estudio fue presentado el pasado 18 de noviembre por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Asociaciones como Ongi Etorri Errefuxiatuak o Gasteizkoak han denunciado esta semana que el informe del Gobierno vasco blanquea a la industria armamentística vasca. Y esa pinta tiene.

El Gobierno vasco tiene prohibido por ley colaborar con la industria armamentística. Pero lo hace. Lo ha hecho siempre y lo hace también desde el 9 de enero de 2008, cuando se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos aprobada por el Parlamento vasco y que prohíbe las ayudas públicas a las empresas de armas.

La ley es clara en su artículo 3.3: “En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”. Sin embargo, el Gobierno vasco ha seguido colaborando.