¿Qué datos fiscales se quieren ocultar?

Me cuenta un compañero del periódico que el pasado verano tuvo a bien visitar la villa foral de Gernika y, torpe de él, olvidó mover su vehículo estacionado en una zona de ORA (u OTA, según la capital). Cuando llegó al coche y vio la nota en su limpiaparabrisas descubrió enseguida que no era un anónimo amoroso sino una ‘receta’ de 12 euros. Se montó en su auto con el ceño fruncido y viajó hasta Vitoria. En su fuero interno pensó ingenuo que quizás la nota no le llegaría a casa por ser un municipio diferente. Semanas después un ordenador dio con él. Ahora está más atento a la hora de aparcar. Pero aún es más, es posible que en unos meses se haga efectiva una directiva europea que permita que las multas por exceso de velocidad lleguen a tu domicilio independientemente del país en el que se cometan. Y eso está bien porque un infractor es como el nombre de Josep Lluis: es igual aquí que en la China Popular.

Pues bien, si en vez de aparcar mal en Gernika le hubiera dado por defraudar a la Hacienda vizcaína, que no se le ha pasado por la cabeza, es posible que jamás le hubiesen pillado. Porque si no hay un inspector detrás de él que le siga la pista no hay ordenador que salte la alarma y detecte que algo no cuadra. Y es que las haciendas vascas no tienen conectadas sus bases de datos entre ellas. Los detractores de esta medida, principalmente el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, aseguran que es una cuestión de protección de datos. Un escudo al que se aferran desde la desgastada tribuna política pero que no tiene ningún agarre legal ya que no es de aplicación lo que respecto a las Administraciones Públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ya que la misma Ley Orgánica exceptúa la regla general de la necesidad de consentimiento del interesado para el supuesto de que la cesión esté autorizada en una Ley. Y en Euskadi tenemos capacidad de legislar.

Podemos intercambiar información, lo hacemos en algunos casos, y podemos salvar los límites de la Ley de Protección de Datos con otra ley que aclare que el uso de esos datos es la persecución del fraude fiscal. Entonces, ¿por qué no se hace? Y ahora viene el redoble de tambor… Sí se hace. O al menos sí lo hace la Hacienda de Gipuzkoa con la Agencia Tributaria española. Y lo hizo en tiempos del PNV en la sede foral. Lo pueden ver en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 106 de 2011, concretamente en la Orden Foral 481/2011 de 25 de mayo. Y la firma Pello González Argomaniz, diputado foral de Hacienda y Finanzas del Gobierno peneuvista de Markel Olano. Navarra tiene un acuerdo exactamente igual con la Agencia Tributaria. Entre las haciendas forales vascas nos dicen que es imposible. Pero es mentira.

El Partido Nacionalista no quiere compartir datos de las haciendas. No hay otra explicación. Ahora que no controla las tres haciendas no quiere que se sepa a qué empresas aplaza deudas, a quien condona si lo hace, quien debe y a quien deben las arcas forales. No quiere que sepamos cómo maneja nuestros dineros ni que persigamos el fraude para reducir los recortes sociales lo máximo posible. Pone obstáculos y tiñe de negro las paredes de la transparencia. Y el Partido Popular, que también se sienta en las bancadas de la derecha, le ríe las gracias.

Me cuenta un compañero del periódico que el pasado verano tuvo a bien visitar la villa foral de Gernika y, torpe de él, olvidó mover su vehículo estacionado en una zona de ORA (u OTA, según la capital). Cuando llegó al coche y vio la nota en su limpiaparabrisas descubrió enseguida que no era un anónimo amoroso sino una ‘receta’ de 12 euros. Se montó en su auto con el ceño fruncido y viajó hasta Vitoria. En su fuero interno pensó ingenuo que quizás la nota no le llegaría a casa por ser un municipio diferente. Semanas después un ordenador dio con él. Ahora está más atento a la hora de aparcar. Pero aún es más, es posible que en unos meses se haga efectiva una directiva europea que permita que las multas por exceso de velocidad lleguen a tu domicilio independientemente del país en el que se cometan. Y eso está bien porque un infractor es como el nombre de Josep Lluis: es igual aquí que en la China Popular.

Pues bien, si en vez de aparcar mal en Gernika le hubiera dado por defraudar a la Hacienda vizcaína, que no se le ha pasado por la cabeza, es posible que jamás le hubiesen pillado. Porque si no hay un inspector detrás de él que le siga la pista no hay ordenador que salte la alarma y detecte que algo no cuadra. Y es que las haciendas vascas no tienen conectadas sus bases de datos entre ellas. Los detractores de esta medida, principalmente el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, aseguran que es una cuestión de protección de datos. Un escudo al que se aferran desde la desgastada tribuna política pero que no tiene ningún agarre legal ya que no es de aplicación lo que respecto a las Administraciones Públicas establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal ya que la misma Ley Orgánica exceptúa la regla general de la necesidad de consentimiento del interesado para el supuesto de que la cesión esté autorizada en una Ley. Y en Euskadi tenemos capacidad de legislar.