1839

En el pleno de política general del Parlamento Vasco de la semana pasada, el lehendakari Iñigo Urkullu defendió “una fórmula de Concierto Político que dé respuesta a la conciencia social mayoritaria y contribuya a resolver definitivamente el 'problema vasco', lo cual nos permitiría la reintegración foral plena; es decir, derogar definitivamente las leyes de abolición de los fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839”.

Ya en los inicios del siglo XX, Sabino Arana, fundador en 1895 del PNV, abandonaba sus iniciales objetivos rupturistas y descubría la conveniencia de proceder a la “legalización de los fines del partido”. Propugnaría entonces la transformación del partido nacionalista en otro que pretendiera el máximo de autonomía para el País Vasco sin cuestionar la unidad del Estado. A la muerte de Arana en 1903, mientras se mantienen más fuertes que nunca las tensiones internas entre los dos principales sectores del partido (los mismos dos sectores que siguen vivos hoy día), se comienzan a sentar las bases tanto del nuevo programa como de la organización del partido. Para impedir la “evolución españolista”, el sucesor designado por Arana, Ángel Zabala, promueve como nueva definición de los objetivos del PNV la reintegración foral. Con ello se conseguía aquella “legalización” de los fines del partido defendida por Arana, que pasaban a ser la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 confirmadora de los fueros “dentro de la unidad constitucional de la Monarquía”, pero sin abandonar el independentismo como objetivo: para Arana los fueros eran la independencia y tal situación se perdió cuando la citada ley hizo que sobrevivieran por graciosa concesión española. Volver a la situación anterior a la ley de 25 de octubre de 1839 sería, por lo tanto, recuperar la independencia.

Como acaba de escribir Pedro Chacón, es falso que Euskadi fuera soberana en aquella época, “cuando ni siquiera formaba una unidad política y aquí ejercían los corregidores del rey de Castilla”. Nos recuerda que el de la soberanía anterior a 1839 “es el mayor mito del nacionalismo vasco”; uno más entre otros muchos, añado. Efectivamente, “la ley foral de 1839 articuló el poder de la foralidad vasca liberal, que vivió su etapa dorada entonces y dio como resultado el reforzamiento de las diputaciones forales sobre las Juntas Generales. Y la ley foral de 1876 dio pie a que en 1878 se pusiera en marcha el sistema de Conciertos Económicos. Aquí ejercían los corregidores, que representaban al rey de Castilla, desde 1370 en Bizkaia y desde 1379 en Gipuzkoa. Y si no existieron en Álava es porque el rey no quiso. Y aquí se quedaron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se acabaron convirtiendo en gobernadores civiles”.

Sea como fuera, es un clásico que en el debate de política general el lehendakari nacionalista de turno trate de animar a sus huestes con nuevos proyectos o reformulaciones políticas (bien sea el cumplimiento del Estatuto de Gernika, el Estado libre asociado o la consecución de la nación foral, por poner tres ejemplos) que den la sensación de que no renuncian a nada y, de paso, nos recuerden que los nacionalistas siguen siendo nacionalistas, que el objetivo por antonomasia del nacionalismo se mantiene y que el estado actual de cosas no es más que un estadio intermedio antes de lograr la ansiada independencia. Desde luego, el actual lehendakari es de los que sabe perfectamente que la independencia de Euskadi, en el mundo actual de la globalización y las soberanías compartidas, no es sino un imposible (además de una idea muy mala). Pero no es eso tan importante como el deseo de alcanzar nuevas ventajas políticas y nuevos privilegios económicos (a partir de los ya existentes), obviamente, a costa de los restantes ciudadanos españoles.

Además, en dicho pleno de política general, el lehendakari reivindicó la figura del “Concierto Político”, apeló a la “bilateralidad efectiva” y dijo que el autogobierno está amenazado. Es lo que tiene habitar en un país amenazado por los nacionalismos periféricos y la disgregación territorial y la desigualdad, todo esto más evidente cada día que pasa: que siempre habrá quien quiera mejorar las cosas y, por lo tanto, plantear, a través de los mecanismos legales establecidos, una corrección del inviable e insostenible modelo territorial vigente y abogar por la centralización de competencias clave para defender el interés general y el bien común, que incluya, en consecuencia, la supresión de privilegios económicos como el Concierto Económico o el Convenio navarro, o de determinados tratos de favor como las reuniones bilaterales entre el Gobierno de España y Cataluña, que privilegian a determinados ciudadanos frente a los demás y fomentan una incesante carrera para lograr beneficios de unos frente a los restantes.

Mientras unos miran al pasado para manipularlo y manipularnos o apuntan al mantenimiento o el fortalecimiento de determinados privilegios o incluso al derecho a la autodeterminación y la independencia y otros siguen dispuestos a concedérselo o al menos negociarlo, otros estarán dispuestos a poner pie en pared a los excesos de los nacionalistas, se vistan o no con piel de cordero, parar la centrifugación del Estado, recuperar competencias para el Gobierno de España y, finalmente, trabajar para disponer de un país igualitario, justo y moderno, conformado por ciudadanos libres e iguales, que dé respuesta a los principales problemas de la gente.

El lehendakari miró a la primera mitad del siglo XIX y repitió aquello que suelen afirmar solemnemente los nacionalistas cada cierto tiempo: “el autogobierno está amenazado”. Dadas las circunstancias, la realidad de los hechos, los errores cometidos y las consecuencias que padecemos, lo raro sería que no lo estuviera. 

En el pleno de política general del Parlamento Vasco de la semana pasada, el lehendakari Iñigo Urkullu defendió “una fórmula de Concierto Político que dé respuesta a la conciencia social mayoritaria y contribuya a resolver definitivamente el 'problema vasco', lo cual nos permitiría la reintegración foral plena; es decir, derogar definitivamente las leyes de abolición de los fueros y retornar a la soberanía anterior a 1839”.

Ya en los inicios del siglo XX, Sabino Arana, fundador en 1895 del PNV, abandonaba sus iniciales objetivos rupturistas y descubría la conveniencia de proceder a la “legalización de los fines del partido”. Propugnaría entonces la transformación del partido nacionalista en otro que pretendiera el máximo de autonomía para el País Vasco sin cuestionar la unidad del Estado. A la muerte de Arana en 1903, mientras se mantienen más fuertes que nunca las tensiones internas entre los dos principales sectores del partido (los mismos dos sectores que siguen vivos hoy día), se comienzan a sentar las bases tanto del nuevo programa como de la organización del partido. Para impedir la “evolución españolista”, el sucesor designado por Arana, Ángel Zabala, promueve como nueva definición de los objetivos del PNV la reintegración foral. Con ello se conseguía aquella “legalización” de los fines del partido defendida por Arana, que pasaban a ser la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 confirmadora de los fueros “dentro de la unidad constitucional de la Monarquía”, pero sin abandonar el independentismo como objetivo: para Arana los fueros eran la independencia y tal situación se perdió cuando la citada ley hizo que sobrevivieran por graciosa concesión española. Volver a la situación anterior a la ley de 25 de octubre de 1839 sería, por lo tanto, recuperar la independencia.