Así es. 28 años después de implantarse una política penitenciaria destinada al alejamiento del colectivo de presos y presas vascas, continuamos exigiendo que se ponga fin al mantenimiento de la venganza y la confrontación no sólo hacia este colectivo y sus familias, si no, también, hacia una parte importante de la sociedad vasca.
Porque cada vez más es ya una inmensa mayoría de la sociedad vasca la que no entiende la persistencia de los Gobiernos de España y Francia de continuar actuando como si no hubiera existido en el calendario la fecha del 20 de Octubre de 2011.
Si la medida de la dispersión fue cuestionada ya cuando se implantó, mucho más aún cuando llevamos más de cinco años en los cuales la única violencia que se practica es la del Estado.
Una violencia que se ejerce directamente sobre un colectivo de presos y presas, pero que también incide directamente en sus familiares y allegados. Personas éstas que nunca fueron juzgadas y condenadas por delitos o falta alguna, pero que son quienes semanalmente deben de recorrer cientos, miles de kilómetros, para poder visitar durante 40 minutos a su familiar o amigo preso o presa.
Una violencia que se ejerce contra las y los presos gravemente enfermos, que cada vez son más, y a quienes los gobiernos de España y Francia les niegan la aplicación de su propia legislación ordinaria, esa que posibilita que puedan ser tratados de sus graves dolencias fuera de los muros de la prisión.
Ojalá nos equivoquemos, pero, dada la situación, cualquier día cualquiera de estas personas gravemente enfermas morirá en prisión, ante la inacción de una parte de los partidos políticos, instituciones y medios de comunicación. Mirarán hacia otro lado, y dirán que ha muerto porque estaba muy enferma. No. Si algo ocurre, será porque la venganza de estos Gobiernos ha llegado hasta tal límite que les da igual. O peor aún, consideran que es rentable políticamente para sus bastardos intereses.
Una violencia que se ejerce contra el número también creciente de presas y presos que, habiendo cumplido sus condenas, continúan privados de libertad, porque España, país supuestamente democrático, no quiere cumplir la normativa europea, y aplicarles la acumulación de las penas que ya hubieran cumplido en otros Estados miembros de la UE.
Y en este punto, al igual que en otros, no es ajena la actitud de una parte importante de la Justicia española, convertida en correa de transmisión y fiel cumplidora de los designios políticos del Gobierno español.
¿Qué se puede pensar, si no, cuando la sala del Tribunal Supremo decide por 11 votos contra 9 no preguntar a instancias europeas sobre cómo debe aplicarse el cómputo de penas?
No se toma la decisión de aplicarlo de una forma u otra. No. Se decide no preguntar cómo hacerlo. Verde y con asas. O blanco y en botella.
No se pregunta porque se sabe cuál será la respuesta y ésta sería contraria a lo que se está haciendo.
Esta forma de proceder de una parte de la Justicia se denomina de una forma muy clara en el Código Penal. Lo dejamos a la interpretación de quien lea estas líneas.
Una violencia contra todo un colectivo de presos y presas vascos que, con la aplicación de la Ley 7/2003, ven vulnerados sus derechos y son sometidos a cadenas perpetuas encubiertas. Medida esta que no está recogida en la propia CE.
Y es aquí donde, compartiendo plenamente lo que de manera reiterada vienen manifestando autorizadas voces jurídicas, resulta urgente por decencia democrática derogar, poner fin ya a esta ley que es el paraguas bajo el que se cobijan tantas vulneraciones de derechos del colectivo de presos y presas vascos.
Cuando únicamente el 1,5% de la totalidad de la población reclusa en las cárceles españolas se encuentra en primer grado, constatamos que en el colectivo de de presas y presos vascos es el 95,5% el que continua en dicho primer grado. En numerosos casos, además, después de más de 25 años de prisión, con todo lo que ello conlleva de merma de derechos.
En noviembre de 2003, el Parlamento Vasco aprobó su rechazo a esta Ley. Hoy, 13 años después, es necesario que se retome aquella decisión y vuelva a plantearse, con nuevas mayorías, esta exigencia.
Por todo esto, por obligación democrática, la Red Ciudadana SARE continuará trabajando por terminar con una situación que nos aleja de una verdadera paz y convivencia.
No son pocas las trabas que nos estamos encontrando en nuestro quehacer diario. Si no es el delegado del Gobierno, es la Audiencia Nacional y si no, la Guardia Civil, los que de manera continuada nos recuerdan un día sí y otro también que estorbamos, lo que nos anima a pensar que vamos por el buen camino. Y así vamos a seguir, porque tenemos la voluntad y el compromiso de trabajar para que las cosas cambien. Para logar una sociedad, si no reconciliada, sí que vaya forjando un espacio de convivencia que nos permita dejar una futuro mejor a las generaciones que nos siguen.
Pero en ese objetivo no somos avanzadilla de nada. Queremos caminar, codo con codo, contigo, con todos y todas aquellas ciudadanas que consideren que, por encima de adscripciones políticas, hay algo universal: la defensa de los Derechos Humanos, de todos los derechos humanos, para todas y todos.
Esta es nuestra invitación a recorrer juntos las calles de Bilbao el próximo 14 de enero.
La paz, la convivencia y la resolución, son también cosa tuya.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
