Bilbao: la privatización de la gestión pública, o cómo la subcontratación sangra nuestra administración local

Hay un mantra repetido incesantemente por la doctrina neoliberal sobre la mejor gestión de los servicios por parte del sector privado que del público. Entorno a esa idea, hay construidas en muchas administraciones una verdadera red de subcontratación y privatización de los servicios públicos. Sin embargo, es poco creíble que invirtiendo el mismo importe, una administración sea incapaz de dar a través de sus propios medios o a través de empresas de carácter público un servicio, y que una empresa privada lo haga, ofrezca unas condiciones laborales iguales a sus plantillas, abone sus impuestos y además haga beneficios, con la misma cantidad de dinero.

Una de las últimas y probablemente de las pocas modificaciones interesantes introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público hace referencia a la necesidad de incluir en los pliegos una estimación del beneficio industrial, es decir, aquello que se estima que la empresa va a embolsarse limpio de polvo y paja por el servicio. Dicho en plata: cuánto va a morder la empresa de los recursos que deberían ir de forma directa a la prestación del servicio.

Pero es que, además, la política de subcontratación de servicios hace que, en concepto de impuestos, nuestras administraciones deban pagar hasta un 21% de IVA, que de dar el servicio directamente, no debería ser abonado ya que la entidad local está exenta el pago del impuesto. Y esto aparece reflejado en art. 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido; tanto si se trata de prestación indiferenciada por la propia entidad local, ya sea encargo a medios propios.

Haciendo un análisis somero, en Bilbao la subcontratación de los servicios supone que hasta el 27% de lo destinado al mismo, no se destina al servicio, sino a otros gastos y los beneficios privados. Esto, por supuesto, tiene consecuencias en la calidad de los servicios públicos, porque quiere decir que de cada 100 euros que destina nuestra administración local a un servicio, al menos 27 no van a la ejecución del mismo. O acaban pagando un impuesto como el IVA, o en el bolsillo del empresario, o cubriendo gastos indirectos como el pago del Impuesto de Sociedades de la empresa.

Pero es que además, en el Ayuntamiento de Bilbao, desde la puesta en marcha de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público ha habido diversos pliegos, en los que se ha reflejado ese beneficio industrial. Y las cifras sorprenden. La subcontratación de esos servicios arroja sobrecostes millonarios, sólo en concepto de beneficio industrial e IVA, es decir, dinero que no va a la ejecución final de servicio. Es el caso de al menos 1,89 millones anuales en el Servicio de Atención Domiciliaria, 2 millones en el contrato de jardinería vigente hasta el momento, 2,46 millones en el de alumbrado público —cuyos trabajadores, por cierto están luchando estos días por la readmisión de un compañero y por un convenio digno— los 6,9 millones del contrato de limpieza y recogida de residuos, los 2,49 de media anual de Bilbobus, los 2,5 millones del contrato de la OTA o más de 4 millones de euros de la licitación del Mantenimiento de aceras, viales y plazas.

En solo siete ejemplos puntuales, de las decenas de contratos públicos que suscribe esta administración, hablamos de un importe de más de 22,3 millones de sobrecosto anuales. Es decir, el 3,8% del presupuesto anual de este ayuntamiento para 2021.

Son 5 millones más que el presupuesto íntegro del Área de Atención, Participación Ciudadana e Internacional, o 7 millones más que el presupuesto del Área de Juventud y Deporte. 22 veces más que lo destinado al Área de Igualdad o 557 veces el importe destinado al Área de Vivienda. Sólo el sobrecosto derivado de 7 contratos.

Eso, por supuesto, sin entrar a valorar lo que supondría además el ahorro de la bonificación del 99% en el impuesto de sociedades (artículo 34 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) que tendría la gestión directa a través de las fórmulas que establece la ley. Y podríamos dar más ejemplos, como el servicio público de bicicletas, la comunicación del gabinete de alcaldía o gran parte de los servicios que ofrecen Bilbao Kirolak o Bilbao Ekintza. Por poner otro puñado más de ejemplos.

Y toda esa cantidad de dinero público ¿qué supone? Pues supone recursos públicos que no van a mejorar las condiciones laborales de las plantillas, que cada año y subcontrata que pasan ven que su situación se precariza. No van a mejorar los equipamientos, ni a aumentar las plantillas para responder más y mejor a las cambios de fisonomía pero también de la composición social de la ciudad, retos como el envejecimiento de la población, la accesibilidad o la necesidad de una atención más especializada que responda a la diversidad de los servicios sociales.

Supone un preciado dinero público, que sale del bolsillo de todas y todos, aunque no además de una forma justa y progresiva, que tampoco se destina a reforzar otros servicios públicos, aumentar las prestaciones o proteger a nuestra población. Tampoco se destina a los barrios, y sus necesidades más elementales. Ni a una transición ecológica cada vez más urgente.

En definitiva, esta pérdida supone a su vez una precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y del propio servicio, respecto a un enfoque público donde la totalidad del presupuesto estaría destinado al objetivo último del servicio. Porque el beneficio industrial no sería, sino el bienestar de las vecinas y vecinos de Bilbao y la prestación de un servicio de calidad, sin tener que atender al dividendo ni la cuenta de resultados de la empresa de turno.

Por eso, es necesario transitar a una publificación de los servicios públicos subcontratados, como ya han hecho otras ciudades como Madrid, con los servicios funerarios, Bicimad o el teleférico; Valladolid, que también recuperó sus servicios funerarios o el ciclo integral del agua, y Barcelona, con servicio de atención a mujeres de las oficinas de atención a la vivienda, la gestión del servicio de mantenimiento y poda del arbolado o la creación de la empresa pública Barcelona Energía que abastece de electricidad a decenas de miles de vecinos. Pleitea además con los intereses privados, para recuperar la gestión integral de agua en el área metropolitana.

Esta pérdida supone a su vez una precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores y del propio servicio, respecto a un enfoque público donde la totalidad del presupuesto estaría destinado al objetivo último del servicio

O Huesca, que recuperó la gestión directa sobre su servicio de limpieza viaria, ha doblado el salario de las trabajadora y trabajadores y ahorra aun así, 250.000€ anuales respecto a la gestión privada de la misma. Los ejemplos de diversas ciudades que han apostado por la recuperación del control público de los servicios trascienden además fronteras. Berlín, por poner otro ejemplo, creó una empresa pública en 2012 para remunicipalizar la red eléctrica de la capital alemana, ganando además la batalla al gigante energético sueco Vattenfal.

Precisamente por todos estos argumentos, es necesario abrir un debate social amplio sobre el modelo de gestión privatizado y hacer, por qué no, una auditoria de la gestión pública que hacen nuestras instituciones abusando de la subcontratación. Una subcontratación que, a la luz de las cifras, encarece nuestros servicios, no ofrece empleo de calidad y reduce la inversión final en el servicio que prestan nuestras instituciones públicas. Algo que contradice precisamente el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL), que dispone que los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente.

Y esa eficiencia y sostenibilidad, a día de hoy, pasa por recuperar el control público de nuestros servicios y limitar a su máxima expresión la subcontratación de servicios y una privatización sistémica que sangra a nuestra administración local.

Hay un mantra repetido incesantemente por la doctrina neoliberal sobre la mejor gestión de los servicios por parte del sector privado que del público. Entorno a esa idea, hay construidas en muchas administraciones una verdadera red de subcontratación y privatización de los servicios públicos. Sin embargo, es poco creíble que invirtiendo el mismo importe, una administración sea incapaz de dar a través de sus propios medios o a través de empresas de carácter público un servicio, y que una empresa privada lo haga, ofrezca unas condiciones laborales iguales a sus plantillas, abone sus impuestos y además haga beneficios, con la misma cantidad de dinero.

Una de las últimas y probablemente de las pocas modificaciones interesantes introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público hace referencia a la necesidad de incluir en los pliegos una estimación del beneficio industrial, es decir, aquello que se estima que la empresa va a embolsarse limpio de polvo y paja por el servicio. Dicho en plata: cuánto va a morder la empresa de los recursos que deberían ir de forma directa a la prestación del servicio.