El pasado 19 de diciembre, diversos medios -incluido eldiario.es- anunciaban, citando a EFE, que el Tribunal Constitucional había anulado la condena del Tribunal Supremo contra cuatro miembros de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh, incluido yo mismo. Nuestra asociación, una entidad sin ánimo de lucro que contaba con unos 300 miembros cuando fue clausurada en 2011, llevaba desde 2003 cultivando cannabis en circuito cerrado para sus miembros, personas mayores de edad que en la mitad de los casos lo consumían con fines terapéuticos. Esta actividad, nacida para no tener que recurrir al mercado ilícito, fue considerada legal por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 y se nos devolvieron 17,4 kg de marihuana incautados un año antes, un hecho sin precedentes.
Aquel fue el pistoletazo de salida para la proliferación de los llamados Clubes Sociales de Cannabis, de los cuales se han abierto miles desde entonces, gracias a la ambigüedad del Código Penal y a la lectura tolerante que hacían del mismo la gran mayoría de Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales. Se consideraba que se trataba de actividades de consumo compartido e incluso se llegó a legislar sobre estas asociaciones en algunos parlamentos autonómicos. Navarra, Euskadi y Cataluña ya habían aprobado sus respectivas normas sobre las asociaciones cannábicas y otros parlamentos (Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, etc.) se aprestaban a debatir regulaciones legales, no solo sobre clubes sino también sobre el autocultivo personal, otra cuestión sin regulación clara.
El día 20 se confirmó que EFE había cometido un error y que la sentencia anulada correspondía en realidad a la asociación Ebers, también de Bilbao. Los miembros de ambas asociaciones fuimos absueltos por la Audiencia Provincial (que entendió, igual que en 2006, que las actividades de cultivo asociativo de cannabis no son delito), para ser condenados después por el Tribunal Supremo, que consideró que asociaciones de este tipo no caben de ninguna manera en el vigente Código Penal. Ambas condenas (más una tercera casi idéntica de otra asociación de Barcelona) fueron recurridas ante el Constitucional, igual que lo fueron por parte del Gobierno las leyes navarra, vasca y catalana.
La sentencia de Ebers se anula porque el TC considera que se ha vulnerado el derecho a la defensa de los condenados, en un supuesto análogo al llamado “caso Atutxa” y otros anteriores, por los que España ha sido condenada hasta en diez ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso debe pues volver al Supremo, pero solo por ese motivo, porque el TC considera que el principio de legalidad no se ha vulnerado. A pesar de que la indefinición del Código Penal en lo referente a las drogas ilícitas ha sido objeto de críticas durante décadas, críticas que han llegado a ser recogidas por el propio Tribunal Supremo, el TC dice que el Código es suficientemente claro y concreto, y que la manera en que el Supremo lo interpreta es “correcta, previsible y proporcionada”.
El día 21, el Constitucional remachaba el clavo y anulaba la Ley 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Según el alto tribunal, no se puede dar por buena una ley “cuya finalidad es, como se deduce de su propio título, proporcionar cobertura legal a comportamientos que el legislador penal considera delictivos”. Si el Supremo considera que los clubes vulneran el Código Penal y su doctrina es constitucionalmente intachable, ya nadie puede legislar sobre este tipo de asociaciones, como no sea el Congreso de los Diputados, reformando para ello el Código.
El TC ha cerrado de golpe el debate democrático existente, reflejo de una demanda creciente en la sociedad española, y acabado con décadas de una ambigua tolerancia hacia esta planta de uso milenario. Los estudios que publica el Plan Nacional Sobre Drogas revelan desde hace años que la opinión pública es favorable a una nueva regulación del cannabis, postura con mayoría de más de dos tercios en los sectores más jóvenes de la población. Los clubes de cannabis también gozan de aceptación creciente, en un contexto internacional (véase California) en el que el fracaso de las políticas prohibicionistas es cada día más evidente.
Esta evolución en la visión social ha tenido reflejo en el cambio progresivo de postura de los partidos políticos. Todos los partidos con representación en el Congreso, excepto el PP, dicen apostar por abordar el debate sobre la regulación del cannabis. El PSOE, en cuya dirección hay fervientes partidarios del inmovilismo, no deja claro qué tipo de regulación defiende, pero partidos tan dispares como Ciudadanos, PNV, Podemos o PDeCat ya han dicho en distintos foros que apuestan por una legislación en clave de normalización. Es hora de demostrarlo donde de verdad se decide la partida, en las Cortes.
Una regulación de este tipo contribuiría a la reducción de riesgos asociados al consumo y dificultaría el acceso por parte de los menores, que es el principal problema en la actualidad. Para ello ya existe una propuesta integral bien fundamentada, elaborada por el Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), equipo multidisciplinar formado por doce expertos de prestigio en el ámbito de las drogodependencias. Nuestra confederación no comparte al 100% la propuesta del GEPCA, pero la consideramos un punto de partida sólido para iniciar el debate hacia el necesario cambio legislativo.
La única vía razonable para que se dé ese cambio es la creación, reiteradamente solicitada, de una ponencia sobre la regulación del cannabis en el seno de la Comisión Mixta sobre Drogas, para que se escuche a todos los sectores implicados y se alcance el consenso necesario para hacer ley lo que ya es una realidad social. Los usos del cannabis, con miles de años de historia en la Península Ibérica, no van a desaparecer a base de multas, cárcel y desinformación. Mejor será que de una vez establezcamos unas reglas razonables para convivir en paz con una planta que provoca comportamientos mucho más irracionales entre quienes la persiguen que entre quienes la consumimos.
*Martín Barriuso es portavoz de la Confederación de Asociaciones Cannábicas (CONFAC)
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